La defensa de la familia Morchón pidió, en el inicio del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra el denominado ‘caso ataúdes’, la nulidad del proceso por irregularidades en la investigación policial que destapó el presunto fraude.. Según argumentaron los abogados de los hermanos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, así como de su madre, María del Rosario V.L., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel, la investigación policial en la que se basa la acusación se realizó al margen del Juzgado de Instrucción número 6, que entonces estaba investigando un caso de una posible extorsión a la funeraria por parte de un extrabajador, ya fallecido.. La defensa de Ignacio Morchón, hijo del fundador de la funeraria El Salvador del mismo nombre y principal acusado, que falleció en octubre de 2022, aseguró que su cliente ha visto vulnerado su derecho a no autoinculparse, ya que en el caso de la extorsión, en la que declaró como testigo, la Policía, sin comunicación al juzgado, ya había puesto en marcha una investigación de la que luego resultó incriminado. “La familia estuvo durante un año pensando que era la acusación, cuando estaban siendo investigados”, afirmó el letrado, a la vez que consideró una transgresión del derecho constitucional la investigación de la vida financiera de los ahora acusados durante 18 años.. En este sentido, aseguró que se ha llevado a cabo una actuación policial sin amparo judicial, a la vez que recalcó todos los datos bancarios recabados han sido ocultados por el juzgado de instrucción y no figuran en la causa.. En el mismo sentido se pronunció el abogado de las hermanas Morchón y de María del Rosario V.L., que aseguró que se trató de una investigación prospectiva y remarcó que en ningún momento la Policía comunicó al juzgado que estaba realizando una investigación más allá de la extorsión, por lo que consideró que se trató de una actuación policial “no habilitada por los principios constitucionales”.. En esta primera jornada, dedicada a las cuestiones previas, el presidente del tribunal también rechazó la petición del fiscal de que declararan los casi 6.000 afectados por los presuntos fraudes, y explicó que ese caso se provocaría el “colapso” de la causa judicial, unas dilaciones “inasumibles” y la “parálisis” de la Audiencia Provincial. A su vez, tildó de razonable la reducción de testigos, al igual que mantuvieron las defensas, que argumentaron que solo uno de cada diez presuntos perjudicados presentaron denuncia.. Por otra parte, el presidente del tribunal también autorizó la ausencia de los acusados a buena parte de las sesiones. Cabe recordar que están previstas un total de treinta y cinco, que se prolongarán hasta el 2 de junio y en las que comparecerán, además de los 23 acusados, 239 testigos y 17 peritos. El juez admitió el argumentó esgrimido por la defensa de que se trata de un servicio público básico que se dejará de prestar, dado que entre los acusados, además de Ignacio Morchón, “cuya presencia es esencial para la marcha de la empresa”, según se abogado, también figuran numerosos trabajadores.. El fiscal rechazó la aprobación de esta medida y argumentó que se podían haber tomado medidas, dado que las fechas y el calendario del juicio se conocían con meses de antelación.. En total, la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.. Además, se pide seis meses para cada uno por un delito continuado contra el respeto a los difuntos y el pago de multas que ascienden a 12 millones de euros.. Cabe recordar que el pasado mes de mayo del pasado año Audiencia Provincial desestimó los recursos de súplica interpuestos por las acusaciones particulares contra la reagrupación de acusaciones, manteniendo el mandato del juez. De esta manera, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos, con el fin de “facilitar el desarrollo del juicio” y evitar dilaciones indebidas.
El juez rechaza la petición del fiscal de que declaren los casi 6.000 afectados por el presunto fraude, pues provocaría el “colapso” de la causa y la “parálisis” de la Audiencia Provincial
La defensa de la familia Morchón pidió, en el inicio del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra el denominado ‘caso ataúdes’, la nulidad del proceso por irregularidades en la investigación policial que destapó el presunto fraude.. Según argumentaron los abogados de los hermanos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, así como de su madre, María del Rosario V.L., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel, la investigación policial en la que se basa la acusación se realizó al margen del Juzgado de Instrucción número 6, que entonces estaba investigando un caso de una posible extorsión a la funeraria por parte de un extrabajador, ya fallecido.. La defensa de Ignacio Morchón, hijo del fundador de la funeraria El Salvador del mismo nombre y principal acusado, que falleció en octubre de 2022, aseguró que su cliente ha visto vulnerado su derecho a no autoinculparse, ya que en el caso de la extorsión, en la que declaró como testigo, la Policía, sin comunicación al juzgado, ya había puesto en marcha una investigación de la que luego resultó incriminado. “La familia estuvo durante un año pensando que era la acusación, cuando estaban siendo investigados”, afirmó el letrado, a la vez que consideró una transgresión del derecho constitucional la investigación de la vida financiera de los ahora acusados durante 18 años.. En este sentido, aseguró que se ha llevado a cabo una actuación policial sin amparo judicial, a la vez que recalcó todos los datos bancarios recabados han sido ocultados por el juzgado de instrucción y no figuran en la causa.. En el mismo sentido se pronunció el abogado de las hermanas Morchón y de María del Rosario V.L., que aseguró que se trató de una investigación prospectiva y remarcó que en ningún momento la Policía comunicó al juzgado que estaba realizando una investigación más allá de la extorsión, por lo que consideró que se trató de una actuación policial “no habilitada por los principios constitucionales”.. En esta primera jornada, dedicada a las cuestiones previas, el presidente del tribunal también rechazó la petición del fiscal de que declararan los casi 6.000 afectados por los presuntos fraudes, y explicó que ese caso se provocaría el “colapso” de la causa judicial, unas dilaciones “inasumibles” y la “parálisis” de la Audiencia Provincial. A su vez, tildó de razonable la reducción de testigos, al igual que mantuvieron las defensas, que argumentaron que solo uno de cada diez presuntos perjudicados presentaron denuncia.. Por otra parte, el presidente del tribunal también autorizó la ausencia de los acusados a buena parte de las sesiones. Cabe recordar que están previstas un total detreinta y cinco, que se prolongarán hasta el 2 de junio y en las que comparecerán, además de los 23 acusados, 239 testigos y 17 peritos. El juez admitió el argumentó esgrimido por la defensa de que se trata de un servicio público básico que se dejará de prestar, dado que entre los acusados, además de Ignacio Morchón, “cuya presencia es esencial para la marcha de la empresa”, según se abogado, también figuran numerosos trabajadores.. El fiscal rechazó la aprobación de esta medida y argumentó que se podían haber tomado medidas, dado que las fechas y el calendario del juicio se conocían con meses de antelación.. En total, la Fiscalía solicita condenas que superan los 200 años de cárcel por el supuesto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros más baratos entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados se quedaron fuera el empresario Ignacio M.A. y el principal testigo de los hechos y extrabajador, Justo Martín, ambos por fallecimiento.. Las penas más duras que registra el fiscal son para la mujer del empresario fallecido, María del Rosario V.L., y también para sus hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrenta cada uno a 20 años de cárcel. El Ministerio Público solicita cinco años de cárcel por constitución de organización criminal; siete años y seis meses para cada uno por un delito continuado de apropiación indebida en relación de concurso medial con el delito continuado de estafa y siete años para cada miembro de la familia por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.. Además, se pide seis meses para cada uno por un delito continuado contra el respeto a los difuntos y el pago de multas que ascienden a 12 millones de euros.. Cabe recordar que el pasado mes de mayo del pasado año Audiencia Provincial desestimó los recursos de súplica interpuestos por las acusaciones particulares contra la reagrupación de acusaciones, manteniendo el mandato del juez. De esta manera, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos, con el fin de “facilitar el desarrollo del juicio” y evitar dilaciones indebidas.
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