La participación de las mujeres españolas en los programas de detección precoz del cáncer de mama continúa por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia . Así lo refleja un informe monográfico publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad, que además advierte de un aumento de las desigualdades sociales en el acceso a estas pruebas, un factor que puede comprometer la eficacia de los programas de cribado y retrasar diagnósticos.. Según los datos de la Encuesta de Salud de España 2023, el 68% de las mujeres de entre 50 y 69 años afirma haberse realizado una mamografía en los dos años anteriores. La cifra contrasta con el 81,5% registrado en 2017, lo que supone un descenso de 13,5 puntos porcentuales.. El trabajo señala que esta caída no se debe principalmente a un aumento de mujeres que nunca se han sometido a una mamografía, sino a que muchas han dejado pasar más tiempo del recomendado entre una prueba y otra. Los expertos recuerdan que la periodicidad es uno de los elementos clave para que los programas de detección precoz logren identificar tumores en fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son significativamente mayores.. La reducción en la participación ha sido más acusada entre las mujeres de grupos socialmente más desfavorecidos. Mientras que las pertenecientes a entornos socioeconómicos más favorecidos mantienen coberturas cercanas al 75% y 77%, las cifras descienden hasta el entorno del 60% en los grupos más vulnerables.. Los expertos consideran que estas diferencias pueden estar relacionadas con factores como las dificultades para conciliar horarios, barreras de acceso al sistema sanitario, menor información sobre los programas o una menor percepción del riesgo.. La citologías tampoco recuperan los niveles previos. La detección precoz del cáncer de cuello uterino presenta una evolución similar. En 2023, el 75,6% de las mujeres de entre 25 y 64 años declaró haberse realizado una citología vaginal en los cinco años anteriores. Aunque se trata de una cobertura elevada, continúa por debajo de los niveles cercanos al 80% que se habían alcanzado antes de la pandemia.. La caída es especialmente visible entre las mujeres jóvenes de entre 25 y 34 años y también entre los grupos socialmente más desfavorecidos. De hecho, mientras las mujeres con mejores condiciones socioeconómicas superan el 80% de participación, las pertenecientes a los grupos más vulnerables no alcanzan el 70%.. A ello se suman diferencias según el país de nacimiento y la comunidad autónoma de residencia, lo que pone de manifiesto la existencia de desigualdades persistentes en el acceso a las pruebas preventivas.. Avance lento de la prueba del VPH. El informe analiza asimismo la implantación de la prueba del virus del papiloma humano (VPH), una estrategia que está sustituyendo progresivamente a la citología tradicional como herramienta principal de cribado del cáncer de cuello de útero debido a su mayor sensibilidad para detectar lesiones precursoras.. Sin embargo, los datos reflejan que su implantación aún es limitada. Solo el 25,6% de las mujeres de entre 35 y 65 años afirma haberse realizado esta prueba en los últimos cinco años, mientras que más de siete de cada diez aseguran no habérsela hecho nunca.. Para Sanidad, estas cifras evidencian que el despliegue del nuevo modelo todavía se encuentra en una fase inicial y que persisten importantes diferencias territoriales y sociales.. El cáncer de colon, la excepción positiva. Frente a la evolución observada en otros programas, el cribado del cáncer colorrectal continúa creciendo. En 2023, el 38,7% de las personas de entre 50 y 69 años declaró haberse realizado una prueba de sangre oculta en heces en los dos años previos, frente al 3,4% registrado en 2009.. Este incremento responde a la progresiva implantación de los programas poblacionales en todo el territorio nacional. Aun así, el margen de mejora sigue siendo considerable: el 45,2% de las personas en la franja de edad diana asegura no haberse realizado nunca la prueba.. Las cifras son todavía más bajas entre la población nacida en el extranjero y en determinados grupos sociales desfavorecidos, donde más de la mitad nunca ha participado en el programa.
Además, más del 70% de las mujeres de 35 a 65 años asegura no haberse realizado nunca la prueba del VPH, para prevenir los tumores de cuello de útero
La reforma del Estatuto de la Mutualidad General de Funcionarias y Funcionarios Civiles del Estado (Muface), aprobada por el Gobierno, ha desatado un fuerte malestar entre las organizaciones sindicales. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mutualidad, ha presentado una queja formal y ha solicitado una reunión urgente con la directora del organismo al considerar que el nuevo texto reduce la participación sindical y debilita los mecanismos de control y supervisión.. El Real Decreto redefine la estructura de los órganos de dirección y gestión de la mutualidad y refuerza el papel de la Presidencia, que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública. A partir de ahora, sus actos y resoluciones agotarán la vía administrativa, lo que, según CSIF, centraliza el poder decisorio y limita la capacidad de interlocución de los representantes de los mutualistas.. La reforma también delimita las funciones de la Dirección General, que asume competencias en gestión económica y financiera, planificación, sistemas de información y estadísticas.. En un comunicado, CSIF asegura está analizando las implicaciones jurídicas de esta modificación, que podría restar capacidad de control a los sindicatos integrantes de Muface y que están estudiando posibilidad de recurrir el Real Decreto de reforma. Además, indica que iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso. «En la misma línea, exigimos la participación de los sindicatos en las comisiones de seguimiento del concierto sanitario».. «CSIF siempre ha defendido la vigencia del modelo de mutualismo administrativo. La presión de nuestro sindicato salvó el actual concierto después de la crisis que se produjo a finales de 2024 por la insuficiente financiación que provocó la salida de la aseguradora DVK y el bloqueo en la atención sanitaria a mutualistas por el retraso en la renovación del concierto», señalan. «Nuestra organización anima a nuestros mutualistas a que denuncien siempre, oficialmente ante Muface y la compañía que presta el servicio, todas las situaciones en las que se veaperjudicados, poniéndolas en nuestro conocimiento para que CSIF eleve las quejas y salgan a la luz los problemas que puedan surgir», añaden.
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