Castilla y León apuesta por la industria militar y declara prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid, lo que permitirá agilizar los trámites administrativos, ya que todas las actuaciones relacionadas con el plan tendrán carácter urgente y los plazos de tramitación se reducirán a la mitad.. Se trata de una ambiciosa iniciativa que, entre otras cosas, incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa emiratí EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi, y que está llamada a dar un impulso al tejido productivo y empresarial de la comunidad.. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este lunes la declaración como proyecto industrial prioritario este plan de Indra, que forma parte del plan de expansión de esta multinacional en el sector tecnológico y de defensa. Un plan que contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.. La declaración de proyecto prioritario se produce en un contexto internacional marcado por la guerra de Irán, país que precisamente ha atacado recientemente con sus misiles y drones a países vecinos como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Catar con el objetivo de extender el conflicto.. En Villadangos se pondrá en marcha una nueva fábrica de drones multipropósito, que se plantea como el principal centro de producción de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la compañía en España. En estas instalaciones se fabricarán sistemas tácticos TARSIS, el sistema aéreo multipropósito VALERO y también munición merodeadora, conocida comúnmente como «drones kamikaze», desarrollada por Indra en colaboración con la empresa tecnológica EDGE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, según detalla el Bocyl.. Y en Valladolid, Indra prevé crear un Centro de Ingeniería de Defensa y Seguridad, dedicado al diseño mecánico y eléctrico de sistemas de defensa y motores de combustión, así como un nuevo centro de fabricación de motores para drones.. Desde el Gobierno que preside Fernández Mañueco en funciones destacan el impacto económico y tecnológico de la iniciativa, que considera que contribuirá a ampliar el tejido industrial de Castilla y León y a fortalecer su competitividad en sectores de alto valor añadido.. La noticia no ha contentado a todos, y la extrema izquierda de Podemos ha presentado un recurso administrativo a esta declaración según ha avanzado este lunes su candidato a la Junta, Miguel Ángel Llamas, que según las encuestas publicadas hasta el momento, y ya no se pueden publicar más según la ley electoral, perderá el escaño que esta formación de extrema izquierda tenía en las Cortes.. Llamas justifica este recurso en que esta iniciativa de la Junta apuesta por «planes de rearme» impulsados a nivel estatal y europeo que, a su juicio, plantean implicaciones «éticas y de seguridad», y explica que solicitan la suspensión de la ejecución del acuerdo, al considerar que «existen irregularidades en la tramitación y falta de información pública sobre el expediente».
La Junta apuesta por un plan que afecta principalmente a León y Valladolid y que supondrá un gran impacto económico y productivo mientras Podemos aanza un recurso administrativo para intentar pararlo
Castilla y León apuesta por la industria militar y declara prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid, lo que permitirá agilizar los trámites administrativos, ya que todas las actuaciones relacionadas con el plan tendrán carácter urgente y los plazos de tramitación se reducirán a la mitad.. Se trata de una ambiciosa iniciativa que, entre otras cosas, incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa emiratí EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi, y que está llamada a dar un impulso al tejido productivo y empresarial de la comunidad.. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este lunes la declaración como proyecto industrial prioritario este plan de Indra, que forma parte del plan de expansión de esta multinacional en el sector tecnológico y de defensa. Un plan que contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.. La declaración de proyecto prioritario se produce en un contexto internacional marcado por la guerra de Irán, país que precisamente ha atacado recientemente con sus misiles y drones a países vecinos como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Catar con el objetivo de extender el conflicto.. En Villadangos se pondrá en marcha una nueva fábrica de drones multipropósito, que se plantea como el principal centro de producción de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la compañía en España. En estas instalaciones se fabricarán sistemas tácticos TARSIS, el sistema aéreo multipropósito VALERO y también munición merodeadora, conocida comúnmente como «drones kamikaze», desarrollada por Indra en colaboración con la empresa tecnológica EDGE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, según detalla el Bocyl.. Y en Valladolid, Indra prevé crear un Centro de Ingeniería de Defensa y Seguridad, dedicado al diseño mecánico y eléctrico de sistemas de defensa y motores de combustión, así como un nuevo centro de fabricación de motores para drones.. Desde el Gobierno que preside Fernández Mañueco en funciones destacan el impacto económico y tecnológico de la iniciativa, que considera que contribuirá a ampliar el tejido industrial de Castilla y León y a fortalecer su competitividad en sectores de alto valor añadido.. La noticia no ha contentado a todos, y la extrema izquierda de Podemos ha presentado un recurso administrativo a esta declaración según ha avanzado este lunes su candidato a la Junta, Miguel Ángel Llamas, que según las encuestas publicadas hasta el momento, y ya no se pueden publicar más según la ley electoral, perderá el escaño que esta formación de extrema izquierda tenía en las Cortes.. Llamas justifica este recurso en que esta iniciativa de la Junta apuesta por «planes de rearme» impulsados a nivel estatal y europeo que, a su juicio, plantean implicaciones «éticas y de seguridad», y explica que solicitan la suspensión de la ejecución del acuerdo, al considerar que «existen irregularidades en la tramitación y falta de información pública sobre el expediente».
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