El nuevo régimen sancionador de la ley catalana de vivienda, aprobado este martes por el Consell Executiu y que entrará en vigor mañana, miércoles, nace sin un cuerpo de inspectores suficiente para garantizar su cumplimiento. La ampliación de entre 75 y 100 inspectores, demandada por los Comuns, queda supeditada a futuras negociaciones presupuestarias y a la aprobación de suplementos de crédito en el Parlament, ya que no hay partidas contempladas para ello en los presupuestos actuales.. “El Govern de la Generalitat ya sabía que era un dos por uno”, ha declarado esta mañana la presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, aludiendo a que la aprobación del decreto iba de la mano de esta exigencia. Sin embargo, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha reconocido que, de momento, no se ha establecido un plazo máximo para desplegar el nuevo cuerpo, aunque ha garantizado que se trabajará para hacerlo “lo más rápido posible”.. Mientras tanto, el decreto entrará en vigor sin los recursos necesarios para su aplicación plena, con la ciudadanía como principal actor proactivo para denunciar incumplimientos.. Multas de 900.000 euros. El régimen sancionador aprobado supone un endurecimiento significativo de las penalizaciones para garantizar el cumplimiento de la ley catalana de vivienda de 2007. Entre las infracciones muy graves, que podrán acarrear multas de entre 90.001 y 900.000 euros, se encuentran poner un precio de alquiler superior al 30% del Índice de Precios de Referencia, realizar contratos fraudulentos o cargar gastos de gestión al inquilino.. En cuanto a las infracciones graves, con sanciones de entre 9.001 y 90.000 euros, se incluirán conductas como fijar un precio de alquiler que exceda el Índice de Referencia hasta un 30%, omitir este índice en el contrato o no especificar el importe de la renta del contrato anterior. También se incorporarán multas de hasta 100.000 euros para los casos en los que se establezca un alquiler temporal de forma abusiva cuando quede acreditado un uso habitual o permanente de la vivienda.. El texto también contempla que los anuncios y contratos de alquiler especifiquen si el propietario es un gran tenedor, el precio del contrato anterior y la finalidad del alquiler (residencia habitual o de temporada). Las sanciones podrán ser acumulativas si se cometen varias infracciones, y los ayuntamientos tendrán competencias para sancionar a través de la ley de vivienda y la de consumo, según ha explicado Paneque.. Condición imprescindible. El régimen sancionador era una de las exigencias clave de los Comuns para continuar negociando los presupuestos de 2025. Albiach celebró ayer lunes que el acuerdo alcanzado con el Govern cumple con lo pactado en su acuerdo de investidura. “Estaba incluida en nuestro acuerdo y hoy podemos decir que lo hemos conseguido”, afirmó en una rueda de prensa junto a la diputada Susanna Segovia.. No obstante, Albiach también ha reconocido que este avance llega tarde y que aún queda mucho por hacer en materia de vivienda. “Este régimen sancionador no solo es importante, sino que era imprescindible”, declaró, remarcando que será un instrumento clave para combatir los abusos en el mercado del alquiler.. Aunque el decreto entrará en vigor de inmediato, la falta de inspectores plantea dudas sobre su aplicación efectiva. Albiach ha destacado que el régimen permitirá a la ciudadanía presentar denuncias de forma proactiva a través de una ventanilla única habilitada en la web de la Agència Catalana de l’Habitatge. Sin embargo, también ha insistido en que el Govern debe mostrar mayor proactividad para requerir a los propietarios que ajusten sus contratos a la legalidad.. Por su parte, Paneque ha defendido que la norma está “blindada jurídicamente” y que contribuirá a fomentar un mercado del alquiler más justo. No obstante, la efectividad del decreto dependerá en gran medida de que el Parlament valide los suplementos de crédito necesarios para reforzar los recursos de inspección, un reto que aún queda pendiente en el horizonte político.
La normativa contempla multas de hasta 900.000 euros para aquellos que violen la ley
El nuevo régimen sancionador de la ley catalana de vivienda, aprobado este martes por el Consell Executiu y que entrará en vigor mañana, miércoles, nace sin un cuerpo de inspectores suficiente para garantizar su cumplimiento. La ampliación de entre 75 y 100 inspectores, demandada por los Comuns, queda supeditada a futuras negociaciones presupuestarias y a la aprobación de suplementos de crédito en el Parlament, ya que no hay partidas contempladas para ello en los presupuestos actuales.. “El Govern de la Generalitat ya sabía que era un dos por uno”, ha declarado esta mañana la presidenta del grupo de los Comuns, Jéssica Albiach, aludiendo a que la aprobación del decreto iba de la mano de esta exigencia. Sin embargo, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha reconocido que, de momento, no se ha establecido un plazo máximo para desplegar el nuevo cuerpo, aunque ha garantizado que se trabajará para hacerlo “lo más rápido posible”.. Mientras tanto, el decreto entrará en vigor sin los recursos necesarios para su aplicación plena, con la ciudadanía como principal actor proactivo para denunciar incumplimientos.. Multas de 900.000 euros. El régimen sancionador aprobado supone un endurecimiento significativo de las penalizaciones para garantizar el cumplimiento de la ley catalana de vivienda de 2007. Entre las infracciones muy graves, que podrán acarrear multas de entre 90.001 y 900.000 euros, se encuentran poner un precio de alquiler superior al 30% del Índice de Precios de Referencia, realizar contratos fraudulentos o cargar gastos de gestión al inquilino.. En cuanto a las infracciones graves, con sanciones de entre 9.001 y 90.000 euros, se incluirán conductas como fijar un precio de alquiler que exceda el Índice de Referencia hasta un 30%, omitir este índice en el contrato o no especificar el importe de la renta del contrato anterior. También se incorporarán multas de hasta 100.000 euros para los casos en los que se establezca un alquiler temporal de forma abusiva cuando quede acreditado un uso habitual o permanente de la vivienda.. El texto también contempla que los anuncios y contratos de alquiler especifiquen si el propietario es un gran tenedor, el precio del contrato anterior y la finalidad del alquiler (residencia habitual o de temporada). Las sanciones podrán ser acumulativas si se cometen varias infracciones, y los ayuntamientos tendrán competencias para sancionar a través de la ley de vivienda y la de consumo, según ha explicado Paneque.. Condición imprescindible. El régimen sancionador era una de las exigencias clave de los Comuns para continuar negociando los presupuestos de 2025. Albiach celebró ayer lunes que el acuerdo alcanzado con el Govern cumple con lo pactado en su acuerdo de investidura. “Estaba incluida en nuestro acuerdo y hoy podemos decir que lo hemos conseguido”, afirmó en una rueda de prensa junto a la diputada Susanna Segovia.. No obstante, Albiach también ha reconocido que este avance llega tarde y que aún queda mucho por hacer en materia de vivienda. “Este régimen sancionador no solo es importante, sino que era imprescindible”, declaró, remarcando que será un instrumento clave para combatir los abusos en el mercado del alquiler.. Aunque el decreto entrará en vigor de inmediato, la falta de inspectores plantea dudas sobre su aplicación efectiva. Albiach ha destacado que el régimen permitirá a la ciudadanía presentar denuncias de forma proactiva a través de una ventanilla única habilitada en la web de la Agència Catalana de l’Habitatge. Sin embargo, también ha insistido en que el Govern debe mostrar mayor proactividad para requerir a los propietarios que ajusten sus contratos a la legalidad.. Por su parte, Paneque ha defendido que la norma está “blindada jurídicamente” y que contribuirá a fomentar un mercado del alquiler más justo. No obstante, la efectividad del decreto dependerá en gran medida de que el Parlament valide los suplementos de crédito necesarios para reforzar los recursos de inspección, un reto que aún queda pendiente en el horizonte político.
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