El ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no descartó conceder indultos a criminales de lesa humanidad condenados por atrocidades cometidas durante la dictadura civil militar y señaló que «las circunstancias del caso van a permitir responder aquello».. «A veces no se trata solamente del delito, propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes que están en el expediente respectivo», afirmó el ministro en una entrevista con CNN Chile.. Consultado directamente por posibles indultos a violadores de Derechos Humanos, Rabat subrayó que «va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente».. Rabat, que integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos, afirmó que hasta la fecha el Gobierno ha recibido más de 40 solicitudes de indulto presidencial, algunas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, a la ola de protestas de 2019 y a delitos comunes.. Durante su campaña, el actual presidente, José Antonio Kast, se mostró abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet como Miguel Krassnoff, sentenciado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de opositores políticos durante la dictadura.. Familiares de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos en el país sudamericano han manifestado su preocupación por ésta y otras señales que han emanado del Ejecutivo, entre ellas la decisión de no alegar frente a la solicitud de beneficios carcelarios que terminó con la liberación en mayo pasado de un condenado por 86 casos de desaparición forzada.. Además, desde la llegada del actual presidente ultraderechista la Unidad Programa de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia, organismo más relevante en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad y donde se aloja el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, ha sufrido un recorte presupuestario de cerca de un millón de dólares.. Según ha confirmado el Gobierno, Kast también considera indultos a policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de la ola de protestas de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura y que el mandatario califica como «estallido delictual», en referencia a los episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público registrados durante el fenómeno.. Durante la represión de las mismas, murieron más de una treintena de personas y decenas sufrieron ceguera y otras lesiones oculares por disparos de las fuerzas de Seguridad.. El indulto presidencial en Chile es una facultad amparada en la Constitución, que permite perdonar (remitir), reducir o sustituir (conmutar) la pena de un condenado con sentencia firme.
El ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, no descartó conceder indultos a criminales de lesa humanidad condenados por atrocidades cometidas durante la dictadura civil militar y señaló que «las circunstancias del caso van a permitir responder aquello».. «A veces no se trata solamente del delito, propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes que están en el expediente respectivo», afirmó el ministro en una entrevista con CNN Chile.. Consultado directamente por posibles indultos a violadores de Derechos Humanos, Rabat subrayó que «va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente».. Rabat, que integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) en el juicio por la Operación Colombo y en el Caso Riggs, investigaciones vinculadas al asesinato de 119 personas y a la malversación de fondos públicos, afirmó que hasta la fecha el Gobierno ha recibido más de 40 solicitudes de indulto presidencial, algunas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, a la ola de protestas de 2019 y a delitos comunes.. Durante su campaña, el actual presidente, José Antonio Kast, se mostró abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet como Miguel Krassnoff, sentenciado a más de mil años de prisión por secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de opositores políticos durante la dictadura.. Familiares de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos en el país sudamericano han manifestado su preocupación por ésta y otras señales que han emanado del Ejecutivo, entre ellas la decisión de no alegar frente a la solicitud de beneficios carcelarios que terminó con la liberación en mayo pasado de un condenado por 86 casos de desaparición forzada.. Además, desde la llegada del actual presidente ultraderechista la Unidad Programa de Derechos Humanos de Ministerio de Justicia, organismo más relevante en la persecución judicial de delitos de lesa humanidad y donde se aloja el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, ha sufrido un recorte presupuestario de cerca de un millón de dólares.. Según ha confirmado el Gobierno, Kast también considera indultos a policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de la ola de protestas de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura y que el mandatario califica como «estallido delictual», en referencia a los episodios de violencia desmedida, saqueos y destrucción de mobiliario público registrados durante el fenómeno.. Durante la represión de las mismas, murieron más de una treintena de personas y decenas sufrieron ceguera y otras lesiones oculares por disparos de las fuerzas de Seguridad.. El indulto presidencial en Chile es una facultad amparada en la Constitución, que permite perdonar (remitir), reducir o sustituir (conmutar) la pena de un condenado con sentencia firme.
El anuncio lo ha realizado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet en dos operaciones vinculadas a asesinatos y malversación
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