Una juez de Almería ha condenado a los cuatro administradores de dos empresas de cursos de formación para parados subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que obtuvieron de manera fraudulenta 19.000 euros de dinero público tras «imitar» las firmas de alumnos para demostrar su hipotética asistencia y así justificar las ayudas.. La sentencia, declarada en firme tras el reconocimiento de los hechos, condena a cada uno de los cuatro acusados a nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial ya que tiene en cuenta tanto las atenuantes de reparación de daño como de dilaciones indebidas, puesto que la causa ha estado paralizada sin motivo achacable a los investigados.. El fallo, consultado por Europa Press, también les impone una multa de nueve meses a razón de tres euros diarios así como el pago, en concepto de responsabilidad civil, de los 18.986,25 euros indebidamente cobrados; a lo que los condenados procedieron antes del juicio.. Los hechos, que se remontan al periodo entre 2012 y 2013 dentro de las investigaciones policiales por los cursos de formación realizadas en Andalucía con la que se detectaron varias empresas que percibía ayudas para la formación pese a que carecían de alumnos o alumnos suficientes para obtener las subvenciones.. En este caso, los acusados decidieron «de común acuerdo» falsear los modelos de solicitud de los cursos financiados como los impresos oficiales de control de asistencia semanal ante las «dificultades» para encontrar alumnos que quisieran efectuar el curso y «asistir» a las correspondientes clases, lo que podría dejarles sin percibir la subvención.. La pareja encargada de administrar la mercantil ‘Liceo Superior Agronómico’ se sirvió de su empresa, dedicada a realizar cursos de formación subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y con la que había percibido entre los años 2000 y 2012 un total de 514.449,33 euros en subvenciones.. Para la gestión administrativa de los cursos y la prestación de otro tipo de servicios, estos contrataban con Innovación Humana Consultores y Asociados, administrada solidariamente por otros dos acusados, quienes habían facturado de la anterior, entre 2010 y 2012, un total de 74.785,55 euros.. Así, mediante resolución de la Dirección Provincial de Empleo de fecha 17 de enero de 2012, la primera de las sociedades recibió 37.972 euros para la realización de un curso denominado ‘Productor de plantas hortícolas’ para el que, a su vez, contrató a la segunda para que se encargara de tramitar la subvención y de preparar las solicitudes de los alumnos para participar en el curso. Sus responsables también fueron contratados como empleados y profesor.. Ante la falta de alumnos con el que llenar el curso, los promotores del mismo comenzaron a imitar la firma de alumnos o de personas que incluso no formaban parte del mismo bajo la única finalidad de incorporar estos documentos al correspondiente expediente administrativo y así garantizar el cobro de la subvención.. Cuanto menos, los acusados «imitaron» las firmas de once alumnos en varias hojas de asistencia semanal o en el modelo oficial de solicitud del curso cuando alguno de ellos «nunca tuvo intención de participar en el curso ni conocimiento de que figuraba como alumno».. «Incluso en muchas de las hojas en las que la firma de control de asistencia es auténtica los alumnos no habían asistido a las clases pues era frecuente que A.C.M. les entregara las correspondientes hojas de control de asistencia para que las firmara en blanco sin haber asistido», expone la sentencia.. De este modo, en enero de 2013 se emitió para su incorporación al expediente administrativo un certificado sobre la asistencia a clase al 25 por ciento del tiempo de duración del curso «donde hacía constar asistencia de alumnos a clase que no habían tenido lugar».. Todos los documentos antes relacionados se incorporaron al correspondiente expediente y el importe de la subvención que percibió Liceo Superior Agronómico S.L. por el curso en el que se cometieron las falsedades.
Imitaron las firmas de alumnos para demostrar su hipotética asistencia
Una juez de Almería ha condenado a los cuatro administradores de dos empresas de cursos de formación para parados subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que obtuvieron de manera fraudulenta 19.000 euros de dinero público tras «imitar» las firmas de alumnos para demostrar su hipotética asistencia y así justificar las ayudas.. La sentencia, declarada en firme tras el reconocimiento de los hechos, condena a cada uno de los cuatro acusados a nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial ya que tiene en cuenta tanto las atenuantes de reparación de daño como de dilaciones indebidas, puesto que la causa ha estado paralizada sin motivo achacable a los investigados.. El fallo, consultado por Europa Press, también les impone una multa de nueve meses a razón de tres euros diarios así como el pago, en concepto de responsabilidad civil, de los 18.986,25 euros indebidamente cobrados; a lo que los condenados procedieron antes del juicio.. Los hechos, que se remontan al periodo entre 2012 y 2013 dentro de las investigaciones policiales por los cursos de formación realizadas en Andalucía con la que se detectaron varias empresas que percibía ayudas para la formación pese a que carecían de alumnos o alumnos suficientes para obtener las subvenciones.. En este caso, los acusados decidieron «de común acuerdo» falsear los modelos de solicitud de los cursos financiados como los impresos oficiales de control de asistencia semanal ante las «dificultades» para encontrar alumnos que quisieran efectuar el curso y «asistir» a las correspondientes clases, lo que podría dejarles sin percibir la subvención.. La pareja encargada de administrar la mercantil ‘Liceo Superior Agronómico’ se sirvió de su empresa, dedicada a realizar cursos de formación subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y con la que había percibido entre los años 2000 y 2012 un total de 514.449,33 euros en subvenciones.. Para la gestión administrativa de los cursos y la prestación de otro tipo de servicios, estos contrataban con Innovación Humana Consultores y Asociados, administrada solidariamente por otros dos acusados, quienes habían facturado de la anterior, entre 2010 y 2012, un total de 74.785,55 euros.. Así, mediante resolución de la Dirección Provincial de Empleo de fecha 17 de enero de 2012, la primera de las sociedades recibió 37.972 euros para la realización de un curso denominado ‘Productor de plantas hortícolas’ para el que, a su vez, contrató a la segunda para que se encargara de tramitar la subvención y de preparar las solicitudes de los alumnos para participar en el curso. Sus responsables también fueron contratados como empleados y profesor.. Ante la falta de alumnos con el que llenar el curso, los promotores del mismo comenzaron a imitar la firma de alumnos o de personas que incluso no formaban parte del mismo bajo la única finalidad de incorporar estos documentos al correspondiente expediente administrativo y así garantizar el cobro de la subvención.. Cuanto menos, los acusados «imitaron» las firmas de once alumnos en varias hojas de asistencia semanal o en el modelo oficial de solicitud del curso cuando alguno de ellos «nunca tuvo intención de participar en el curso ni conocimiento de que figuraba como alumno».. «Incluso en muchas de las hojas en las que la firma de control de asistencia es auténtica los alumnos no habían asistido a las clases pues era frecuente que A.C.M. les entregara las correspondientes hojas de control de asistencia para que las firmara en blanco sin haber asistido», expone la sentencia.. De este modo, en enero de 2013 se emitió para su incorporación al expediente administrativo un certificado sobre la asistencia a clase al 25 por ciento del tiempo de duración del curso «donde hacía constar asistencia de alumnos a clase que no habían tenido lugar».. Todos los documentos antes relacionados se incorporaron al correspondiente expediente y el importe de la subvención que percibió Liceo Superior Agronómico S.L. por el curso en el que se cometieron las falsedades.
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