El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha elaborado un anteproyecto de ley para “reforzar la colaboración público-privada” en los servicios sociales, con fórmulas “innovadoras” de compensación a las empresas como la “inversión por impacto, el pago por resultados y los avales públicos” que resuelvan “los problemas que plantea la financiación tradicional”. El documento, de solo tres páginas y al que ha tenido acceso este periódico a través del portal de transparencia, ha sido abierto a consultas públicas y resume una lista de objetivos y problemas a solucionar en este sector que atiende a colectivos como los menores, las personas mayores, las personas sin hogar o las víctimas de violencia de género. El Ejecutivo no quiere precisar por ello el alcance de su propuesta de financiación, ni dar detalle alguno. Pero la oposición de izquierdas y parte del sector de la atención a colectivos vulnerables critica su filosofía “mercantilista”, mientras que dos grandes patronales del sector de residencias de mayores lo valoran positivamente por su énfasis en la libre elección, un concepto que los gobiernos del PP llevan años aplicando a la sanidad y la educación como método para favorecer, teóricamente, la competencia y la calidad.. Seguir leyendo
La oposición critica que el gobierno, que ya trabajó en una suerte de ‘cheque residencia’, apueste en una nueva ley por “reforzar la colaboración público-privada”
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha elaborado un anteproyecto de ley para “reforzar la colaboración público-privada” en los servicios sociales, con fórmulas “innovadoras” de compensación a las empresas como la “inversión por impacto, el pago por resultados y los avales públicos” que resuelvan “los problemas que plantea la financiación tradicional”. El documento, de solo tres páginas y al que ha tenido acceso este periódico a través del portal de transparencia, ha sido abierto a consultas públicas y resume una lista de objetivos y problemas a solucionar en este sector que atiende a colectivos como los menores, las personas mayores, las personas sin hogar o las víctimas de violencia de género. El Ejecutivo no quiere precisar por ello el alcance de su propuesta de financiación, ni dar detalle alguno. Pero la oposición de izquierdas y parte del sector de la atención a colectivos vulnerables critica su filosofía “mercantilista”, mientras que dos grandes patronales del sector de residencias de mayores lo valoran positivamente por su énfasis en la libre elección, un concepto que los gobiernos del PP llevan años aplicando a la sanidad y la educación como método para favorecer, teóricamente, la competencia y la calidad.. Más información. Una semana entre Jerusalén, los Altos del Golán y las colonias ilegales de Cisjordania: así “impactó” Israel a Ayuso. El anteproyecto introduce varios conceptos polémicos, entre ellos el de “concierto social”, que es descrito como piedra angular “de este nuevo paradigma”. Se plantea como una vía para asegurar que los madrileños tengan “la capacidad real de seleccionar” servicios y centros, en función de sus necesidades. El concierto social fue regulado por primera vez en Madrid con la ley de 2022 de Servicios Sociales, y los críticos lo ven con suspicacia porque podría rebajar la calidad de la atención.. El texto también habla de tres conceptos que no aparecen desarrollados, y que la administración regional no ha querido explicar a este diario: la inversión de impacto, el pago por resultados y los avales públicos.. A falta de conocer más detalles, el pago por resultados le parece “peligroso” a Álvaro Revilla, presidente en Madrid de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, que pone el ejemplo de una empresa que realice un programa de inserción sociolaboral para mujeres inmigrantes al que la Comunidad solo pagaría en función del número de personas que consigan empleo. “Esa empresa podría dejar fuera de su programa a las mujeres con un perfil menos empleable”, advierte.. El Ejecutivo de Ayuso defiende que el proyecto profundizará en la capacidad de elección. Un portavoz gubernamental dice que para dar detalles sobre las nuevas fórmulas de financiación habrá que “esperar a la tramitación de la ley”.. La diputada Diana Carol Paredes Choquehuanca, de Más Madrid, interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid.MÁS MADRID. El concierto social tiene su origen en las directivas europeas de contratación de 2014, que en aras de la flexibilidad, permiten la gestión indirecta de servicios públicos “de manera que no sea necesario celebrar contratos”. Es decir, sigue siendo posible la gestión directa y la gestión indirecta podrá realizarse bien por contrato o bien por concierto.. Esta figura implica más prestaciones y servicios privados con menos supervisión pública, según Revilla, de la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, quien dice que les “asusta” esta herramienta. “Nos parece un peligro”, dice. “Aplaudimos la libertad de elección pero que haya posibilidad de mejorar los servicios públicos y que en los privados haya una supervisión importante por parte de la administración”.. De eso se encargaría una Agencia Madrileña de Calidad de los Servicios Sociales “como pieza clave para la supervisión, evaluación y fomento de la excelencia en la atención”, según un comunicado del gobierno.. Las patronales consultadas están satisfechas con el avance de la norma. La patronal Federación Empresarial de la Dependencia (FED) defiende la introducción del concierto social: “A diferencia de la licitación, que resulta rígida y poco flexible, o de las subvenciones, que ofrecen menor estabilidad, el concierto social proporciona a las entidades una planificación más segura, fomentando la inversión a largo plazo y la mejora continua de la calidad del empleo”, responde por escrito a este diario.. La FED considera que el pago por resultados puede ser un “complemento valioso al concierto social”. Subraya que “esta modalidad permite que la financiación se vincule directamente con los logros obtenidos, tanto en términos de bienestar y satisfacción de los usuarios como de eficiencia en la gestión de los recursos”.. La patronal estatal Aeste, que agrupa a 19 grandes empresas con 594 centros considera que el proyecto es una oportunidad para alcanzar un “sistema flexible, que sitúe a la persona en el centro”. “Reafirmamos el papel esencial de la colaboración público-privada como elemento clave para hacer posible un modelo de atención diverso, flexible, accesible y de calidad”, responde Josune Mendez, secretaria general de Aeste.. Sin embargo, a las familias de personas mayores en residencias les preocupa “la orientación pro-negocio” de este anteproyecto. “Se pretende es introducir la competitividad en el sector de las residencias, como si fuera un sector más de la economía, en el que lo que importa es el atractivo del cuidado”, recuerda Miguel Vázquez, miembro de la asociación madrileña de familias de residencias Pladigmare. “Siguen considerando esto un negocio y eso es una tragedia, porque este servicio se prostituye si se convierte en un negocio. No han aprendido nada, porque el dinero les nubla la razón”, opina.. Libertad de elección. 10 de enero de 2023. Díaz Ayuso prepara ya la campaña electoral que la coronará como presidenta de Madrid con mayoría absoluta. Poco a poco, va dejando pistas de cuáles son las principales novedades de su programa. Y ese día, con el año recién nacido, desliza una de peso: quiere profundizar en la política de libertad de elección. Además, la líder conservadora planea introducir un cheque residencia para que los mayores contraten ayuda en casa si prefieren permanecer en su hogar en lugar de irse a vivir a un centro. Es el primer paso hacia la ley que prepara ahora su ejecutivo.. “Creemos que esta ley es una privatización encubierta de los servicios sociales con la fórmula de la “colaboración público-privada” que tanto gusta a Ayuso y que solo ha servido para privatizar residencias y centros de menores», critica Diana Paredes, diputada de Más Madrid, el partido que lidera la oposición regional. “La Comunidad de Madrid está a la cola en gasto social y Ayuso pretende desentenderse de su responsabilidad de invertir en este ámbito”, añade. “Además, la supuesta “libre elección” puede convertirse en desregulación si no se acompaña de financiación pública, estándares públicos y mecanismos que eviten la segregación por nivel socioeconómico», apunta. “Condicionar la financiación a resultados muestra el grave desconocimiento de lo que significa el acompañamiento y la intervención social, que requieren tiempo y sostenibilidad“, sigue. Y apuesta: ”En definitiva, la señora Ayuso vende humo y esta ley quedará en papel mojado».. La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, en una imagen de abril de 2025.Borja Sanchez-Trillo (EFE). “Todo para que hagan negocio los de siempre”, opina Pilar Sánchez Acera, la secretaria de organización del PSOE de Madrid, que cree que la semilla de la privatización quedó ya plantada con la ley de 2022 aprobada por el segundo gobierno de Ayuso. “En Madrid la derecha confunde la privatización de los servicios públicos con la libertad de elección del ciudadano”.
