El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma que elimina las subvenciones a la patronal y los sindicatos en Murcia. La medida se adopta a instancias del Ministerio de Trabajo y se articula formalmente como una solicitud del Ministerio de Política Territorial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que recurra el texto por invadir competencias estatales, indican fuentes del Ejecutivo. La Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región de Murcia fue modificada el pasado julio con los votos de PP y Vox. La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció la intención de llevarla al tribunal de garantías.. Seguir leyendo
El Ejecutivo, que verá el asunto este martes en el Consejo de Ministros, cree que la norma abre la puerta a subvencionar solo a los empresarios
El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar, a instancias del Ministerio de Trabajo, una solicitud al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que recurra ante el Tribunal Constitucional la norma que elimina de forma general las ayudas económicas a la patronal y los sindicatos en Murcia. La Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región de Murcia fue aprobada el pasado julio con los votos de PP y Vox y modificaba una norma anterior sobre esta temática. La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció la intención de recurrrirla. Según indican fuentes del Gobierno, este considera que la norma vulnera la competencia estatal.. Y, además, creen que la redacción del texto abre la puerta a, si así lo quisiera el Ejecutivo murciano, subvencionar solamente a los empresarios y no a los sindicatos más representativos. Por todo ello, este procedimiento solicitará al Constitucional, como es habitual, “que se produzca la suspensión de la Ley autonómica impugnada”.. El recurso que ha preparado el Gobierno, y en concreto el Ministerio de Política Territorial, que es el encargado de ello, se basa en la argumentación dada por el Consejo de Estado, indican las mismas fuentes. En el texto del acuerdo en el que este ministerio solicita la presentación del recurso, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se indica que la ley murciana, tal y como está redactada, “supone, de facto, eliminar la financiación en la materia, imposibilitando el ejercicio del derecho de sindicación, afectando también a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral». La norma murciana, argumenta, no solo pretende terminar con la financiación a los agentes sociales, que cuenta con el paraguas de la norma estatal, al considerarla “prerrogativas”, sino que elimina también el principio de paridad, según el cual se deben de dar estas ayudas tanto a patronal como a sindicatos.. El Ejecutivo central considera que la propia exposición de motivos de la norma “no deja lugar a dudas respecto del sentido y consecuencias de la modificación introducida y de que esta supone una invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”. Se refiere con ello a que el texto murciano justifica el cambio legal para generar un “ahorro y eficiencia del gasto público”, porque “permitiría reducir el gasto de la Administración regional, destinando esos recursos a otras áreas prioritarias como sanidad, educación o infraestructuras”. La ley también justifica que, eliminar las citadas subvenciones, “evitará el clientelismo político, ya que estas asignaciones pueden generar dependencia de ciertos colectivos o entidades hacia el gobierno, lo que podría distorsionar la representatividad real de la sociedad civil y favorecer relaciones de influencia política”.. En síntesis, resume el texto del Ejecutivo central: “se elimina la obligatoriedad de establecer, en cada ejercicio, partidas presupuestarias con asignación nominativa para fomentar su participación institucional a favor de las organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia aplicando el criterio además el criterio de paridad entre las organizaciones empresariales y las sindicales, todo lo cual desaparece de la nueva redacción del artículo 6 de la Ley 5/2017″, aprobada en julio pasado por el PP y Vox.. El visto bueno del Consejo de Ministros de este martes era necesario porque, según indica el Ejecutivo central, el plazo para formular recurso de inconstitucionalidad finaliza este miércoles 29 de octubre de 2025.. El conflicto previo en Castilla y León. Tal y como recordó la ministra de Trabajo la pasada semana ante un auditorio repleto de sindicalistas de UGT, no es la primera vez que un Gobierno autonómico de PP y Vox atenta contra intereses institucionales de sindicatos y patronal. Así, recordó el conflicto que generó en Castilla y León la decisión de su Ejecutivo —cuya consejería de Empleo estaba en manos de Vox—, de eliminar la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en los presupuestos autonómicos de 2023, dejándolo sin partida específica.. En aquella ocasión El Ministerio de Trabajo envió un requerimiento formal a la Junta de Castilla y León para que repusiera el SERLA inmediatamente por entender que su desaparición vulneraba derechos laborales. Finalmente, y tras varios intentos de la Junta castellanoleonesa de jibarizar al máximo este servicio de mediación, a finales de 2024, la Junta restableció parte de la financiación de la mediación laboral (unos 900.000 euros para el periodo 2023-24) y reconoció la función del Serla.. Sin embargo, la vicepresidenta del Gobierno aseguró la pasada semana, tras anunciar la interposición de este recurso, que la decisión de su departamento se basa en que la ley murciana es aún “mucho más grave” que el intento de eliminación de financiación del Serla.
Feed MRSS-S Noticias
