El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha reprochado a los grupos de la oposición en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional que se presenten las salvedades del informe del Tribunal de Cuentas como si fueran «ilegalidades» en el debate sobre la Cuenta General de 2022, y ha negado que la Comunidad Autónoma adeude «3.000 millones de euros» a proveedores. «No es verdad, son ajustes presupuestarios», ha afirmado.
El consejero ha subrayado que el Tribunal de Cuentas señala que la Cuenta General «presenta fielmente» la situación financiera y que la gestión «se ha ajustado en términos generales a la normativa», «sin perjuicio de las salvedades». A su juicio, estas salvedades no suponen una impugnación global de la cuenta, sino «ámbitos concretos de mejora».
En ese sentido, ha advertido de que es una «distorsión deliberada» equiparar salvedades a ilegalidades y ha insistido en que el control «debe ser exigible», pero no utilizarse «para confundir a los ciudadanos».
Gran parte de su explicación se ha centrado en el tratamiento contable de las aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS). Marín ha indicado que determinadas aportaciones no se registraron como gasto en 2022, lo que afecta al resultado presupuestario, y ha explicado que el Tribunal recomienda ajustar esos saldos. Sin embargo, ha defendido que no se trata de una pérdida real de recursos ni de una merma en la prestación sanitaria y ha recalcado que esas aportaciones se han destinado al «mantenimiento de los servicios públicos fundamentales».
En relación con el remanente de tesorería, ha explicado que el Tribunal recomienda ajustar derechos de cobro vinculados al SMS que podrían no recuperarse y que ello repercute en el cálculo del remanente. Ha precisado que el 99,41% del ajuste señalado por el Tribunal se concentra en esa relación financiera entre la CARM y el SMS y ha añadido que esa corrección «ya se ha hecho en la cuenta de 2023». Así, ha recalcado que el remanente «no es una hucha» de libre disposición, sino que se compone de financiación afectada y no afectada, con reglas específicas de utilización.
Marín ha enmarcado las tensiones financieras en el sistema de financiación autonómica. Ha asegurado que la Región sufre una «infrafinanciación brutal» y ha cifrado en 1.675 millones la diferencia respecto a la comunidad mejor financiada. En este contexto, ha defendido que la CARM debe «jugar con las cartas que tiene en la mesa». En ese sentido, ha recordado que el 84% del presupuesto se destina a «servicios públicos fundamentales» y ha rechazado que la solución pase por «gastar menos» en esos ámbitos.
Sobre las obligaciones pendientes de pago, el consejero ha rechazado que exista una deuda real de 3.000 millones con proveedores y ha apelado a un ejemplo para negar ese escenario: «¿Usted cree que si la Comunidad Autónoma debiera proveedores 3.000 millones de euros alguien nos iba a proveer? Nadie», ha sostenido, antes de reiterar: «No es verdad, son ajustes presupuestarios».
En relación con las modificaciones presupuestarias, ha explicado que en 2022 se autorizaron modificaciones por 419 millones, lo que supuso un 67% menos que en el ejercicio anterior. Ha vinculado estas modificaciones al contexto de salida de la pandemia, la crisis energética y el inicio de la guerra en Ucrania.
También ha defendido que el nivel de reparos se sitúa en el 0,07% de los expedientes examinados y que, según el seguimiento del Tribunal, una recomendación se ha cumplido, siete están en proceso y tres no se han cumplido.
El diputado del PSOE Alfonso Martínez ha replicado que el informe del Tribunal de Cuentas contiene «casi 300 páginas» y ha subrayado que el párrafo citado por el Gobierno incluye el inciso «excepto por los efectos de las salvedades señaladas a continuación«. «Consejero, 300 folios de salvedades», ha insistido, defendiendo que los grupos parlamentarios interpretarán el informe «bajo nuestro punto de vista».
Martínez ha preguntado «qué opinión le merece» que la Asamblea haya rechazado la Cuenta General entre 2015 y 2021 y si el consejero «tiene alguna responsabilidad», al considerar ese rechazo «un varapalo» a la gestión económica. También ha reprochado al Ejecutivo no corregir reparos reiterados: «¿Por qué no atienden a todos estos reparos?».
Entre las cifras que ha citado, ha señalado que, según el Tribunal, «los derechos pendientes de cobro se encuentran sobrevalorados en 1.575 millones de euros», que el remanente de tesorería «está inflado en 4.621 millones» y que en 2022 se hicieron «843 modificaciones presupuestarias». Además, ha afirmado que el déficit de 2022 fue de «1.060 millones de euros» y ha criticado la bajada de impuestos, al hablar de «345.000 euros» de media para «399 personas», mientras «más de 520.000» viven en riesgo de pobreza, en los términos en que lo ha expuesto en la sesión.
Por su parte, el diputado de Vox Rubén Martínez ha cargado contra el «debate vacío» sobre bajadas de impuestos y ha sostenido que las reducciones aplicadas por el Gobierno regional son «meramente discursivas», «testimoniales» y «una estafa». Como ejemplo, ha afirmado que la deflactación del IRPF en 2022 supuso un ahorro global de «entre 8 y 10 millones» para unos «550.000 contribuyentes», lo que, según su cálculo, equivale a «un euro y medio al mes» por persona.
Martínez también ha aludido a cuestiones recogidas en el informe, como indemnizaciones pendientes del terremoto de Lorca, y ha asegurado que «fue cuando Vox estuvo en el gobierno en la Consejería de Fomento» cuando «se pagaron esas indemnizaciones pendientes». En su valoración política, ha concluido que el informe «manifiesta una clara incompetencia» del PP y ha afirmado que el Gobierno regional debería «asumir responsabilidades».
El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, ha considerado «francamente débil» que el Gobierno se ampare en comparaciones con el Estado para no «aclarar ni proponer soluciones» a las salvedades. Ha puesto el foco en la rendición de cuentas del perímetro autonómico y ha preguntado por qué se incluyen organismos en el presupuesto pero no en la Cuenta General. «En los Presupuestos 30 organismos y en la Cuenta General incluye 6, ¿por qué?», citando expresamente «las dos universidades públicas» entre los que, según ha expuesto, no aparecen.
Álvarez Castellanos también ha cuestionado la política fiscal y ha criticado la «coletilla» de «subir impuestos» como argumento, defendiendo una fiscalidad «progresiva». En esa línea, ha preguntado por el sentido de la bonificación del impuesto de patrimonio, al hablar de «20 millones de euros» que, según ha planteado, se han «perdonado» a las rentas más altas, y ha reclamado datos sobre el impacto económico de esa medida.
Desde el PP, el diputado Carlos Albaladejo ha felicitado al consejero por su «preparación» y «solvencia con datos» y ha defendido que el informe del Tribunal no supone «ninguna debilidad» para el Gobierno regional, sino un impulso para «seguir perfeccionando» la acción de gobierno. También ha rechazado que se califique la cuenta como «una estafa». «¿De dónde se puede sacar eso?», ha preguntado, recordando que el Tribunal afirma que las cuentas se presentaron en plazo y se ajustan al marco normativo.
Albaladejo ha enmarcado 2022 en la salida de la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania, citando tensiones económicas e inflación, y ha defendido que el Ejecutivo «decidió reforzar plantillas» y «mantener prestaciones» para sostener los servicios públicos esenciales, aun con créditos iniciales insuficientes, en los términos expresados en su intervención.
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El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha reprochado a los grupos de la oposición en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional que se presenten las salvedades del informe del Tribunal de Cuentas como si fueran «ilegalidades» en el debate sobre la Cuenta General de 2022, y ha negado que la Comunidad Autónoma adeude «3.000 millones de euros» a proveedores. «No es verdad, son ajustes presupuestarios», ha afirmado.. El consejero ha subrayado que el Tribunal de Cuentas señala que la Cuenta General «presenta fielmente» la situación financiera y que la gestión «se ha ajustado en términos generales a la normativa», «sin perjuicio de las salvedades». A su juicio, estas salvedades no suponen una impugnación global de la cuenta, sino «ámbitos concretos de mejora».. En ese sentido, ha advertido de que es una «distorsión deliberada» equiparar salvedades a ilegalidades y ha insistido en que el control «debe ser exigible», pero no utilizarse «para confundir a los ciudadanos».. Gran parte de su explicación se ha centrado en el tratamiento contable de las aportaciones al Servicio Murciano de Salud (SMS). Marín ha indicado que determinadas aportaciones no se registraron como gasto en 2022, lo que afecta al resultado presupuestario, y ha explicado que el Tribunal recomienda ajustar esos saldos. Sin embargo, ha defendido que no se trata de una pérdida real de recursos ni de una merma en la prestación sanitaria y ha recalcado que esas aportaciones se han destinado al «mantenimiento de los servicios públicos fundamentales».. En relación con el remanente de tesorería, ha explicado que el Tribunal recomienda ajustar derechos de cobro vinculados al SMS que podrían no recuperarse y que ello repercute en el cálculo del remanente. Ha precisado que el 99,41% del ajuste señalado por el Tribunal se concentra en esa relación financiera entre la CARM y el SMS y ha añadido que esa corrección «ya se ha hecho en la cuenta de 2023». Así, ha recalcado que el remanente «no es una hucha» de libre disposición, sino que se compone de financiación afectada y no afectada, con reglas específicas de utilización.. Marín ha enmarcado las tensiones financieras en el sistema de financiación autonómica. Ha asegurado que la Región sufre una «infrafinanciación brutal» y ha cifrado en 1.675 millones la diferencia respecto a la comunidad mejor financiada. En este contexto, ha defendido que la CARM debe «jugar con las cartas que tiene en la mesa». En ese sentido, ha recordado que el 84% del presupuesto se destina a «servicios públicos fundamentales» y ha rechazado que la solución pase por «gastar menos» en esos ámbitos.. Sobre las obligaciones pendientes de pago, el consejero ha rechazado que exista una deuda real de 3.000 millones con proveedores y ha apelado a un ejemplo para negar ese escenario: «¿Usted cree que si la Comunidad Autónoma debiera proveedores 3.000 millones de euros alguien nos iba a proveer? Nadie», ha sostenido, antes de reiterar: «No es verdad, son ajustes presupuestarios».. En relación con las modificaciones presupuestarias, ha explicado que en 2022 se autorizaron modificaciones por 419 millones, lo que supuso un 67% menos que en el ejercicio anterior. Ha vinculado estas modificaciones al contexto de salida de la pandemia, la crisis energética y el inicio de la guerra en Ucrania.. También ha defendido que el nivel de reparos se sitúa en el 0,07% de los expedientes examinados y que, según el seguimiento del Tribunal, una recomendación se ha cumplido, siete están en proceso y tres no se han cumplido.. El diputado del PSOE Alfonso Martínez ha replicado que el informe del Tribunal de Cuentas contiene «casi 300 páginas» y ha subrayado que el párrafo citado por el Gobierno incluye el inciso «excepto por los efectos de las salvedades señaladas a continuación». «Consejero, 300 folios de salvedades», ha insistido, defendiendo que los grupos parlamentarios interpretarán el informe «bajo nuestro punto de vista».. Martínez ha preguntado «qué opinión le merece» que la Asamblea haya rechazado la Cuenta General entre 2015 y 2021 y si el consejero «tiene alguna responsabilidad», al considerar ese rechazo «un varapalo» a la gestión económica. También ha reprochado al Ejecutivo no corregir reparos reiterados: «¿Por qué no atienden a todos estos reparos?».. Entre las cifras que ha citado, ha señalado que, según el Tribunal, «los derechos pendientes de cobro se encuentran sobrevalorados en 1.575 millones de euros», que el remanente de tesorería «está inflado en 4.621 millones» y que en 2022 se hicieron «843 modificaciones presupuestarias». Además, ha afirmado que el déficit de 2022 fue de «1.060 millones de euros» y ha criticado la bajada de impuestos, al hablar de «345.000 euros» de media para «399 personas», mientras «más de 520.000» viven en riesgo de pobreza, en los términos en que lo ha expuesto en la sesión.. Por su parte, el diputado de Vox Rubén Martínez ha cargado contra el «debate vacío» sobre bajadas de impuestos y ha sostenido que las reducciones aplicadas por el Gobierno regional son «meramente discursivas», «testimoniales» y «una estafa». Como ejemplo, ha afirmado que la deflactación del IRPF en 2022 supuso un ahorro global de «entre 8 y 10 millones» para unos «550.000 contribuyentes», lo que, según su cálculo, equivale a «un euro y medio al mes» por persona.. Martínez también ha aludido a cuestiones recogidas en el informe, como indemnizaciones pendientes del terremoto de Lorca, y ha asegurado que «fue cuando Vox estuvo en el gobierno en la Consejería de Fomento» cuando «se pagaron esas indemnizaciones pendientes». En su valoración política, ha concluido que el informe «manifiesta una clara incompetencia» del PP y ha afirmado que el Gobierno regional debería «asumir responsabilidades».. El diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrada en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez Castellanos, ha considerado «francamente débil» que el Gobierno se ampare en comparaciones con el Estado para no «aclarar ni proponer soluciones» a las salvedades. Ha puesto el foco en la rendición de cuentas del perímetro autonómico y ha preguntado por qué se incluyen organismos en el presupuesto pero no en la Cuenta General. «En los Presupuestos 30 organismos y en la Cuenta General incluye 6, ¿por qué?», citando expresamente «las dos universidades públicas» entre los que, según ha expuesto, no aparecen.. Álvarez Castellanos también ha cuestionado la política fiscal y ha criticado la «coletilla» de «subir impuestos» como argumento, defendiendo una fiscalidad «progresiva». En esa línea, ha preguntado por el sentido de la bonificación del impuesto de patrimonio, al hablar de «20 millones de euros» que, según ha planteado, se han «perdonado» a las rentas más altas, y ha reclamado datos sobre el impacto económico de esa medida.. Desde el PP, el diputado Carlos Albaladejo ha felicitado al consejero por su «preparación» y «solvencia con datos» y ha defendido que el informe del Tribunal no supone «ninguna debilidad» para el Gobierno regional, sino un impulso para «seguir perfeccionando» la acción de gobierno. También ha rechazado que se califique la cuenta como «una estafa». «¿De dónde se puede sacar eso?», ha preguntado, recordando que el Tribunal afirma que las cuentas se presentaron en plazo y se ajustan al marco normativo.. Albaladejo ha enmarcado 2022 en la salida de la pandemia y el inicio de la guerra de Ucrania, citando tensiones económicas e inflación, y ha defendido que el Ejecutivo «decidió reforzar plantillas» y «mantener prestaciones» para sostener los servicios públicos esenciales, aun con créditos iniciales insuficientes, en los términos expresados en su intervención.
El consejero de Economía acusa a la oposición de presentar salvedades como «ilegalidades»
