El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León recalcó su “profunda preocupación” ante la “incertidumbre” generada por el decreto de medidas fiscales aprobado por el Gobierno ante la crisis por la guerra de Oriente Medio, que, en su configuración actual, “aunque todas las rebajas fiscales son bienvenidas, introduce un nivel de inestabilidad que dificulta la planificación empresarial en un momento especialmente sensible para la economía, en función de la duración de los conflictos internacionales”. Ante la actual situación, reclaman “certidumbre, estabilidad y visión estructural” en el paquete de medidas previstas.. A través de un comunicado la institución asegura que la volatilidad de los mercados energéticos, el incremento de los costes operativos y la presión que soportan sectores estratégicos como el transporte, la industria, la agricultura o la logística “exigen un marco normativo claro, estable y previsible”. Por ello, el Consejo considera “imprescindible” que el Gobierno “aporte mayor claridad sobre el alcance real del decreto, su duración efectiva, los criterios de activación o desactivación de las medidas y los escenarios previstos en caso de que no sea convalidado”, ya que la falta de certidumbre afecta directamente a la capacidad de las empresas para tomar decisiones de inversión, contratación y actividad.. “El tejido empresarial necesita seguridad jurídica y una visión de largo plazo que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la coyuntura internacional, y resulta esencial reforzar el diálogo institucional para asegurar que las medidas fiscales respondan a las necesidades reales de pymes, autónomos y sectores productivos”, valoran, además de pedir que se tenga en cuenta la deflactación del IRPF dado cómo está mermando el poder adquisitivo debido a la elevada inflación. En este sentido, confían en que la Junta de Castilla y León pueda poner en marcha medidas que ayuden al tejido productivo regional a paliar la situación.. En este mismo contexto, el Consejo recuerda que la política de vivienda constituye un pilar estructural para el desarrollo económico y social de Castilla y León y que también requiere estabilidad regulatoria y una orientación estratégica.. Incrementar la oferta de suelo apto para vivienda asequible, agilizar los trámites urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler y promover la modernización del sector mediante industrialización, digitalización y colaboración público‑privada son para ellos “elementos esenciales para mejorar la accesibilidad y favorecer un entorno que permita atraer inversión, actividad y población”, informa Ical.. “Estas líneas de actuación, que el Consejo considera prioritarias, deben integrarse en un marco coherente que complemente las medidas fiscales y contribuya a un entorno económico más sólido y predecible. Por ello, el Consejo insiste en la necesidad de que las decisiones que se adopten en ambos ámbitos se orienten a la certidumbre, la estabilidad y el largo plazo, elementos imprescindibles para fortalecer la actividad empresarial, proteger el empleo y asegurar un desarrollo económico sostenible”, completan.
Recalca su “profunda preocupación” ante la “incertidumbre” generada por el decreto de medidas fiscales
El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León recalcó su “profunda preocupación” ante la “incertidumbre” generada por el decreto de medidas fiscales aprobado por el Gobierno ante la crisis por la guerra de Oriente Medio, que, en su configuración actual, “aunque todas las rebajas fiscales son bienvenidas, introduce un nivel de inestabilidad que dificulta la planificación empresarial en un momento especialmente sensible para la economía, en función de la duración de los conflictos internacionales”. Ante la actual situación, reclaman “certidumbre, estabilidad y visión estructural” en el paquete de medidas previstas.. A través de un comunicado la institución asegura que la volatilidad de los mercados energéticos, el incremento de los costes operativos y la presión que soportan sectores estratégicos como el transporte, la industria, la agricultura o la logística “exigen un marco normativo claro, estable y previsible”. Por ello, el Consejo considera “imprescindible” que el Gobierno “aporte mayor claridad sobre el alcance real del decreto, su duración efectiva, los criterios de activación o desactivación de las medidas y los escenarios previstos en caso de que no sea convalidado”, ya que la falta de certidumbre afecta directamente a la capacidad de las empresas para tomar decisiones de inversión, contratación y actividad.. “El tejido empresarial necesita seguridad jurídica y una visión de largo plazo que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la coyuntura internacional, y resulta esencial reforzar el diálogo institucional para asegurar que las medidas fiscales respondan a las necesidades reales de pymes, autónomos y sectores productivos”, valoran, además de pedir que se tenga en cuenta la deflactación del IRPF dado cómo está mermando el poder adquisitivo debido a la elevada inflación. En este sentido, confían en que la Junta de Castilla y León pueda poner en marcha medidas que ayuden al tejido productivo regional a paliar la situación.. En este mismo contexto, el Consejo recuerda que la política de vivienda constituye un pilar estructural para el desarrollo económico y social de Castilla y León y que también requiere estabilidad regulatoria y una orientación estratégica.. Incrementar la oferta de suelo apto para vivienda asequible, agilizar los trámites urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler y promover la modernización del sector mediante industrialización, digitalización y colaboración público‑privada son para ellos “elementos esenciales para mejorar la accesibilidad y favorecer un entorno que permita atraer inversión, actividad y población”, informa Ical.. “Estas líneas de actuación, que el Consejo considera prioritarias, deben integrarse en un marco coherente que complemente las medidas fiscales y contribuya a un entorno económico más sólido y predecible. Por ello, el Consejo insiste en la necesidad de que las decisiones que se adopten en ambos ámbitos se orienten a la certidumbre, la estabilidad y el largo plazo, elementos imprescindibles para fortalecer la actividad empresarial, proteger el empleo y asegurar un desarrollo económico sostenible”, completan.
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