La bajada del número de alumnos por aula y el tope de horas lectivas del profesorado no universitario empieza a coger forma de ley después de semanas de negociación y de una forma curiosamente acelerada. El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo con idea de establecer una regulación básica y homogénea en torno a estos dos aspectos. Ahora, «el objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada», ha explicado el Ministerio.. Así, en relación a las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En concreto, en los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.. El Ministerio basa su reforma en la idea de que «existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente. Además, favorece una mayor individualización de la atención educativa, innovación y adaptación vinculada al contexto social y cultural».. El Gobierno se muestra confiado en que, a pesar de la ruptura con Junts, esta iniciativa pueda salir adelante en el Congreso precisamente porque la bajada de ratios es un proceso que se está llevando a cabo de manera progresiva en las Comunidades autónomas.. Jornada laboral. El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.. No obstante, también se regula que de manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse «un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional».. El Ministerio cree que este anteproyecto de Ley «refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas».. Aplicación. La nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entrarán en vigor previsiblemente en el curso 2026/2027, mientras que las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.. El texto del anteproyecto de Ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas. Ahora, el documento tendrá que pasar por el visto bueno del Consejo de Estado, el Consejo Escolar del Estado y la Mesa sectorial antes de tener la aprobación definitiva del Consejo de Ministros para ser remitido como proyecto de ley al Congreso.. El texto legal incorpora también la idea de que el Ministerio de Educación fijará un criterio para identificar qué colegios necesitan una intervención especial. Es por eso por lo que está trabajando con el INE para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. «Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante», explica Educación.. La norma prevé que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley se desarrollarán recursos como este. Además, el Gobierno establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales.. Por su parte, el sindicato CSIF ha asegurado que trabajará para que las comunidades autónomas puedan reducir aún más estas horas, exigiendo cupos suficientes que garanticen un máximo de 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria. El sindicato considera que «falta la regulación de los especialistas en atención a la diversidad (orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) y ha exigido am Ministerio ratios máximas para estos profesionales, siguiendo estándares como la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 alumnos. El sindicato recuerda que el último informe TALIS «evidencia las dificultades de España en la atención a este alumnado, lo que subraya la urgencia de actuar en este ámbito». Es por esto por lo que CSIF exige que esto «no se paralice y sigamos trabajando para incluir las demás cuestiones que deben integrar un Estatuto Docente: mejora de retribuciones, reforma del acceso a la función docente, carrera profesional, permisos y licencias, dignificación de la labor docente, jubilaciones y todas las cuestiones que deben regular la carrera profesional de un docente desde su ingreso hasta su jubilación».
El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que fija también una jornada máxima de 23 y 18 horas lectivas semanales para el profesorado
La bajada del número de alumnos por aula y el tope de horas lectivas del profesorado no universitario empieza a coger forma de ley después de semanas de negociación y de una forma curiosamente acelerada. El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo con idea de establecer una regulación básica y homogénea en torno a estos dos aspectos. Ahora, «el objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada», ha explicado el Ministerio.. Así, en relación a las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En concreto, en los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.. El Ministerio basa su reforma en la idea de que «existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente. Además, favorece una mayor individualización de la atención educativa, innovación y adaptación vinculada al contexto social y cultural».. El Gobierno se muestra confiado en que, a pesar de la ruptura con Junts, esta iniciativa pueda salir adelante en el Congreso precisamente porque la bajada de ratios es un proceso que se está llevando a cabo de manera progresiva en las Comunidades autónomas.. Jornada laboral. El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas.. No obstante, también se regula que de manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse «un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional».. El Ministerio cree que este anteproyecto de Ley «refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas».. Aplicación. La nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entrarán en vigor previsiblemente en el curso 2026/2027, mientras que las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.. El texto del anteproyecto de Ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas. Ahora, el documento tendrá que pasar por el visto bueno del Consejo de Estado, el Consejo Escolar del Estado y la Mesa sectorial antes de tener la aprobación definitiva del Consejo de Ministros para ser remitido como proyecto de ley al Congreso.. El texto legal incorpora también la idea de que el Ministerio de Educación fijará un criterio para identificar qué colegios necesitan una intervención especial. Es por eso por lo que está trabajando con el INE para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. «Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante», explica Educación.. La norma prevé que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley se desarrollarán recursos como este. Además, el Gobierno establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales.. Por su parte, el sindicato CSIF ha asegurado que trabajará para que las comunidades autónomas puedan reducir aún más estas horas, exigiendo cupos suficientes que garanticen un máximo de 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria. El sindicato considera que «falta la regulación de los especialistas en atención a la diversidad (orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje) y ha exigido am Ministerio ratios máximas para estos profesionales, siguiendo estándares como la recomendación de la UNESCO de un orientador por cada 250 alumnos. El sindicato recuerda que el último informe TALIS «evidencia las dificultades de España en la atención a este alumnado, lo que subraya la urgencia de actuar en este ámbito». Es por esto por lo que CSIF exige que esto «no se paralice y sigamos trabajando para incluir las demás cuestiones que deben integrar un Estatuto Docente: mejora de retribuciones, reforma del acceso a la función docente, carrera profesional, permisos y licencias, dignificación de la labor docente, jubilaciones y todas las cuestiones que deben regular la carrera profesional de un docente desde su ingreso hasta su jubilación».
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