En los últimos meses se han reactivado diversas campañas independentistas y de promoción lingüística en Cataluña que, según denuncian varios sectores sociales y políticos, tienen como efecto marginar el uso del castellano en ámbitos educativos y públicos.. Una de las más polémicas ha sido la iniciativa “Si te cambian la lengua, no te cortes”, impulsada por entidades vinculadas al independentismo catalán y difundida en universidades. Según las críticas, esta campaña invita a los estudiantes a denunciar a quienes reclamen su derecho a expresarse o impartir clases en castellano, lo que ha sido interpretado por algunos como una forma de acoso lingüístico. El asunto llegó incluso al Parlamento Europeo, donde se formuló una pregunta oficial sobre el posible carácter discriminatorio de la iniciativa.. Paralelamente, la Generalitat mantiene en vigor el Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo que define el catalán como la lengua vehicular “normal” del sistema educativo. Aunque el gobierno catalán defiende la medida como necesaria para proteger un idioma que considera en retroceso, organizaciones defensoras del bilingüismo advierten que el castellano está siendo relegado a un papel secundario en la enseñanza y la administración pública.. Grupos como el European Digital & Language Rights Network (EDS) han denunciado que la política lingüística de la Generalitat establece una identidad basada en la lengua y que, en algunos casos, el español se trata como una lengua extranjera dentro del sistema educativo catalán.. Otras campañas, como “Mantinc el català”, buscan promover el uso cotidiano del catalán en comercios y espacios sociales. Aunque sus impulsores las presentan como acciones positivas para reforzar la lengua propia, sectores constitucionalistas sostienen que estas iniciativas generan presión social contra los hablantes de castellano y alimentan la división cultural.. En conjunto, estas medidas han reavivado el debate sobre la convivencia lingüística en Cataluña. Mientras el independentismo insiste en que se trata de proteger una lengua minoritaria frente a la hegemonía del castellano, sus detractores denuncian una deriva excluyente que vulnera los derechos de quienes eligen expresarse en la lengua oficial común de España.
Una de las iniciativas más polémicas ha sido la iniciativa “Si te cambian la lengua, no te cortes”, impulsada por entidades vinculadas al separatismo y difundida en universidades
En los últimos meses se han reactivado diversas campañas independentistas y de promoción lingüística en Cataluña que, según denuncian varios sectores sociales y políticos, tienen como efecto marginar el uso del castellano en ámbitos educativos y públicos.. Una de las más polémicas ha sido la iniciativa “Si te cambian la lengua, no te cortes”, impulsada por entidades vinculadas al independentismo catalán y difundida en universidades. Según las críticas, esta campaña invita a los estudiantes a denunciar a quienes reclamen su derecho a expresarse o impartir clases en castellano, lo que ha sido interpretado por algunos como una forma de acoso lingüístico. El asunto llegó incluso al Parlamento Europeo, donde se formuló una pregunta oficial sobre el posible carácter discriminatorio de la iniciativa.. Paralelamente, la Generalitat mantiene en vigor el Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo que define el catalán como la lengua vehicular “normal” del sistema educativo. Aunque el gobierno catalán defiende la medida como necesaria para proteger un idioma que considera en retroceso, organizaciones defensoras del bilingüismo advierten que el castellano está siendo relegado a un papel secundario en la enseñanza y la administración pública.. Grupos como el European Digital & Language Rights Network (EDS) han denunciado que la política lingüística de la Generalitat establece una identidad basada en la lengua y que, en algunos casos, el español se trata como una lengua extranjera dentro del sistema educativo catalán.. Otras campañas, como “Mantinc el català”, buscan promover el uso cotidiano del catalán en comercios y espacios sociales. Aunque sus impulsores las presentan como acciones positivas para reforzar la lengua propia, sectores constitucionalistas sostienen que estas iniciativas generan presión social contra los hablantes de castellano y alimentan la división cultural.. En conjunto, estas medidas han reavivado el debate sobre la convivencia lingüística en Cataluña. Mientras el independentismo insiste en que se trata de proteger una lengua minoritaria frente a la hegemonía del castellano, sus detractores denuncian una deriva excluyente que vulnera los derechos de quienes eligen expresarse en la lengua oficial común de España.
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