El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes, 16 de diciembre, el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de reconocimiento de la autoridad del profesorado. La reunión, que habitualmente se celebra los miércoles, se adelanta en esta ocasión para no coincidir con el Pleno del Parlamento.. Así lo recoge el orden del día, consultado por Europa Press, relativo a este plan que la Junta sometió al trámite de información pública el pasado diciembre de 2024 y cuyo objetivo es «reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la comunidad autónoma andaluza».. El objeto de esta iniciativa es «reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, y fomentar su consideración y respeto, así como regular un sistema de cobertura que garantice su protección en el ejercicio de sus funciones y competencias».. El borrador del proyecto de decreto parte de la premisa de que «disponer de un profesorado que cuente con el mayor prestigio social posible, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad, es condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que asegure el clima de respeto imprescindible para garantizar el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y el sentido de la responsabilidad».. Desde la Junta defienden que este decreto es «una norma necesaria para la implantación de medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente y la autoridad del profesorado a fin de que pueda desarrollar su labor con las máximas garantías conforme a lo previsto en la citada Ley 3/2021, de 26 de julio».. De igual modo, sostienen desde el Gobierno andaluz que dicho decreto «contiene la regulación imprescindible para hacer efectivo el reconocimiento de la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos», así como «establece un marco normativo estable, predecible, integrado y claro».. La Junta prevé que, «en el ejercicio de sus funciones», al profesorado se le reconozca, entre otros derechos, el del «respeto, reconocimiento y apoyo» a su «autoridad» por parte «del alumnado, de sus representantes legales y del resto del profesorado», así como el de «adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar».. Otros derechos que se le reconocen al profesorado en este proyecto de derecho son los de «colaboración de los representantes legales para el cumplimiento, por parte de sus hijos e hijas, de las normas de convivencia»; así como «a la protección jurídica y al apoyo psicológico gratuitos en el ejercicio de sus funciones docentes», y al «apoyo por parte de la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña».. En esa línea, el proyecto contempla que «la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica al personal docente que preste sus servicios en centros sostenidos con fondos públicos», como «servicio para ayudar a superar la repercusión sobre el personal docente de agresiones o situaciones de conflicto que menoscaben la autoridad del profesorado, en el ejercicio de sus funciones, con objeto de reducir el efecto de los mismos en su salud y rendimiento laboral».. «La asistencia psicológica solicitada por el interesado se articulará mediante la Unidad de Apoyo al Profesorado existente en cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación», precisa el proyecto de decreto.
La medida pretende fomentar la consideración y respeto de los docentes
El Consejo de Gobierno andaluz tiene previsto aprobar este martes, 16 de diciembre, el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de reconocimiento de la autoridad del profesorado. La reunión, que habitualmente se celebra los miércoles, se adelanta en esta ocasión para no coincidir con el Pleno del Parlamento.. Así lo recoge el orden del día, consultado por Europa Press, relativo a este plan que la Junta sometió al trámite de información pública el pasado diciembre de 2024 y cuyo objetivo es «reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la comunidad autónoma andaluza».. El objeto de esta iniciativa es «reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, y fomentar su consideración y respeto, así como regular un sistema de cobertura que garantice su protección en el ejercicio de sus funciones y competencias».. El borrador del proyecto de decreto parte de la premisa de que «disponer de un profesorado que cuente con el mayor prestigio social posible, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad, es condición esencial para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que asegure el clima de respeto imprescindible para garantizar el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y el sentido de la responsabilidad».. Desde la Junta defienden que este decreto es «una norma necesaria para la implantación de medidas que incrementen y refuercen la valoración social de la función docente y la autoridad del profesorado a fin de que pueda desarrollar su labor con las máximas garantías conforme a lo previsto en la citada Ley 3/2021, de 26 de julio».. De igual modo, sostienen desde el Gobierno andaluz que dicho decreto «contiene la regulación imprescindible para hacer efectivo el reconocimiento de la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos», así como «establece un marco normativo estable, predecible, integrado y claro».. La Junta prevé que, «en el ejercicio de sus funciones», al profesorado se le reconozca, entre otros derechos, el del «respeto, reconocimiento y apoyo» a su «autoridad» por parte «del alumnado, de sus representantes legales y del resto del profesorado», así como el de «adoptar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar».. Otros derechos que se le reconocen al profesorado en este proyecto de derecho son los de «colaboración de los representantes legales para el cumplimiento, por parte de sus hijos e hijas, de las normas de convivencia»; así como «a la protección jurídica y al apoyo psicológico gratuitos en el ejercicio de sus funciones docentes», y al «apoyo por parte de la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña».. En esa línea, el proyecto contempla que «la Administración educativa proporcionará asistencia psicológica al personal docente que preste sus servicios en centros sostenidos con fondos públicos», como «servicio para ayudar a superar la repercusión sobre el personal docente de agresiones o situaciones de conflicto que menoscaben la autoridad del profesorado, en el ejercicio de sus funciones, con objeto de reducir el efecto de los mismos en su salud y rendimiento laboral».. «La asistencia psicológica solicitada por el interesado se articulará mediante la Unidad de Apoyo al Profesorado existente en cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación», precisa el proyecto de decreto.
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