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  España  Cataluña  El director de la DGPPIA insta a la abogacía a «hacer piña» para mejorar la protección de menores
CataluñaEspaña

El director de la DGPPIA insta a la abogacía a «hacer piña» para mejorar la protección de menores

14 de abril de 2026
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El director de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) de la Generalitat, Josep Muñoz, ha instado al sector de la abogacía a «hacer piña» y a colaborar con todos los profesionales que atienden a menores para no dejarles caer y facilitar su proceso de acompañamiento.. Lo ha expresado este martes en el marco de la jornada ‘Un sistema de protecció a la infància en revisió: cap a un model més garantista i respectuós amb els drets’, organizada por el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) para debatir y proponer alternativas para la protección y prevención de derechos de infantes y adolescentes en Cataluña.. «Contra más hagamos piña, más aguanta el menor arriba de todo», ha referenciado Muñoz con el ejemplo de un ‘castell’, si bien ha apelado al sector de la abogacía a dejar atrás los desencuentros producidos en el pasado y a trabajar junto con los Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) y el personal de los centros para lograr el objetivo compartido.. El director de la Dgppia ha reconocido que el principal reto es reducir al máximo la cifra de casos que llegan a los EAIA, y los que lleguen, intentar que el mínimo acaben en desamparos: «Es fácil decirlo, pero tenemos que dotarlo de medidas».. En este sentido, ha puesto en valor el conjunto de reformas practicadas en la Dppia para avanzar en la desinstitucionalización de los procesos, garantizar que los menores tengan mejores condiciones en los centros y atender con más recursos «casos complejos», a la espera de aprobar un plan de choque con un presupuesto concreto.. Cifras. En cifras hasta marzo, la Dgppia atiende a 8.687 menores de 18 años, un número inferior a los datos hasta febrero, que reflejaban que de los 8.724 menores unos 3.400 están acogidos por familias y unos 5.200 en centros residenciales, y si se suman los extutelados, la cifra total asciende a unos 15.000 menores.. Por ello, ha puesto en valor la complejidad de un sistema que integra a unos 13.000 profesionales y que, según Muñoz, siempre está a disposición de cuando se requiere: «Actuamos, a veces no lo hacemos todo bien, pero estamos cuando nos necesitan. La Dgppia no tiene listas de espera», ha defendido.. «Tejer complicidades». La secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania del Departamento de Derechos Sociales, Teresa Llorens, ha abogado por «tejer complicidades» entre todos los actores implicados y así lograr el objetivo común: mejorar el sistema de protección a la infancia y adolescencia.. «Venimos de un sistema que muchas veces ha estado tensionado con desequilibrios y situaciones de sobrecarga», ha reconocido Llorens, que ha indicado que se están haciendo muchos esfuerzos para transformar en profundidad este sistema y así se produzca un impacto real y tangible en el bienestar y calidad de vida de este sector de la población.. «Elementos clave». Para lograrlo, ha propuesto diferentes aspectos clave como el trabajo con las familias desde el respeto, confianza y ofreciendo herramientas terapéuticas, educativas y sociales para favorecer la reunificación de los procesos familiares, siempre que sea posible.. En esta línea, ha resaltado los servicios de intervención socioeducativa (SIS) como pieza clave para acompañar a los infantes y a sus familias y así evitar situaciones de riesgo. También ha puesto en valor la estrategia para evitar la institucionalización, que ha indicado que pasa por reforzar los equipos y revisar los modelos de bases, en vigor desde 2010 y que se debe revisar.. Finalmente, Llorens ha abogado por mejorar la atención integral en casos de violencia a través del modelo Barnahus: «Todavía nos queda mucho trabajo por hacer», ha reconocido, si bien ha señalado que es importante tener en cuenta todos los servicios que intervienen en este proceso para así evitar la revictimización.. Cristina Vallejo. En la inauguración de la jornada, la decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha puesto en valor el papel de la abogacía, que debe ser «gratuita y necesaria» también en para los menores y adolescentes que la necesiten, y que tiene que jugar un papel importante para garantizar los derechos de los niños y niñas.. Además, ha añadido que la justicia gratuita debe ir acompañada de una formación especializada, no solo en la abogacía, sino también en jueces y fiscales: «Todo abogado que participe en este proceso debe conocer el proceso y tener sensibilización de un proceso de desamparo», ha dicho Vallejo.. Síndica de Greuges. En su intervención, la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha subrayado la importancia de que los menores tengan a su disposición el servicio de justicia gratuita y ha instado a elaborar una ley que prohíba que los menores de 6 años estén institucionalizados.. En este sentido, ha lamentado que a veces el tiempo que el menor está en este proceso es demasiado elevado, por lo que ha solicitado que este debe ser un «periodo breve».

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La Generalitat atiende actualmente a 8.687 menores de 18 años

  

El director de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) de la Generalitat, Josep Muñoz, ha instado al sector de la abogacía a «hacer piña» y a colaborar con todos los profesionales que atienden a menores para no dejarles caer y facilitar su proceso de acompañamiento.. Lo ha expresado este martes en el marco de la jornada ‘Un sistema de protecció a la infància en revisió: cap a un model més garantista i respectuós amb els drets’, organizada por el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) para debatir y proponer alternativas para la protección y prevención de derechos de infantes y adolescentes en Cataluña.. «Contra más hagamos piña, más aguanta el menor arriba de todo», ha referenciado Muñoz con el ejemplo de un ‘castell’, si bien ha apelado al sector de la abogacía a dejar atrás los desencuentros producidos en el pasado y a trabajar junto con los Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) y el personal de los centros para lograr el objetivo compartido.. El director de la Dgppia ha reconocido que el principal reto es reducir al máximo la cifra de casos que llegan a los EAIA, y los que lleguen, intentar que el mínimo acaben en desamparos: «Es fácil decirlo, pero tenemos que dotarlo de medidas».. En este sentido, ha puesto en valor el conjunto de reformas practicadas en la Dppia para avanzar en la desinstitucionalización de los procesos, garantizar que los menores tengan mejores condiciones en los centros y atender con más recursos «casos complejos», a la espera de aprobar un plan de choque con un presupuesto concreto.. Cifras. En cifras hasta marzo, la Dgppia atiende a 8.687 menores de 18 años, un número inferior a los datos hasta febrero, que reflejaban que de los 8.724 menores unos 3.400 están acogidos por familias y unos 5.200 en centros residenciales, y si se suman los extutelados, la cifra total asciende a unos 15.000 menores.. Por ello, ha puesto en valor la complejidad de un sistema que integra a unos 13.000 profesionales y que, según Muñoz, siempre está a disposición de cuando se requiere: «Actuamos, a veces no lo hacemos todo bien, pero estamos cuando nos necesitan. La Dgppia no tiene listas de espera», ha defendido.. «Tejer complicidades». La secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania del Departamento de Derechos Sociales, Teresa Llorens, ha abogado por «tejer complicidades» entre todos los actores implicados y así lograr el objetivo común: mejorar el sistema de protección a la infancia y adolescencia.. «Venimos de un sistema que muchas veces ha estado tensionado con desequilibrios y situaciones de sobrecarga», ha reconocido Llorens, que ha indicado que se están haciendo muchos esfuerzos para transformar en profundidad este sistema y así se produzca un impacto real y tangible en el bienestar y calidad de vida de este sector de la población.. «Elementos clave». Para lograrlo, ha propuesto diferentes aspectos clave como el trabajo con las familias desde el respeto, confianza y ofreciendo herramientas terapéuticas, educativas y sociales para favorecer la reunificación de los procesos familiares, siempre que sea posible.. En esta línea, ha resaltado los servicios de intervención socioeducativa (SIS) como pieza clave para acompañar a los infantes y a sus familias y así evitar situaciones de riesgo. También ha puesto en valor la estrategia para evitar la institucionalización, que ha indicado que pasa por reforzar los equipos y revisar los modelos de bases, en vigor desde 2010 y que se debe revisar.. Finalmente, Llorens ha abogado por mejorar la atención integral en casos de violencia a través del modelo Barnahus: «Todavía nos queda mucho trabajo por hacer», ha reconocido, si bien ha señalado que es importante tener en cuenta todos los servicios que intervienen en este proceso para así evitar la revictimización.. Cristina Vallejo. En la inauguración de la jornada, la decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha puesto en valor el papel de la abogacía, que debe ser «gratuita y necesaria» también en para los menores y adolescentes que la necesiten, y que tiene que jugar un papel importante para garantizar los derechos de los niños y niñas.. Además, ha añadido que la justicia gratuita debe ir acompañada de una formación especializada, no solo en la abogacía, sino también en jueces y fiscales: «Todo abogado que participe en este proceso debe conocer el proceso y tener sensibilización de un proceso de desamparo», ha dicho Vallejo.. Síndica de Greuges. En su intervención, la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha subrayado la importancia de que los menores tengan a su disposición el servicio de justicia gratuita y ha instado a elaborar una ley que prohíba que los menores de 6 años estén institucionalizados.. En este sentido, ha lamentado que a veces el tiempo que el menor está en este proceso es demasiado elevado, por lo que ha solicitado que este debe ser un «periodo breve».

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