El europarlamentario castellano y leonés del Partido Popular Europeo, Raúl de la Hoz, atribuye a la ley de cambio climático impulsada por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas, y no a la Directiva de la UE, que como apuntó la Comisión Europea en su respuesta a la pregunta del Partido Popular Europeo, deja que sean los países los que decidan las medidas a implementar para que los contaminantes atmosféricos no superen los valores límite.. Así lo atestiguó el PPE en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, en el que señala que la comisión Europea confirmó con su respuesta que la implementación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades a partir de los 50.000 habitantes que sufran altos niveles de contaminación “no es una obligación europea”, sino una “imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez “a través de su ley de cambio climático”.. La respuesta, firmada por el comisario de Transporte de la UE, Apostolos Tzitzikostas, apunta que la Directiva Europea establece una lista indicativa de medidas de reducción de la contaminación, pero la selección “la hacen los estados miembro y no las impone la Comisión”, desde un enfoque del principio de subsidiariedad que “garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía”. Además, Tzitzikostas recuerda que los países están obligados a evaluar las repercusiones socioeconómicas de las medidas que se tomen para bajar las emisiones.. De la Hoz lamenta que el Gobierno de Sánchez “no haya considerado estas repercusiones socioeconómicas en su ley de cambio climático”, dado que, a juicio del europarlamentario castellano y leonés, “las zonas de bajas emisiones no tienen en cuenta la realidad de España, donde la edad media del parque móvil es de 14,5 años y más del 62 por ciento de los turismos supera los diez años”.. “La aplicación de las zonas de bajas emisiones genera inquietud social, pues para la mayoría de los hogares, la renovación de su vehículo no es viable económicamente, lo que provoca restricciones desproporcionadas y convierte el acceso al centro de las ciudades en un lujo”, denuncia el eurodiputado castellano y leonés.
Tras una respuesta de la Comisión Europea al PPE en la que se señala que la Directiva de la UE deja que sean los países los que decidan las medidas a implementar para que los contaminantes atmosféricos no superen los valores límite
El europarlamentario castellano y leonés del Partido Popular Europeo, Raúl de la Hoz, atribuye a la ley de cambio climático impulsada por el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas, y no a la Directiva de la UE, que como apuntó la Comisión Europea en su respuesta a la pregunta del Partido Popular Europeo, deja que sean los países los que decidan las medidas a implementar para que los contaminantes atmosféricos no superen los valores límite.. Así lo atestiguó el PPE en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico, en el que señala que la comisión Europea confirmó con su respuesta que la implementación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades a partir de los 50.000 habitantes que sufran altos niveles de contaminación “no es una obligación europea”, sino una “imposición” del Gobierno de Pedro Sánchez “a través de su ley de cambio climático”.. La respuesta, firmada por el comisario de Transporte de la UE, Apostolos Tzitzikostas, apunta que la Directiva Europea establece una lista indicativa de medidas de reducción de la contaminación, pero la selección “la hacen los estados miembro y no las impone la Comisión”, desde un enfoque del principio de subsidiariedad que “garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía”. Además, Tzitzikostas recuerda que los países están obligados a evaluar las repercusiones socioeconómicas de las medidas que se tomen para bajar las emisiones.. De la Hoz lamenta que el Gobierno de Sánchez “no haya considerado estas repercusiones socioeconómicas en su ley de cambio climático”, dado que, a juicio del europarlamentario castellano y leonés, “las zonas de bajas emisiones no tienen en cuenta la realidad de España, donde la edad media del parque móvil es de 14,5 años y más del 62 por ciento de los turismos supera los diez años”.. “La aplicación de las zonas de bajas emisiones genera inquietud social, pues para la mayoría de los hogares, la renovación de su vehículo no es viable económicamente, lo que provoca restricciones desproporcionadas y convierte el acceso al centro de las ciudades en un lujo”, denuncia el eurodiputado castellano y leonés.
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