El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en su intención de restringir los pisos turísticos en la capital catalana. La semana pasada, el gobierno municipal convocó una comisión extraordinaria de Economía para aprobar en primera instancia una modificación de las ordenanzas fiscales para subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre un 50% y un 150% a los pisos turísticos.
Sin embargo, para que la norma entrase en vigor el 1 de enero de 2027 debía recorrer todavía un largo proceso de tramitación. Tras ser validada en comisión la semana pasada, el pleno del Ayuntamiento debía aprobar la normativa este mismo mes, y por ello, el consistorio ha celebrado hoy un pleno extraordinario. Durante la sesión, los votos a favor de PSC, BComú y ERC -junto a la abstención de Junts y la negativa de PP y Vox-, han aprobado inicialmente la subida del IBI a los pisos turísticos. Ahora, la medida entra en periodo de alegaciones y se deberá aprobar definitivamente en el pleno de diciembre.
La propuesta socialista prevé que a partir de 2027 se aplique un recargo de hasta el 50% por alojamiento para el titular de una Vivienda de Uso Turístico (HUT); hasta el 100% cuando el titular disponga de dos o más, y hasta el 150% cuando el titular sea propietario de cuatro o más viviendas destinados a este uso. Actualmente, los propietarios pagan en Barcelona el 1,1882% del valor catastral de sus viviendas en concepto de IBI, con recargos de entre el 50 y el 100% si están vacíos y bonificaciones por cederlos a la Bolsa de Alquiler Social o ser familia numerosa o monoparental, entre otras.
El gobierno municipal liderado por Jaume Collboni pudo plantear esta iniciativa la semana pasada gracias a la aprobación del decreto ley de Vivienda del Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La norma estatal permite a los municipios declarados «zona de mercado residencial tensionado» -como Barcelona- un recargo en el IBI. Según el consistorio, en Barcelona hay 10.600 licencias activas, de las que 6.000 son las que se verán afectadas por la tasa del 150%, mientras que 1.200 (de 2 a 3 licencias por titular) son las que tendrán el 100% del IBI.
Paso previo a su prohibición
El teniente de Economía, Jordi Valls, ha insistido en que hasta que no entre en vigor la eliminación de los pisos turísticos en 2028 utilizarán «todas las herramientas posibles para luchar contra esta actividad porque una vivienda no es un activo económico». Además, ha sostenido que los datos confirman que la iniciativa «está justificada» y que de esta forma inician un proceso de desincentivación de esta actividad.
Por su parte, la oposición municipal ha criticado al gobierno municipal. Desde Junts, el concejal Damià Calvet ha cargado contra el Ayuntamiento por no negociar la medida con su grupo, a la vez que ha considerado que tiene poca seguridad jurídica y «tics turismofóbicos«. El líder del Partido Popular, Daniel Sirera, ha criticado a Collboni por sus políticas de vivienda: «Como son incapaces de construir vivienda, se dedican a castigar a los que la tienen. Y eso se llama ensañamiento, ni más ni menos». Además, Gonzalo de Oro, líder de Vox en el Ayuntamiento, se ha pronunciado en la misma línea y ha sostenido que la iniciativa pretende «sacar rédito de Maricarmen«.
Los grupos que han apoyado la iniciativa, por contra, han celebrado el acuerdo. Desde los Comuns, la concejal Tània Corrons ha celebrado que se apruebe la nueva tasa, pero ha afirmado que es una medida «insuficiente porque la especulación en Barcelona seguirá saliendo a cuenta«. Por su lado, el concejal de ERC, Jordi Castellana, ha pedido al gobierno del PSC que esta sea una medida «de inflexión» para que la postura del partido en Barcelona, Catalunya y en el conjunto de España en materia de vivienda comience a cambiar.
Durante una reunión especial, el Ayuntamiento aprueba inicialmente la resolución propuesta.
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más en su intención de restringir los pisos turísticos en la capital catalana. La semana pasada, el gobierno municipal convocó una comisión extraordinaria de Economía para aprobar en primera instancia una modificación de las ordenanzas fiscales para subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) entre un 50% y un 150% a los pisos turísticos.
Sin embargo, para que la norma entrase en vigor el 1 de enero de 2027 debía recorrer todavía un largo proceso de tramitación. Tras ser validada en comisión la semana pasada, el pleno del Ayuntamiento debía aprobar la normativa este mismo mes, y por ello, el consistorio ha celebrado hoy un pleno extraordinario. Durante la sesión, los votos a favor de PSC, BComú y ERC -junto a la abstención de Junts y la negativa de PP y Vox-, han aprobado inicialmente la subida del IBI a los pisos turísticos. Ahora, la medida entra en periodo de alegaciones y se deberá aprobar definitivamente en el pleno de diciembre.
La propuesta socialista prevé que a partir de 2027 se aplique un recargo de hasta el 50% por alojamiento para el titular de una Vivienda de Uso Turístico (HUT); hasta el 100% cuando el titular disponga de dos o más, y hasta el 150% cuando el titular sea propietario de cuatro o más viviendas destinados a este uso. Actualmente, los propietarios pagan en Barcelona el 1,1882% del valor catastral de sus viviendas en concepto de IBI, con recargos de entre el 50 y el 100% si están vacíos y bonificaciones por cederlos a la Bolsa de Alquiler Social o ser familia numerosa o monoparental, entre otras.
El gobierno municipal liderado por Jaume Collboni pudo plantear esta iniciativa la semana pasada gracias a la aprobación del decreto ley de Vivienda del Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La norma estatal permite a los municipios declarados «zona de mercado residencial tensionado» -como Barcelona- un recargo en el IBI. Según el consistorio, en Barcelona hay 10.600 licencias activas, de las que 6.000 son las que se verán afectadas por la tasa del 150%, mientras que 1.200 (de 2 a 3 licencias por titular) son las que tendrán el 100% del IBI.
Paso previo a su prohibición
El teniente de Economía, Jordi Valls, ha insistido en que hasta que no entre en vigor la eliminación de los pisos turísticos en 2028 utilizarán «todas las herramientas posibles para luchar contra esta actividad porque una vivienda no es un activo económico». Además, ha sostenido que los datos confirman que la iniciativa «está justificada» y que de esta forma inician un proceso de desincentivación de esta actividad.
Por su parte, la oposición municipal ha criticado al gobierno municipal. Desde Junts, el concejal Damià Calvet ha cargado contra el Ayuntamiento por no negociar la medida con su grupo, a la vez que ha considerado que tiene poca seguridad jurídica y «tics turismofóbicos«. El líder del Partido Popular, Daniel Sirera, ha criticado a Collboni por sus políticas de vivienda: «Como son incapaces de construir vivienda, se dedican a castigar a los que la tienen. Y eso se llama ensañamiento, ni más ni menos». Además, Gonzalo de Oro, líder de Vox en el Ayuntamiento, se ha pronunciado en la misma línea y ha sostenido que la iniciativa pretende «sacar rédito de Maricarmen«.
Los grupos que han apoyado la iniciativa, por contra, han celebrado el acuerdo. Desde los Comuns, la concejal Tània Corrons ha celebrado que se apruebe la nueva tasa, pero ha afirmado que es una medida «insuficiente porque la especulación en Barcelona seguirá saliendo a cuenta«. Por su lado, el concejal de ERC, Jordi Castellana, ha pedido al gobierno del PSC que esta sea una medida «de inflexión» para que la postura del partido en Barcelona, Catalunya y en el conjunto de España en materia de vivienda comience a cambiar.
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