El Parlament ha aprobado la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, una entidad «de derecho público con personalidad jurídica propia» para prevenir, investigar, evaluar y supervisar las actuaciones en el exterior de las empresas que operan en Catalunya con medidas de prevención y seguimiento. La iniciativa, a propuesta de los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, ha sido aprobada en el pleno de este miércoles con los votos a favor de estos grupos, excepto Junts que se ha abstenido, y el voto contrario de PP, Vox y AC. La proposición llegaba al debate final con 39 enmiendas reservadas de Junts y 49 subsiguientes al dictamen del CGE (16 de PSC, ERC, Comuns y CUP y 33 de Junts). El texto responde al cumplimiento de la normativa europea que establece normas para las empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos, y obliga a los estados miembros a crear organismos de carácter público que controlen las compañías en relación a estas cuestiones. Entre otras funciones, el centro podría investigar quejas que presenten personas físicas o jurídicas y que acrediten un interés legítimo sobre posibles vulneraciones de los derechos humanos y ambientales por parte de una empresa, sancionar con hasta 50.000 euros a las empresas que no respondan a los requerimientos e impulsar propuestas de políticas públicas. Dictamen CGE El articulado establece que el centro deberá tener una junta de gobierno formada por 9 miembros, una dirección y un consejo asesor integrado por 17 vocales, y llegaba al pleno después de que Junts y PP lo llevaran al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que dictaminó que «buena parte de las funciones y actuaciones del centro contravienen el marco constitucional y estatutario», aunque este dictamen no es vinculante. El mismo también expone que el centro «no tendría ningún impedimento legal» para asumir funciones de carácter promocional, de estudio, análisis, de divulgación y sensibilización. Tercera tramitación Esta proposición inició su tramitación parlamentaria por tercera vez el pasado año tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, después de que decayera en la pasada legislatura por la convocatoria anticipada de elecciones. Junts llevó la proposición ante el CGE en el mes de marzo al considerar que generaba «inseguridad jurídica» al no definir bien las competencias del centro, una decisión que también tomó el PP, por lo que la aprobación definitiva de esta ley se retrasó nuevamente.
La iniciativa decayó en la pasada legislatura por las elecciones anticipadas
El Parlament ha aprobado la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, una entidad «de derecho público con personalidad jurídica propia» para prevenir, investigar, evaluar y supervisar las actuaciones en el exterior de las empresas que operan en Catalunya con medidas de prevención y seguimiento.La iniciativa, a propuesta de los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, ha sido aprobada en el pleno de este miércoles con los votos a favor de estos grupos, excepto Junts que se ha abstenido, y el voto contrario de PP, Vox y AC.La proposición llegaba al debate final con 39 enmiendas reservadas de Junts y 49 subsiguientes al dictamen del CGE (16 de PSC, ERC, Comuns y CUP y 33 de Junts).El texto responde al cumplimiento de la normativa europea que establece normas para las empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos, y obliga a los estados miembros a crear organismos de carácter público que controlen las compañías en relación a estas cuestiones.Entre otras funciones, el centro podría investigar quejas que presenten personas físicas o jurídicas y que acrediten un interés legítimo sobre posibles vulneraciones de los derechos humanos y ambientales por parte de una empresa, sancionar con hasta 50.000 euros a las empresas que no respondan a los requerimientos e impulsar propuestas de políticas públicas.Dictamen CGEEl articulado establece que el centro deberá tener una junta de gobierno formada por 9 miembros, una dirección y un consejo asesor integrado por 17 vocales, y llegaba al pleno después de que Junts y PP lo llevaran al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que dictaminó que «buena parte de las funciones y actuaciones del centro contravienen el marco constitucional y estatutario», aunque este dictamen no es vinculante.El mismo también expone que el centro «no tendría ningún impedimento legal» para asumir funciones de carácter promocional, de estudio, análisis, de divulgación y sensibilización.Tercera tramitaciónEsta proposición inició su tramitación parlamentaria por tercera vez el pasado año tras rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, después de que decayera en la pasada legislatura por la convocatoria anticipada de elecciones.Junts llevó la proposición ante el CGE en el mes de marzo al considerar que generaba «inseguridad jurídica» al no definir bien las competencias del centro, una decisión que también tomó el PP, por lo que la aprobación definitiva de esta ley se retrasó nuevamente.
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