La propuesta registrada esta semana por Vox en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos ha reactivado un debate recurrente en la política española. En Cataluña, Aliança Catalana también ha llevado la cuestión al Parlament, presentándola como una defensa de la igualdad y la seguridad. Sin embargo, mucho antes de que estas formaciones situaran el velo integral en el centro de la confrontación política, un alcalde socialista ya trató de vetarlo desde un ayuntamiento catalán.. Corría el año 2010 cuando el entonces alcalde de Lleida, Àngel Ros, dirigente del PSC, anunció su intención de impedir el acceso a edificios municipales a las personas que llevaran prendas que ocultaran completamente el rostro, como el burka o el niqab. La medida, presentada como pionera en España, buscaba esquivar los límites legales que impedían regular este tipo de vestimenta en la vía pública.. El Ayuntamiento de Lleida se apoyó en un informe jurídico que descartaba prohibir el velo integral en la calle, al considerar que afectaba a derechos fundamentales como la libertad religiosa. Ante ese obstáculo, el consistorio optó por modificar la ordenanza de usos y accesos a los equipamientos municipales. La prohibición se aplicaría en espacios como bibliotecas, centros cívicos, pabellones deportivos o instalaciones educativas, bajo el argumento de que era necesario garantizar la identificación de las personas.. Ros defendió entonces que el velo integral incumplía «los valores de igualdad de género y libertad” y que la ordenanza tenía como objetivo proteger la dignidad de las mujeres. La iniciativa partía de una moción impulsada por CiU, que acabó reformulándose tras el informe jurídico y derivó en un texto consensuado con el PSC, con la expectativa de sumar también al PP y a ERC.. La propuesta municipal no se limitaba a la prohibición. Incluía además acciones pedagógicas y formativas dirigidas a los distintos colectivos de la ciudad, así como la implicación de la Asamblea de Religiones de Lleida —que agrupa a una veintena de confesiones— para fomentar el diálogo intercultural y difundir valores comunes. En paralelo, el pleno instaba a la Generalitat y al Gobierno central a regular el uso del velo integral desde ámbitos competenciales superiores.. En aquel contexto, el entonces president de la Generalitat, José Montilla, se mostró reticente a impulsar una prohibición generalizada y advirtió contra el riesgo de “crear un problema” cuando el uso de estas prendas era muy minoritario en el espacio público.. El recorrido judicial de la ordenanza acabó marcando un límite claro. Años después, el Tribunal Supremo anuló la prohibición aprobada por el consistorio leridano y revocó la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que la había avalado. El alto tribunal estimó el recurso presentado por la asociación musulmana Watani y concluyó que una ordenanza municipal no podía limitar un derecho fundamental como la libertad religiosa sin una ley estatal previa que estableciera ese marco.. El Supremo rechazó además que el uso del velo integral alterara la tranquilidad ciudadana, la seguridad o el orden público, y cuestionó que pudiera darse por hecho que las mujeres que lo llevan lo hacen siempre bajo coacción. En su fallo, subrayó que la Constitución consagra la libertad religiosa como elemento del orden público protegido y recordó que, en el entorno occidental, no existe de forma general una prohibición de este tipo.. Pese a acatar la sentencia, Ros manifestó públicamente su desacuerdo. Defendió que la ordenanza perseguía la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación en el espacio público, y sostuvo que el propio fallo dejaba abierta la puerta a que el legislador estatal o autonómico pudiera regular esta cuestión. Su intención, dijo entonces, era promover una iniciativa en las Cortes o en los parlamentos para lograr una regulación similar por vía legal. Quince años después, el debate regresa con nuevos protagonistas y en un clima político mucho más polarizado.
Àngel Ros impulsó en 2010 una ordenanza pionera desde la alcaldía de Lleida
La propuesta registrada esta semana por Vox en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos ha reactivado un debate recurrente en la política española. En Cataluña, Aliança Catalana también ha llevado la cuestión al Parlament, presentándola como una defensa de la igualdad y la seguridad. Sin embargo, mucho antes de que estas formaciones situaran el velo integral en el centro de la confrontación política, un alcalde socialista ya trató de vetarlo desde un ayuntamiento catalán.. Corría el año 2010 cuando el entonces alcalde de Lleida, Àngel Ros, dirigente del PSC, anunció su intención de impedir el acceso a edificios municipales a las personas que llevaran prendas que ocultaran completamente el rostro, como el burka o el niqab. La medida, presentada como pionera en España, buscaba esquivar los límites legales que impedían regular este tipo de vestimenta en la vía pública.. El Ayuntamiento de Lleida se apoyó en un informe jurídico que descartaba prohibir el velo integral en la calle, al considerar que afectaba a derechos fundamentales como la libertad religiosa. Ante ese obstáculo, el consistorio optó por modificar la ordenanza de usos y accesos a los equipamientos municipales. La prohibición se aplicaría en espacios como bibliotecas, centros cívicos, pabellones deportivos o instalaciones educativas, bajo el argumento de que era necesario garantizar la identificación de las personas.. Ros defendió entonces que el velo integral incumplía «los valores de igualdad de género y libertad” y que la ordenanza tenía como objetivo proteger la dignidad de las mujeres. La iniciativa partía de una moción impulsada por CiU, que acabó reformulándose tras el informe jurídico y derivó en un texto consensuado con el PSC, con la expectativa de sumar también al PP y a ERC.. La propuesta municipal no se limitaba a la prohibición. Incluía además acciones pedagógicas y formativas dirigidas a los distintos colectivos de la ciudad, así como la implicación de la Asamblea de Religiones de Lleida —que agrupa a una veintena de confesiones— para fomentar el diálogo intercultural y difundir valores comunes. En paralelo, el pleno instaba a la Generalitat y al Gobierno central a regular el uso del velo integral desde ámbitos competenciales superiores.. En aquel contexto, el entonces president de la Generalitat, José Montilla, se mostró reticente a impulsar una prohibición generalizada y advirtió contra el riesgo de “crear un problema” cuando el uso de estas prendas era muy minoritario en el espacio público.. El recorrido judicial de la ordenanza acabó marcando un límite claro. Años después, el Tribunal Supremo anuló la prohibición aprobada por el consistorio leridanoy revocó la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que la había avalado. El alto tribunal estimó el recurso presentado por la asociación musulmana Watani y concluyó que una ordenanza municipal no podía limitar un derecho fundamental como la libertad religiosa sin una ley estatal previa que estableciera ese marco.. El Supremo rechazó además que el uso del velo integral alterara la tranquilidad ciudadana, la seguridad o el orden público, y cuestionó que pudiera darse por hecho que las mujeres que lo llevan lo hacen siempre bajo coacción. En su fallo, subrayó que la Constitución consagra la libertad religiosa como elemento del orden público protegido y recordó que, en el entorno occidental, no existe de forma general una prohibición de este tipo.. Pese a acatar la sentencia, Ros manifestó públicamente su desacuerdo. Defendió que la ordenanza perseguía la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación en el espacio público, y sostuvo que el propio fallo dejaba abierta la puerta a que el legislador estatal o autonómico pudiera regular esta cuestión. Su intención, dijo entonces, era promover una iniciativa en las Cortes o en los parlamentos para lograr una regulación similar por vía legal. Quince años después, el debate regresa con nuevos protagonistas y en un clima político mucho más polarizado.
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