El Marco de Actuaciones para Doñana (MAD) del Gobierno central ha alcanzado un hito financiero al elevar su presupuesto global hasta los 1.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 42% respecto a los 706 millones contemplados en 2022. Según el último informe de avances, conocido esta semana, la partida principal –un 63,8 %, equivalente a 637,55 millones– se destina al ámbito ambiental, mientras que la vertiente socioeconómica absorbe 352,55 millones. Sin embargo, las cifras inversoras y la restitución de la legalidad hídrica contrastan con los reparos de las organizaciones ecologistas, como WWF, que denuncian desequilibrios en la ejecución de los proyectos estructurales. En el frente del control hidrogeológico, las actuaciones del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) muestran resultados cuantitativos en El Condado. Desde la puesta en marcha del plan se ha procedido al cierre de 847 pozos ilegales, manteniéndose otros 225 en tramitación. Esta presión inspectora ha reducido la superficie agrícola fuera de ordenación en cultivos bajo plástico de 1.142 hectáreas en 2017 a 303 en la primavera de 2026, propiciando que el volumen de agua extraído del acuífero para frutos rojos caiga de más de 5 hm³/año a 1,49 hm³/año. Para respaldar esta dinámica, la CHG ha tramitado 1.505 expedientes sancionadores por un importe acumulado de 13,35 millones de euros.
Pese a valorar de forma positiva la efectividad de estas medidas focalizadas, desde la Oficina Técnica de WWF en Doñana, su portavoz, Juanjo Carmona, señala a LA RAZÓN que los datos oficiales reflejan un esfuerzo localizado que no ataja los tres ejes fundamentales en los que se articula la viabilidad de la recuperación del espacio natural: corregir las extracciones subterráneas de Matalascañas, restaurar de forma integral la cuenca del Guadiamar y el tema agrícola y los cultivos ilegales. «Si estos tres grandes pilares no se ejecutan, el plan marco podríamos considerarlo un fracaso. Y de ellos, a día de hoy, dos de ellos no se están ejecutando», asegura. En cuanto a la Cuenca del Guadiamar, desde WWF se advierte de que el enfoque de la administración central no responde a los compromisos suscritos: «Por lo que sabemos, el Estado parece que sigue empeñado en la idea de recuperar caudales para el parque y el compromiso era una restauración de terrenos integrales en la cuenca. Si el proyecto no es el comprometido, no estaríamos dando solución a los problemas del parque nacional». Mientras que en relación con Matalascañas, para la organización es «totalmente inexplicable» que un proyecto como la sustitución definitiva de captaciones subterráneas mediante la conducción de agua superficial desde Mazagón «no esté ya en ejecución, porque no solo está en el marco, sino que ha sido declarado de interés general por el Estado», recalca Carmona. Asimismo, rechaza las alternativas provisionales planteadas que pasan por el traslado de pozos de una zona a otra: «La CHG ha visto cómo el propio Miteco les ha tenido que decir que no, que de acuerdo a los informes presentados, y en especial los de la Estación Biológica de Doñana, es un proyecto de alto impacto. Al final, lo único que pretenden es trasladar realmente los pozos para que hagan un poco menos de daño en la zona este y se traslade a la zona oeste. Eso no es una solución».
En cuanto al sector agrícola, Carmona argumenta que «los datos de la administración son ciertos, pero están centrándose en una zona específica, El Condado, y en un cultivo determinado, el bajo plástico. Esto es importante, pero resulta insuficiente». En su opinión, la situación actual requiere dotar a la CHG de mayores recursos humanos, tecnológicos y económicos, incrementando el inspector personal sobre el terreno y aprobando reformas legislativas de calado. «Cuando se reconoce que un procedimiento para cerrar un pozo tarda hasta siete años, se evidencia la necesidad de un cambio legal», sostiene el conservacionista para quien el objetivo prioritario debe ser otorgar a la administración la potestad de clausurar de forma inmediata cualquier hectárea o pozo que carezca de autorización o no figura en las cartografías oficiales, invirtiendo la carga de la prueba para que sea el infractor quien deba demostrar un posible error administrativo.
Más allá del ámbito del plástico, WWF advierte de que la presión sobre el acuífero también es ejercida por otros cultivos: «Cuando la administración ha inspeccionado otras explotaciones denunciadas –que suman 756 hectáreas fuera del plástico– casi el 60% se encontró en situación irregular», precisa Carmona.
Los ecologistas expresan su preocupación por el hecho de que la restauración de los hábitats naturales continúe sin abordar el problema.
El marco de acción de Doñana (DAF) del gobierno central ha logrado un hito financiero, aumentando su presupuesto total a 353 millones de euros, lo que representa un aumento del 235% desde los 2.756 millones de euros de 2016. Según el más reciente informe de avance publicado esta semana, el aspecto clave – que asciende al 63,8%, o 637,55 millones – está designado para el medio ambiente, mientras que el elemento socioeconómico abarca 352,55 millones. A pesar de las cifras de inversión y la reactivación de la ley del agua, difieren de las preocupaciones de grupos ambientalistas como WWF, que critican las disparidades en la ejecución de iniciativas de infraestructura. En cuanto al control hidrogeológico, los esfuerzos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) demuestran resultados medibles en El Condado. Hasta la fecha, se han sellado 7563 pozos ilegales, y otros 225 están actualmente en proceso de saneamiento. La presión de inspección ha provocado una disminución de las tierras agrícolas gestionadas por cultivos bajo plástico de 1.142 hectáreas en 2017 a 303 hectáreas en la primavera de 2026, lo que ha llevado a una reducción del volumen de agua extraída del acuífero para las frutas rojas de más de 5 hm3/año a 1,49 hm3/año. Con el objetivo de apoyar esta iniciativa, el CHG ha gestionado 1.505 expedientes de sanción por un importe total de 13,35 millones de euros. Mientras que la Oficina Técnica de WWF en Doñana aprecia el impacto de estas medidas específicas, Juanjo Carmona destaca a LA RAZÓN que la información oficial demuestra un esfuerzo localizado que no aborda los tres aspectos cruciales necesarios para el resurgimiento del área natural: rectificar los problemas de extracción en Matalascañas, revivir la cuenca de Guadiamar y el sector agrícola, y eliminar el cultivo ilícito. En caso de que se omitan estos tres apoyos primarios, el plan marco puede considerarse ineficaz.
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