El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, defendió la necesidad de establecer “reglas claras, criterios compartidos y confianza mutua” entre los profesionales, las familias y las entidades que prestan apoyo a las personas con discapacidad. Así lo señaló durante la clausura de las II Jornadas de Responsabilidad en la prestación de apoyos a personas con discapacidad, celebradas en el Colegio de Registradores de Castilla y León.. En su intervención, Pollán destacó el cambio de enfoque experimentado en los últimos años en este ámbito. “Durante mucho tiempo, la responsabilidad y la prestación de apoyos descansaba en una pregunta: ¿quién decide por esta persona?”, recordó. Sin embargo, señaló que ahora la cuestión es «¿qué necesita esta persona para decidir por sí misma?”.. A su juicio, este cambio es “mucho más que una simple cuestión de matiz” y representa “la lenta, pero imparable, marcha de la igualdad de condiciones también en lo tocante a la capacidad jurídica”. En este sentido, defendió que supone ”poner el derecho a la altura de las circunstancias” y avanzar hacia ”el cada vez más próximo y deseado triunfo de la autonomía y de la voluntad”, informa Ical.. El consejero advirtió de que la aprobación de una ley no resuelve por sí sola todos los retos. «Las leyes no transforman la realidad de un día para otro”, afirmó, aunque reconoció que en los últimos años se han producido avances importantes, como el diseño de medidas “a la medida de cada persona” y el mayor protagonismo de la guarda de hecho, que, según explicó, “ha cambiado la cultura de trabajo de todos los implicados en el sistema de apoyos”.. Entre los desafíos pendientes citó la responsabilidad de quienes acompañan a las personas con discapacidad y los límites de su actuación. «¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien presta el apoyo? ¿Qué ocurre cuando respetar la voluntad de una persona supone aceptar que se equivoque, como lo hacemos todos?”, se preguntó.. También planteó cómo combatir “el abuso o la influencia indebida sin volver por la puerta falsa a modelos ya superados”. Ante estas cuestiones, consideró que no se puede exigir a las familias, los profesionales o las entidades que trabajen ”como quien se adentra en un campo de minas”. Por ello, insistió en la necesidad de disponer de “reglas claras, criterios compartidos y confianza mutua entre todos los operadores”.. Pollán señaló que Castilla y León quiere avanzar en esta dirección a través de su ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, que reconoce el apoyo a la capacidad jurídica mediante una prestación de responsabilidad pública. “No es casual que hablemos de proyecto de vida”, explicó, porque “detrás de cada medida de apoyo no hay un expediente. Hay también una persona que quiere elegir dónde vivir, en qué trabajar, cómo administrar lo suyo o con quién compartir su tiempo”.. En este contexto, defendió que la responsabilidad de las administraciones consiste en garantizar que las personas puedan desarrollar sus decisiones y proyectos. “Los poderes públicos han de garantizar que nadie se quede sin el apoyo que necesita”, mientras que la iniciativa social debe aportar “algo que no se improvisa: conocimiento y experiencia”, concluyó.
Carlos Pollán destaca que el sistema de apoyos debe pasar de decidir “por” las personas a ofrecerles lo que necesitan “para decidir por sí mismas”
El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, defendió la necesidad de establecer “reglas claras, criterios compartidos y confianza mutua” entre los profesionales, las familias y las entidades que prestan apoyo a las personas con discapacidad. Así lo señaló durante la clausura de las II Jornadas de Responsabilidad en la prestación de apoyos a personas con discapacidad, celebradas en el Colegio de Registradores de Castilla y León.. En su intervención, Pollán destacó el cambio de enfoque experimentado en los últimos años en este ámbito. “Durante mucho tiempo, la responsabilidad y la prestación de apoyos descansaba en una pregunta: ¿quién decide por esta persona?”, recordó. Sin embargo, señaló que ahora la cuestión es «¿qué necesita esta persona para decidir por sí misma?”.. A su juicio, este cambio es “mucho más que una simple cuestión de matiz” y representa “la lenta, pero imparable, marcha de la igualdad de condiciones también en lo tocante a la capacidad jurídica”. En este sentido, defendió que supone ”poner el derecho a la altura de las circunstancias” y avanzar hacia ”el cada vez más próximo y deseado triunfo de la autonomía y de la voluntad”, informa Ical.. El consejero advirtió de que la aprobación de una ley no resuelve por sí sola todos los retos. «Las leyes no transforman la realidad de un día para otro”, afirmó, aunque reconoció que en los últimos años se han producido avances importantes, como el diseño de medidas “a la medida de cada persona” y el mayor protagonismo de la guarda de hecho, que, según explicó, “ha cambiado la cultura de trabajo de todos los implicados en el sistema de apoyos”.. Entre los desafíos pendientes citó la responsabilidad de quienes acompañan a las personas con discapacidad y los límites de su actuación. «¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien presta el apoyo? ¿Qué ocurre cuando respetar la voluntad de una persona supone aceptar que se equivoque, como lo hacemos todos?”, se preguntó.. También planteó cómo combatir “el abuso o la influencia indebida sin volver por la puerta falsa a modelos ya superados”. Ante estas cuestiones, consideró que no se puede exigir a las familias, los profesionales o las entidades que trabajen ”como quien se adentra en un campo de minas”. Por ello, insistió en la necesidad de disponer de “reglas claras, criterios compartidos y confianza mutua entre todos los operadores”.. Pollán señaló que Castilla y León quiere avanzar en esta dirección a través de su ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, que reconoce el apoyo a la capacidad jurídica mediante una prestación de responsabilidad pública. “No es casual que hablemos de proyecto de vida”, explicó, porque “detrás de cada medida de apoyo no hay un expediente. Hay también una persona que quiere elegir dónde vivir, en qué trabajar, cómo administrar lo suyo o con quién compartir su tiempo”.. En este contexto, defendió que la responsabilidad de las administraciones consiste en garantizar que las personas puedan desarrollar sus decisiones y proyectos. “Los poderes públicos han de garantizar que nadie se quede sin el apoyo que necesita”, mientras que la iniciativa social debe aportar “algo que no se improvisa: conocimiento y experiencia”, concluyó.
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