El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 552 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 263 recursos durante el primer semestre de este año.. El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, explica que estas cifras ponen de manifiesto la intensidad de la actividad realizada por el Consejo, que ejerce su función de consejo con carácter superior y no vinculante, y por el Tribunal Administrativo, que resuelve los recursos en materia de contratación pública con carácter vinculante y similitudes evidentes con los fallos judiciales.. En este sentido, S. de Vega subraya la labor realizada por la institución, que es garantía de legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales, a la vez que resalta la importancia de la función que desarrolla el máximo órgano consultivo de la Comunidad con independencia, imparcialidad y objetividad.. Sánchez de Vega, por otro lado, destaca que los dos órganos ejercen esencialmente una misma función general, la de garantía y control de la legalidad, que llevan a cabo mediante el control y asesoramiento de legalidad de la iniciativa normativa de la Junta de Castilla y León; la tutela de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones por el funcionamiento de los servicios públicos; y, como Tribunal Administrativo, la resolución de los recursos en materia de contratación pública.. Asimismo recuerda que el Consejo Consultivo también puede emitir dictámenes facultativos cuando sea consultado por el Presidente de la Junta de Castilla y León, el Presidente, los rectores de las universidades públicas o el Pleno de las entidades locales en aquellos asuntos que, sin ser preceptivo el dictamen del Consejo, así lo requiera su especial trascendencia o repercusión.. El año pasado Valladolid, León, Salamanca y Burgos han sido las provincias de las que proceden más solicitudes de dictamen. Concretamente, de Valladolid, 113; León, 100; Salamanca, 77; Burgos, 70; Zamora, 58; Segovia, 37; Ávila, 35; Palencia, 26 y Soria, 9. El número total de dictámenes ordenados por provincia (525) difiere del total (552) porque solo se están teniendo en cuenta los expedientes que proceden de una sola provincia. Hay 27 expedientes que no pueden provincializarse, bien por tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o bien por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad.. En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 425 dictámenes, que representan un 76,99% del total, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial. Por materias, el mayor número (193) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con vías públicas. A continuación se sitúan las reclamaciones relacionadas con infraestructuras (56) y con el ámbito sanitario (52).. Del total de dictámenes, 370 proceden de consultas de las administraciones locales, 179 de la administración autonómica y 3 de las universidades públicas. En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el pasado año se resolvieron 263 recursos, la mayor parte relacionados con contratos de servicios, 153 (58,18%), siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación, 117 (44,49%).
Agustín Sánchez de Vega destaca que estas cifras muestran la intensidad de la labor realizada, que es garantía de legalidad
El Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado 552 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 263 recursos durante el primer semestre de este año.. El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín S. de Vega, explica que estas cifras ponen de manifiesto la intensidad de la actividad realizada por el Consejo, que ejerce su función de consejo con carácter superior y no vinculante, y por el Tribunal Administrativo, que resuelve los recursos en materia de contratación pública con carácter vinculante y similitudes evidentes con los fallos judiciales.. En este sentido, S. de Vega subraya la labor realizada por la institución, que es garantía de legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos y de las entidades locales, a la vez que resalta la importancia de la función que desarrolla el máximo órgano consultivo de la Comunidad con independencia, imparcialidad y objetividad.. Sánchez de Vega, por otro lado, destaca que los dos órganos ejercen esencialmente una misma función general, la de garantía y control de la legalidad, que llevan a cabo mediante el control y asesoramiento de legalidad de la iniciativa normativa de la Junta de Castilla y León; la tutela de los derechos de los ciudadanos ante las administraciones por el funcionamiento de los servicios públicos; y, como Tribunal Administrativo, la resolución de los recursos en materia de contratación pública.. Asimismo recuerda que el Consejo Consultivo también puede emitir dictámenes facultativos cuando sea consultado por el Presidente de la Junta de Castilla y León, el Presidente, los rectores de las universidades públicas o el Pleno de las entidades locales en aquellos asuntos que, sin ser preceptivo el dictamen del Consejo, así lo requiera su especial trascendencia o repercusión.. El año pasado Valladolid, León, Salamanca y Burgos han sido las provincias de las que proceden más solicitudes de dictamen. Concretamente, de Valladolid, 113; León, 100; Salamanca, 77; Burgos, 70; Zamora, 58; Segovia, 37; Ávila, 35; Palencia, 26 y Soria, 9. El número total de dictámenes ordenados por provincia (525) difiere del total (552) porque solo se están teniendo en cuenta los expedientes que proceden de una sola provincia. Hay 27 expedientes que no pueden provincializarse, bien por tratarse de proyectos normativos de la Junta de Castilla y León (anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos, etc.) o bien por afectar a varias provincias o a toda la Comunidad.. En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 425 dictámenes, que representan un 76,99% del total, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial. Por materias, el mayor número (193) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial relacionados con vías públicas. A continuación se sitúan las reclamaciones relacionadas con infraestructuras (56) y con el ámbito sanitario (52).. Del total de dictámenes, 370 proceden de consultas de las administraciones locales, 179 de la administración autonómica y 3 de las universidades públicas. En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el pasado año se resolvieron 263 recursos, la mayor parte relacionados con contratos de servicios, 153 (58,18%), siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación, 117 (44,49%).
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