El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este miércoles que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no les consta «ninguna denuncia formal» previa sobre la situación de maltrato que sufría Lucas, el niño de 4 años asesinado en Garrucha (Almería), y ha negado cualquier «mal funcionamiento» policial antes del crimen.. En declaraciones a los periodistas en Almería, Fernández ha respondido a las críticas de la acusación particular, que sostiene que la tía abuela del menor acudió a un cuartel de la Guardia Civil con fotografías de lesiones y no se le recogió la denuncia, y ha subrayado: «No tengo conocimiento de ninguna denuncia formal que se haya producido en este caso concreto».. Además, ha defendido la labor de la institución armada, insistiendo en que «no tenemos constancia de que haya habido ningún mal funcionamiento» y ha precisado que si se detectara cualquier «disfunción» en el análisis pormenorizado del caso, «se pondría de manifiesto de forma inmediata».. El delegado ha evitado entrar en más detalles sobre las gestiones previas realizadas por el entorno familiar o los agentes, ya que se trata de un tema que «está judicializado» y bajo la instrucción de la autoridad judicial competente.. Estas manifestaciones contradicen la versión ofrecida por el abogado del abuelo materno, quien denunció públicamente un «fallo del sistema» al asegurar que la familia intentó alertar a la Guardia Civil mostrando un «moratón y un derrame» en la sien del niño, pero que no se actuó al no existir un parte médico ni denuncia de la madre.. Los Servicio Sociales de la Diputación de Almería mantuvieron una entrevista con la madre del niño el pasado 20 de noviembre, según han confirmado a EFE fuentes de dicha institución provincial.. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer, acordó el pasado 20 de octubre una orden de alejamiento del hombre detenido por la muerte del pequeño. La orden de alejamiento se dictó tanto respecto a la madre como al hijo.
«No tenemos constancia de que haya habido ningún mal funcionamiento», señala el delegado Pedro Fernández
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este miércoles que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no les consta «ninguna denuncia formal» previa sobre la situación de maltrato que sufría Lucas, el niño de 4 años asesinado en Garrucha (Almería), y ha negado cualquier «mal funcionamiento» policial antes del crimen.. En declaraciones a los periodistas en Almería, Fernández ha respondido a las críticas de la acusación particular, que sostiene que la tía abuela del menor acudió a un cuartel de la Guardia Civil con fotografías de lesiones y no se le recogió la denuncia, y ha subrayado: «No tengo conocimiento de ninguna denuncia formal que se haya producido en este caso concreto».. Además, ha defendido la labor de la institución armada, insistiendo en que «no tenemos constancia de que haya habido ningún mal funcionamiento» y ha precisado que si se detectara cualquier «disfunción» en el análisis pormenorizado del caso, «se pondría de manifiesto de forma inmediata».. El delegado ha evitado entrar en más detalles sobre las gestiones previas realizadas por el entorno familiar o los agentes, ya que se trata de un tema que «está judicializado» y bajo la instrucción de la autoridad judicial competente.. Estas manifestaciones contradicen la versión ofrecida por el abogado del abuelo materno, quien denunció públicamente un «fallo del sistema» al asegurar que la familia intentó alertar a la Guardia Civil mostrando un «moratón y un derrame» en la sien del niño, pero que no se actuó al no existir un parte médico ni denuncia de la madre.. Los Servicio Sociales de la Diputación de Almería mantuvieron una entrevista con la madre del niño el pasado 20 de noviembre, según han confirmado a EFE fuentes de dicha institución provincial.. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer, acordó el pasado 20 de octubre una orden de alejamiento del hombre detenido por la muerte del pequeño. La orden de alejamiento se dictó tanto respecto a la madre como al hijo.
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