El juicio por la primitiva de 4,7 millones de euros entra en su recta final con versiones enfrentadas y un elemento que sigue sin resolverse: quién es el legítimo propietario del boleto. En este contexto, el delegado provincial de Loterías, Miguel Reija, ha defendido su actuación y la de su hermano, el lotero Manuel Reija, negando cualquier irregularidad en la gestión del resguardo premiado.. Durante su declaración en la Audiencia Provincial de A Coruña, el delegado fue tajante: “No vi actitud ilícita”, aseguró, justificando así que en ningún momento alertase a la Policía. Según explicó, su intervención se limitó a seguir “órdenes directas” de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en un escenario en el que, recalcó, no existía un protocolo claro para actuar ante la aparición de un boleto premiado sin dueño identificado.. El origen del caso se remonta al verano de 2012, cuando un cliente acudió a una administración de A Coruña para comprobar varios boletos. Según sostiene la Fiscalía, el lotero, tras conocer que uno de ellos estaba premiado con 4,7 millones de euros, se lo quedó sin informar al apostante ni devolverle el resguardo. A partir de ahí, habría iniciado, presuntamente, junto a su hermano, entonces delegado provincial, una serie de gestiones para facilitar el cobro del premio como si fuese el legítimo propietario.. Frente a esta versión, Miguel Reija defendió que dio por buena la explicación de su hermano, quien le aseguró haber encontrado el boleto entre otros resguardos. “La di totalmente por buena”, afirmó, insistiendo en que no detectó indicios de fraude. Además, subrayó que su primera reacción fue preservar posibles pruebas. “Lo metí en una bolsa de plástico para proteger las huellas”, explicó ante el tribunal.. Gestión del boleto. Otro de los puntos clave del proceso ha sido la gestión posterior del boleto. El delegado reconoció que recomendó devolverlo a la administración para facilitar una eventual reclamación por parte del propietario y que, paralelamente, consultó con otros responsables de Loterías antes de comunicar el caso a la SELAE. En este sentido, defendió que la tramitación de la reclamación no buscaba cobrar el premio, sino “evitar su caducidad”.. En línea con esta defensa, aseguró que su hermano “en ningún momento” intentó cobrar el dinero y que su comportamiento fue “totalmente honorable”, subrayando que habría tenido opciones de hacerlo de forma discreta en otros puntos del país.. La comunicación con la administración que vendió el boleto es otro de los aspectos bajo escrutinio. Reija explicó que informó de que el resguardo “había aparecido” y pidió que cualquier consulta se derivase a la delegación provincial, negando haber dicho que el premio estuviese cobrado. Según su versión, actuó así para evitar sospechas de blanqueo de capitales y proteger tanto el proceso como a la vendedora.. Pese a estas explicaciones, la Fiscalía mantiene su acusación y solicita seis años de prisión para cada uno de los hermanos: para el lotero por un presunto delito de estafa o apropiación indebida, y para el delegado por blanqueo de capitales. Las acusaciones particulares, ejercidas por dos familias que reclaman el premio —la del supuesto propietario identificado por la Policía y la de otro fallecido que también llegó a reclamarlo—, se han sumado a estas peticiones.
La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los dos hermanos
El juicio por la primitiva de 4,7 millones de euros entra en su recta final con versiones enfrentadas y un elemento que sigue sin resolverse: quién es el legítimo propietario del boleto. En este contexto, el delegado provincial de Loterías, Miguel Reija, ha defendido su actuación y la de su hermano, el lotero Manuel Reija, negando cualquier irregularidad en la gestión del resguardo premiado.. Durante su declaración en la Audiencia Provincial de A Coruña, el delegado fue tajante: “No vi actitud ilícita”, aseguró, justificando así que en ningún momento alertase a la Policía. Según explicó, su intervención se limitó a seguir “órdenes directas” de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), en un escenario en el que, recalcó, no existía un protocolo claro para actuar ante la aparición de un boleto premiado sin dueño identificado.. El origen del caso se remonta al verano de 2012, cuando un cliente acudió a una administración de A Coruña para comprobar varios boletos. Según sostiene la Fiscalía, el lotero, tras conocer que uno de ellos estaba premiado con 4,7 millones de euros, se lo quedó sin informar al apostante ni devolverle el resguardo. A partir de ahí, habría iniciado, presuntamente, junto a su hermano, entonces delegado provincial, una serie de gestiones para facilitar el cobro del premio como si fuese el legítimo propietario.. Frente a esta versión, Miguel Reija defendió que dio por buena la explicación de su hermano, quien le aseguró haber encontrado el boleto entre otros resguardos. “La di totalmente por buena”, afirmó, insistiendo en que no detectó indicios de fraude. Además, subrayó que su primera reacción fue preservar posibles pruebas. “Lo metí en una bolsa de plástico para proteger las huellas”, explicó ante el tribunal.. Otro de los puntos clave del proceso ha sido la gestión posterior del boleto. El delegado reconoció que recomendó devolverlo a la administración para facilitar una eventual reclamación por parte del propietario y que, paralelamente, consultó con otros responsables de Loterías antes de comunicar el caso a la SELAE. En este sentido, defendió que la tramitación de la reclamación no buscaba cobrar el premio, sino “evitar su caducidad”.. En línea con esta defensa, aseguró que su hermano “en ningún momento” intentó cobrar el dinero y que su comportamiento fue “totalmente honorable”, subrayando que habría tenido opciones de hacerlo de forma discreta en otros puntos del país.. La comunicación con la administración que vendió el boleto es otro de los aspectos bajo escrutinio. Reija explicó que informó de que el resguardo “había aparecido” y pidió que cualquier consulta se derivase a la delegación provincial, negando haber dicho que el premio estuviese cobrado. Según su versión, actuó así para evitar sospechas de blanqueo de capitales y proteger tanto el proceso como a la vendedora.. Pese a estas explicaciones, la Fiscalía mantiene su acusación y solicita seis años de prisión para cada uno de los hermanos: para el lotero por un presunto delito de estafa o apropiación indebida, y para el delegado por blanqueo de capitales. Las acusaciones particulares, ejercidas por dos familias que reclaman el premio —la del supuesto propietario identificado por la Policía y la de otro fallecido que también llegó a reclamarlo—, se han sumado a estas peticiones.
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