El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una parte de la subida salarial a más de tres millones de trabajadores públicos pactada por el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, acuerdo al que se ha sumado este martes CC OO. Según ha informado el ministro de Función Pública, Óscar López, este martes ha sido ratificada una subida del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% desde el primer día de 2026, lo que supondrá un alza acumulada del 4% (a lo que se puede sumar otro 0,5% en función del IPC). El acuerdo del Gobierno con los sindicatos establece otros siete puntos de incremento hasta 2028, hasta llegar al 11%. Asimismo, la reunión del gabinete de este martes ha aprobado la misma senda fiscal que el Congreso rechazó la semana pasada. Seguir leyendo
El Consejo de Ministros de este martes aprueba la misma senda fiscal que el Congreso rechazó la semana pasada
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una parte de la subida salarial a más de tres millones de trabajadores públicos pactada por el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, acuerdo al que se ha sumado este martes CC OO. Según ha informado el ministro de Función Pública, Óscar López, este martes ha sido ratificada una subida del 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% desde el primer día de 2026, lo que supondrá un alza acumulada del 4% (a lo que se puede sumar otro 0,5% en función del IPC). El acuerdo del Gobierno con los sindicatos establece otros siete puntos de incremento hasta 2028, hasta llegar al 11%. Asimismo, la reunión del gabinete de este martes ha aprobado la misma senda fiscal que el Congreso rechazó la semana pasada. El Ministerio de Función Pública ha especificado que los trabajadores del Estado, unos 540.000, recibirán el incremento del 2,5% ya en diciembre, “abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025″. El departamento que dirige López ejemplifica de este incremento: “Para un salario medio de 3.300 euros brutos al mes, en diciembre se le abonaría una nómina adicional con los atrasos de 2025 por 1.140 euros aproximadamente”. El resto de administraciones públicas, ya sean autonómicas o municipales, podrán abonar esos atrasos desde este mismo mes de diciembre o repartirlo hasta 2028.. En 2026, el texto aprobado por el Gobierno establece una subida salarial del 1,5% “respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025″, así que ya crece tomando en cuenta el 2% para el ejercicio en curso. “Eso supone que, entre diciembre del presente ejercicio y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%”, precisa Función Pública, que advierte de que en 2026 el incremento podría ir más allá en función de la evolución de los precios: “Adicionalmente se aplicará otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5%”.. Asimismo, CC OO ha decidido este martes sumarse al acuerdo suscrito por CSIF, UGT y Función Pública, tras las dudas expresadas la semana pasada y la diferencia de opinión en el seno de la organización. El Consejo Confederal del sindicato ha decidido adscribirse al pacto, “pendiente ahora de poder realizar el acto formal de firma junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”, según expresa el sindicato en un comunicado. El sindicato liderado por Unai Sordo dice que “trabajará para el cumplimiento de compromisos de materias pendientes del acuerdo marco firmado en 2022 y los contenidos atrasados que aún no se han visto satisfechos en la negociación”.. Senda de estabilidad. En la reunión de este martes, el Gobierno también ha aprobado la misma senda de estabilidad que la semana pasada fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN. El Ejecutivo insiste en que estos objetivos son imprescindibles para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y advierte de que, si las Cortes vuelven a tumbarlos, se activará automáticamente el equilibrio presupuestario previsto en la Constitución para las comunidades autónomas. Llegado el caso, apunta el Gobierno, desaparecería cualquier margen de déficit y muchos gobiernos regionales —en su mayoría en manos del PP— tendrían que ajustar sus cuentas de forma inmediata.. La senda replanteada este martes mantiene las mismas cifras que la previa: el déficit público conjunto descendería al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para la Administración Central, los objetivos son del 1,8%, 1,5% y 1,4% del PIB respectivamente, mientras que la Seguridad Social se quedaría en el 0,2% en 2026 y 2027 y en el 0,1% en 2028. Las comunidades autónomas podrían incurrir en un déficit del 0,1% anual, mientras que las corporaciones locales deberían cerrar en equilibrio.. Ese 0,1% para las autonomías supone un colchón de casi 5.500 millones en tres años que los Gobiernos territoriales perderían en caso de que la senda se rechace otra vez. Madrid y Cataluña serían las más beneficiadas, con alrededor de 1.000 millones cada una; Andalucía contaría con un margen de más de 700 millones. En total, el conjunto de comunidades dispondría de 1.755 millones en 2026, 1.828 en 2027 y 1.901 en 2028.. Hacienda recuerda que, si el Congreso vuelve a bloquear la senda, ese margen extra desaparecerá por completo y las comunidades se verían obligadas a lograr el equilibrio presupuestario o déficit cero.. El Ejecutivo, por ello, señala directamente al PP, que controla directamente 11 comunidades (además de estar presente en el Gobierno de Canarias) y cuyo voto en contra en el Congreso tumbó la senda. Hacienda les acusa de actuar contra los intereses de sus propios territorios al impedirles disponer de recursos adicionales. Junts, que considera mínima esa décima de margen, también se opone.. Ante el riesgo de bloqueo, el Gobierno recuerda que la Ley de Estabilidad permite presentar una segunda senda en caso de rechazo, pero no impide que, si vuelve a caer, se aplique de manera automática el principio constitucional de estabilidad presupuestaria. Se trata de un escenario inédito, por lo que está por ver si el argumento que esgrime el Ejecutivo cuenta con el respaldo legal.
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