El exmarido de Lucía Garrido, condenado por la muerte de su pareja, hallada flotando, con golpes y un corte en la yugular en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, será juzgado por un jurado popular en mayo de 2026 por la muerte de dos personas que entraron en su finca.. Según un auto, al que ha tenido acceso EFE, el procesado será enjuiciado por un jurado popular el 4 de mayo de 2026 a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Málaga y las sesiones se prolongarán hasta el día 8 del mismo mes.. El exmarido de Lucía Garrido fue juzgado y condenado a 24 años de prisión como autor, en concepto de cooperador, de un delito de asesinato sobre su mujer y a 22 años el autor material del hecho y está pendiente de recurso de casación en el Tribunal Supremo, según ha recordado a EFE el abogado defensor, Guillermo Smerdou.. Justo un año después del crimen de Lucía Garrido, el propietario y exmarido de la fallecida mató a dos personas, por lo que será enjuiciado de nuevo por un jurado popular pero en este caso la fiscalía ve legítima defensa.. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de homicidio pero al estimar la eximente completa de legítima defensa no procede pedir pena de prisión para el acusado, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.. Los dos fallecidos, de nacionalidad colombiana, fallecieron el 25 de abril de 2009 por los disparos del propietario de la finca y exmarido de Lucía Garrido.. El fiscal considera que sobre las 22:00 horas del 25 de abril de 2009 los dos colombianos en unión de varias personas no identificadas (más de cinco), portando todos ellos armas de fuego y un fusil de asalto Kalashnikov acudieron a la finca del acusado para sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaban en su interior.. Mientras que el resto se quedó fuera, los dos colombianos saltaron el muro y accedieron al jardín con pasamontañas, con una pistola y un revólver.. Al oír ruido en el exterior y a su perro ladrar insistentemente, el acusado salió con una escopeta al temer que fueran unos ladrones, siempre según la versión del ministerio público.. Los asaltantes lo encañonaron pero éste retrocedió y se resguardó tras un banco de piedra, momento en el que le dispararon repetidamente pero no lo alcanzaron ante la protección del banco de piedra.. El fiscal mantiene que el acusado «con el fin de proteger su vida y mientras recibía los disparos, realizó dos detonaciones con su escopeta, alcanzando a cada uno de los asaltantes, que fallecieron.. Inmediatamente el dueño de la finca saltó la valla de su vivienda por la parte trasera y huyó corriendo hasta el domicilio de los vecinos a quienes pidió auxilio y solicitó que llamaran a la Guardia Civil, cosa que éstos hicieron.. La acusación particular y popular si piden prisión. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación en el procedimiento, no comparte el criterio del fiscal ya que considera que el acusado sabía que ciertas personas iban a ir a su finca y se preparó para ello con diversas armas.. «La intención de matar se desprende de la rapidez con la que actuó» e inciden en la intencionalidad de dar muerte a las personas que accedieran para efectuar el robo de la presunta droga.. AUGC considera que el acusado debe ser condenado a un total de 35 años de prisión por un doble delito de homicidio con el agravante de ejecutar el hecho con alevosía y de delito continuado.. El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. El acusado fue enjuiciado por la muerte de su exmujer por un jurado popular en septiembre de 2019 pero fue absuelto junto a resto de acusados, dos guardias civiles y un cuarto hombre acusado como presunto autor material del crimen pero en febrero de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetir el juicio.. En ese nuevo juicio fue condenado a 24 años de cárcel, aunque esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, con un nuevo abogado, Guillermo Smerdou, que ostentó su defensa cuando el jurado popular lo consideró no culpable y salió absuelto de los mismos hechos en el primer juicio.
La AUGC difiere de la versión del fiscal y defiende que el acusado se preparó para matar a los asaltantes
El exmarido de Lucía Garrido, condenado por la muerte de su pareja, hallada flotando, con golpes y un corte en la yugular en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, será juzgado por un jurado popular en mayo de 2026 por la muerte de dos personas que entraron en su finca.. Según un auto, al que ha tenido acceso EFE, el procesado será enjuiciado por un jurado popular el 4 de mayo de 2026 a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Málaga y las sesiones se prolongarán hasta el día 8 del mismo mes.. El exmarido de Lucía Garrido fue juzgado y condenado a 24 años de prisión como autor, en concepto de cooperador, de un delito de asesinato sobre su mujer y a 22 años el autor material del hecho y está pendiente de recurso de casación en el Tribunal Supremo, según ha recordado a EFE el abogado defensor, Guillermo Smerdou.. Justo un año después del crimen de Lucía Garrido, el propietario y exmarido de la fallecida mató a dos personas, por lo que será enjuiciado de nuevo por un jurado popular pero en este caso la fiscalía ve legítima defensa.. El fiscal considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de homicidio pero al estimar la eximente completa de legítima defensa no procede pedir pena de prisión para el acusado, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.. Los dos fallecidos, de nacionalidad colombiana, fallecieron el 25 de abril de 2009 por los disparos del propietario de la finca y exmarido de Lucía Garrido.. El fiscal considera que sobre las 22:00 horas del 25 de abril de 2009 los dos colombianos en unión de varias personas no identificadas (más de cinco), portando todos ellos armas de fuego y un fusil de asalto Kalashnikov acudieron a la finca del acusado para sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaban en su interior.. Mientras que el resto se quedó fuera, los dos colombianos saltaron el muro y accedieron al jardín con pasamontañas, con una pistola y un revólver.. Al oír ruido en el exterior y a su perro ladrar insistentemente, el acusado salió con una escopeta al temer que fueran unos ladrones, siempre según la versión del ministerio público.. Los asaltantes lo encañonaron pero éste retrocedió y se resguardó tras un banco de piedra, momento en el que le dispararon repetidamente pero no lo alcanzaron ante la protección del banco de piedra.. El fiscal mantiene que el acusado «con el fin de proteger su vida y mientras recibía los disparos, realizó dos detonaciones con su escopeta, alcanzando a cada uno de los asaltantes, que fallecieron.. Inmediatamente el dueño de la finca saltó la valla de su vivienda por la parte trasera y huyó corriendo hasta el domicilio de los vecinos a quienes pidió auxilio y solicitó que llamaran a la Guardia Civil, cosa que éstos hicieron.. La acusación particular y popular si piden prisión. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación en el procedimiento, no comparte el criterio del fiscal ya que considera que el acusado sabía que ciertas personas iban a ir a su finca y se preparó para ello con diversas armas.. «La intención de matar se desprende de la rapidez con la que actuó» e inciden en la intencionalidad de dar muerte a las personas que accedieran para efectuar el robo de la presunta droga.. AUGC considera que el acusado debe ser condenado a un total de 35 años de prisión por un doble delito de homicidio con el agravante de ejecutar el hecho con alevosía y de delito continuado.. El Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. El acusado fue enjuiciado por la muerte de su exmujer por un jurado popular en septiembre de 2019 pero fue absuelto junto a resto de acusados, dos guardias civiles y un cuarto hombre acusado como presunto autor material del crimen pero en febrero de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó repetir el juicio.. En ese nuevo juicio fue condenado a 24 años de cárcel, aunque esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, con un nuevo abogado, Guillermo Smerdou, que ostentó su defensa cuando el jurado popular lo consideró no culpable y salió absuelto de los mismos hechos en el primer juicio.
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