La estabilidad del Govern de Salvador Illa se sostiene sobre una paradoja difícil de esquivar: buena parte de los acuerdos que hicieron posible su investidura no dependen, en última instancia, ni de la Generalitat ni siquiera del Gobierno central. Su destino se decide en el Congreso, donde Junts per Catalunya tiene en sus manos la capacidad de hacerlos prosperar, o de enterrarlos.. El mejor ejemplo de esta situación se verá este martes por la tarde, cuando la Cámara baja vote si admite a trámite la ley para crear un consorcio de inversiones en infraestructuras pactado entre PSC y ERC. Se trata de un instrumento concebido para corregir un problema estructural: la baja ejecución de las inversiones que el Estado presupone para Cataluña. En la primera mitad de 2024, apenas se materializó un 20% de lo previsto, muy lejos de territorios como Madrid, donde se superó el 57%.. El consorcio nace, precisamente, para intentar cerrar esa brecha histórica. Cataluña arrastra un déficit fiscal que supera los 20.000 millones de euros anuales —más de 21.000 millones en 2022, según cálculos oficiales— y, a ello, se suma un déficit crónico en la ejecución de infraestructuras. Durante décadas se han ensayado distintas fórmulas para corregirlo, desde cláusulas estatutarias hasta mecanismos de gestión indirecta, con resultados limitados. La nueva propuesta de ERC y el PSC pretende, sostienen, que la Generalitat tendría voz y voto en la planificación de inversiones estatales en su territorio.. El diseño del consorcio prevé un órgano adscrito a la Administración General del Estado, con participación del Ministerio de Transportes y del Govern. Su función no será ejecutar directamente las obras, sino definir planes plurianuales, supervisar su cumplimiento y reprogramar actuaciones si los plazos se desvían. En paralelo, se crearía una sociedad mercantil —también participada por ambas administraciones— encargada de la ejecución material de los proyectos.. Sobre el papel, el cambio es significativo. Desde ERC se defiende que la implicación de la Generalitat aportaría “fiabilidad” y permitiría gestionar desde la proximidad unos recursos que hasta ahora dependían exclusivamente de decisiones tomadas en Madrid. Sin embargo, el propio diseño del organismo revela sus límites: el dinero sigue siendo estatal, el control presupuestario recae en el Ministerio de Hacienda y la última palabra corresponde al Consejo de Ministros. En otras palabras, el margen de la Generalitat dependerá siempre de la voluntad política del Gobierno central.. Sin garantías. Antes de comprobar si el consorcio funciona o no, debe superar un filtro previo: la aritmética parlamentaria. Y ahí es donde emerge la verdadera fragilidad del acuerdo. La ley no tiene garantizados los apoyos necesarios y su aprobación —aunque solo sea para iniciar la tramitación— depende de los siete diputados de Junts. El bloque de investidura suma apoyos suficientes para rozar la mayoría, pero necesita al menos la abstención del partido de Carles Puigdemont para evitar que la iniciativa decaiga.. La posición de Junts, por ahora, es contraria. Considera el consorcio “innecesario” y defiende una alternativa más directa: que el Estado transfiera a la Generalitat el dinero no ejecutado en infraestructuras sin pasar por nuevos organismos intermedios. Para sostener esta tesis, el partido apela a la disposición adicional tercera del Estatut, que establecía que la inversión estatal en Cataluña debía equipararse a su peso en el PIB —alrededor del 19%— y que, en caso de incumplimiento, debía compensarse a la Generalitat. En la práctica, ese mecanismo solo se aplicó el primer año.. El rechazo de Junts no responde únicamente a una discrepancia técnica. También tiene una lectura política. El partido ve el consorcio como una pieza que podría facilitar un acuerdo presupuestario entre el Govern y ERC, consolidando la legislatura de Illa. Y eso choca con su estrategia en el Congreso, donde mantiene una relación tensa con el PSOE y busca maximizar su capacidad de presión.. Lo relevante es que este escenario no es una excepción, sino la norma. El consorcio de inversiones es simplemente el primer gran proyecto derivado del pacto PSC-ERC que llega al Congreso, pero no será el último. La financiación singular, la condonación de parte de la deuda del FLA o la cesión de la recaudación del IRPF siguen un camino similar: requieren tramitación estatal y, por tanto, están sujetos a las mismas mayorías parlamentarias. Así, el pacto de investidura entre Illa y ERC se sostiene, en última instancia, sobre la voluntad de Junts.
La ley del consorcio se vota en el Congreso sin apoyos asegurados y con Junts en contra
La estabilidad del Govern de Salvador Illa se sostiene sobre una paradoja difícil de esquivar: buena parte de los acuerdos que hicieron posible su investidura no dependen, en última instancia, ni de la Generalitat ni siquiera del Gobierno central. Su destino se decide en el Congreso, donde Junts per Catalunya tiene en sus manos la capacidad de hacerlos prosperar, o de enterrarlos.. El mejor ejemplo de esta situación se verá este martes por la tarde, cuando la Cámara baja vote si admite a trámite la ley para crear un consorcio de inversiones en infraestructuras pactado entre PSC y ERC. Se trata de un instrumento concebido para corregir un problema estructural: la baja ejecución de las inversiones que el Estado presupone para Cataluña. En la primera mitad de 2024, apenas se materializó un 20% de lo previsto, muy lejos de territorios como Madrid, donde se superó el 57%.. El consorcio nace, precisamente, para intentar cerrar esa brecha histórica. Cataluña arrastra un déficit fiscal que supera los 20.000 millones de euros anuales —más de 21.000 millones en 2022, según cálculos oficiales— y, a ello, se suma un déficit crónico en la ejecución de infraestructuras. Durante décadas se han ensayado distintas fórmulas para corregirlo, desde cláusulas estatutarias hasta mecanismos de gestión indirecta, con resultados limitados. La nueva propuesta de ERC y el PSC pretende, sostienen, que la Generalitat tendría voz y voto en la planificación de inversiones estatales en su territorio.. El diseño del consorcio prevé un órgano adscrito a la Administración General del Estado, con participación del Ministerio de Transportes y del Govern. Su función no será ejecutar directamente las obras, sino definir planes plurianuales, supervisar su cumplimiento y reprogramar actuaciones si los plazos se desvían. En paralelo, se crearía una sociedad mercantil —también participada por ambas administraciones— encargada de la ejecución material de los proyectos.. Sobre el papel, el cambio es significativo. Desde ERC se defiende que la implicación de la Generalitat aportaría “fiabilidad” y permitiría gestionar desde la proximidad unos recursos que hasta ahora dependían exclusivamente de decisiones tomadas en Madrid. Sin embargo, el propio diseño del organismo revela sus límites: el dinero sigue siendo estatal, el control presupuestario recae en el Ministerio de Hacienda y la última palabra corresponde al Consejo de Ministros. En otras palabras, el margen de la Generalitat dependerá siempre de la voluntad política del Gobierno central.. Sin garantías. Antes de comprobar si el consorcio funciona o no, debe superar un filtro previo: la aritmética parlamentaria. Y ahí es donde emerge la verdadera fragilidad del acuerdo. La ley no tiene garantizados los apoyos necesarios y su aprobación —aunque solo sea para iniciar la tramitación— depende de los siete diputados de Junts. El bloque de investidura suma apoyos suficientes para rozar la mayoría, pero necesita al menos la abstención del partido de Carles Puigdemont para evitar que la iniciativa decaiga.. La posición de Junts, por ahora, es contraria. Considera el consorcio “innecesario” y defiende una alternativa más directa: que el Estado transfiera a la Generalitat el dinero no ejecutado en infraestructuras sin pasar por nuevos organismos intermedios. Para sostener esta tesis, el partido apela a la disposición adicional tercera del Estatut, que establecía que la inversión estatal en Cataluña debía equipararse a su peso en el PIB —alrededor del 19%— y que, en caso de incumplimiento, debía compensarse a la Generalitat. En la práctica, ese mecanismo solo se aplicó el primer año.. El rechazo de Junts no responde únicamente a una discrepancia técnica. También tiene una lectura política. El partido ve el consorcio como una pieza que podría facilitar un acuerdo presupuestario entre el Govern y ERC, consolidando la legislatura de Illa. Y eso choca con su estrategia en el Congreso, donde mantiene una relación tensa con el PSOE y busca maximizar su capacidad de presión.. Lo relevante es que este escenario no es una excepción, sino la norma. El consorcio de inversiones es simplemente el primer gran proyecto derivado del pacto PSC-ERC que llega al Congreso, pero no será el último. La financiación singular, la condonación de parte de la deuda del FLA o la cesión de la recaudación del IRPF siguen un camino similar: requieren tramitación estatal y, por tanto, están sujetos a las mismas mayorías parlamentarias. Así, el pacto de investidura entre Illa y ERC se sostiene, en última instancia, sobre la voluntad de Junts.
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