El telón que se bajó el jueves sobre las urnas en Bangladés no clausuró solo una jornada electoral, certificó la muerte política de una era y abrió, casi a empujones, una etapa aún sin guión definido. Desde primera hora de la mañana, colas compactas, tensas pero disciplinadas, serpentearon ante los 42.761 colegios repartidos por el país, cargando en cada papeleta algo más que un voto, el mandato de una generación que decidió, tras la revolución escrita en sangre, que el miedo dejó de ser una opción. Más de 127 millones de ciudadanos —mujeres envueltas en velos de colores vivos, ancianos que recuerdan dictaduras y jóvenes uniformados con camisetas de protesta— convirtieron esta cita en la más decisiva y convulsa en casi dos décadas.. Según medios locales, la épica democrática quedó pronto ensombrecida por denuncias alarmantes de fraude, compra de votos e incidentes violentos en distintas regiones del país, que volvieron a poner en cuestión la limpieza del proceso. Las acusaciones de sobornos para orientar el sufragio y escenas de crispación en varios distritos reavivaron los fantasmas de comicios manchados, justo cuando los bangladesíes desean pasar página.. Mientras tanto, el recuento avanza y los resultados se esperan para este viernes, con un país en vilo y la vista puesta en las pantallas que marcarán el rumbo político de los próximos años. En las calles, pese a la desconfianza y al ruido de las denuncias, late la esperanza compartida de la posibilidad real de un regreso a la democracia, después de años de férreo control y represión.. Una doble prueba en las urnas. Bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, Bangladés se ha sometido al examen doble de renovar los escaños territoriales del Parlamento, el Jatiya Sangsad, y decidir en un referéndum si la Carta Nacional de julio de 2025 se convierte en el nuevo armazón constitucional del Estado. En el papel, el sistema sigue siendo el de siempre con un régimen parlamentario donde el poder ejecutivo recae en un Gobierno surgido de la mayoría y liderado por un primer ministro que dirige el gabinete y marca la línea política del país.. El presidente, elegido indirectamente por la Cámara para un mandato de cinco años, mantiene un rol estrictamente ceremonial, casi de notario institucional, mientras la autoridad legislativa se concentra en un Parlamento de 350 escaños, 300 de elección directa y 50 reservados a mujeres, repartidos según el peso de voto de cada formación.. Sobre el papel rosa del referéndum se libra, sin embargo, la batalla que puede redefinir el sistema. La Carta Nacional diseñada bajo la batuta del Nobel de la Paz y jefe del Gobierno interino, Muhammad Yunus, es el intento de blindar la transición que siguió a la caída de Sheikh Hasina con límites claros de mandato para el jefe de Gobierno, un refuerzo de la independencia de la Comisión Electoral y de la Justicia y una reforma profunda del sistema de cuotas laborales que incendió las calles en 2024. De aprobarse, Bangladés será, sobre el papel, una democracia más armada frente a tentaciones autocráticas; si fracasa, el nuevo ciclo político nacerá con un vacío de garantías y un pasado muy reciente que aún supura.. La sombra de la “Dama de Hierro”. En esta ocasión, lo más atronador no ha sido el discurso, sino el silencio impuesto de la Liga Awami, el partido que dominó con mano de hierro durante quince años y que esta vez ha contemplado la contienda desde la ilegalidad, tras ser proscrito por el Tribunal Supremo por la “represión salvaje” ejercida contra su propia población. La formación que monopolizó el poder bajo la figura de Hasina quedó fuera, pero no del relato, convirtiéndose en el gran ausente que nadie menciona y todos tienen presente.. Desde su refugio en India, la ex primera ministra ha hecho lo contrario: hablar más que nunca. En un mensaje de audio difundido días antes de la cita electoral en el Club de Corresponsales Extranjeros, arremetió contra Yunus y contra su eterno rival, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), denunciando una “farsa excluyente” y clamando por una supuesta persecución contra las minorías bajo el actual Ejecutivo. Condenada a muerte in absentia el pasado noviembre por crímenes contra la humanidad, intenta presentarse como víctima del nuevo orden, pero en las calles de Daca su voz rebota contra una juventud que todavía repasa la lista de sus muertos: 1.400 personas abatidas por la policía, según la ONU, antes de que el Ejército se negara a seguir disparando el 5 de agosto de 2024.. BNP, NCP y la batalla por el futuro. El tablero electoral colocó al BNP, liderado por Tarique Rahman, de regreso de su exilio londinense hace apenas semanas, en cabeza de los sondeos. Pero el guión previsto se ha visto alterado por la irrupción del Partido Nacional Ciudadano (NCP), surgido directamente de las barricadas estudiantiles y que hoy compite por capitalizar el voto juvenil. Esa entrada en escena fragmenta la enorme bolsa de sufragio joven y abre dos caminos: que el impulso de la revuelta se diluya en la política de siempre o que se consolide una democracia liberal inédita en el delta del Ganges.. A esta pugna se sumó una ofensiva territorial de las alianzas encabezadas por el BNP y por el Jamaat, que han recorrido el país prometiendo lo que el votante angustiado quiere oír con empleo, alivio en los precios, rebajas fiscales, tolerancia cero con la corrupción y el fin de la discriminación. Compiten en promesas para una población castigada por la carestía y el desempleo, conscientes de que el estado de ánimo nacional se mide ya en bolsas de arroz, recibos de la luz y salarios precarios.. Sin embargo, analistas y ciudadanos coinciden en que el catálogo de ofertas roza la política-ficción en un país golpeado por múltiples crisis económicas simultáneas. Ningún Gobierno, por fuerte que sea su mandato, podrá cumplir en un lustro la totalidad de ese menú de empleo, recortes de impuestos y gasto social masivo sin enfrentarse a la realidad de un Estado que sigue centralizado, con administraciones locales dependientes casi por completo de los fondos y decisiones de Daca.. Un Estado en tensión permanente. Bangladés mantiene, en teoría, una arquitectura institucional clara con un Gobierno elegido que ejerce el poder ejecutivo, un Parlamento que legisla y fiscaliza y una Administración territorial encargada de gestionar servicios municipales, educación y desarrollo rural. Pero esa estructura se asienta sobre un terreno político inflamable, donde cada ciclo electoral se ha acompañado históricamente de picos de violencia comunal y partidista, con las minorías religiosas pagando el precio más alto en forma de ataques, saqueos y agresiones en medio de la polarización.. Con el fin del mandato de Hasina, esas comunidades viven, denuncian, bajo asedio. Organizaciones de derechos humanos han documentado agresiones, asesinatos y ataques incendiarios contra sus propiedades, mientras el Gobierno insiste en que la mayor parte de los incidentes no responden a motivaciones de odio religioso. Ese contraste entre el relato oficial y la percepción de inseguridad ha marcado la campaña e intensificado los temores, pese a que los principales partidos han redoblado su cortejo a esos grupos vulnerables para exhibir un compromiso con la convivencia.
El telón que se bajó el jueves sobre las urnas en Bangladés no clausuró solo una jornada electoral, certificó la muerte política de una era y abrió, casi a empujones, una etapa aún sin guión definido. Desde primera hora de la mañana, colas compactas, tensas pero disciplinadas, serpentearon ante los 42.761 colegios repartidos por el país, cargando en cada papeleta algo más que un voto, el mandato de una generación que decidió, tras la revolución escrita en sangre, que el miedo dejó de ser una opción. Más de 127 millones de ciudadanos —mujeres envueltas en velos de colores vivos, ancianos que recuerdan dictaduras y jóvenes uniformados con camisetas de protesta— convirtieron esta cita en la más decisiva y convulsa en casi dos décadas.. Según medios locales, la épica democrática quedó pronto ensombrecida por denuncias alarmantes de fraude, compra de votos e incidentes violentos en distintas regiones del país, que volvieron a poner en cuestión la limpieza del proceso. Las acusaciones de sobornos para orientar el sufragio y escenas de crispación en varios distritos reavivaron los fantasmas de comicios manchados, justo cuando los bangladesíes desean pasar página.. Mientras tanto, el recuento avanza y los resultados se esperan para este viernes, con un país en vilo y la vista puesta en las pantallas que marcarán el rumbo político de los próximos años. En las calles, pese a la desconfianza y al ruido de las denuncias, late la esperanza compartida de la posibilidad real de un regreso a la democracia, después de años de férreo control y represión.. Una doble prueba en las urnas. Bajo un despliegue de seguridad sin precedentes, Bangladés se ha sometido al examen doble de renovar los escaños territoriales del Parlamento, el Jatiya Sangsad, y decidir en un referéndum si la Carta Nacional de julio de 2025 se convierte en el nuevo armazón constitucional del Estado. En el papel, el sistema sigue siendo el de siempre con un régimen parlamentario donde el poder ejecutivo recae en un Gobierno surgido de la mayoría y liderado por un primer ministro que dirige el gabinete y marca la línea política del país.. El presidente, elegido indirectamente por la Cámara para un mandato de cinco años, mantiene un rol estrictamente ceremonial, casi de notario institucional, mientras la autoridad legislativa se concentra en un Parlamento de 350 escaños, 300 de elección directa y 50 reservados a mujeres, repartidos según el peso de voto de cada formación.. Sobre el papel rosa del referéndum se libra, sin embargo, la batalla que puede redefinir el sistema. La Carta Nacional diseñada bajo la batuta del Nobel de la Paz y jefe del Gobierno interino, Muhammad Yunus, es el intento de blindar la transición que siguió a la caída de Sheikh Hasina con límites claros de mandato para el jefe de Gobierno, un refuerzo de la independencia de la Comisión Electoral y de la Justicia y una reforma profunda del sistema de cuotas laborales que incendió las calles en 2024. De aprobarse, Bangladés será, sobre el papel, una democracia más armada frente a tentaciones autocráticas; si fracasa, el nuevo ciclo político nacerá con un vacío de garantías y un pasado muy reciente que aún supura.. La sombra de la “Dama de Hierro”. En esta ocasión, lo más atronador no ha sido el discurso, sino el silencio impuesto de la Liga Awami, el partido que dominó con mano de hierro durante quince años y que esta vez ha contemplado la contienda desde la ilegalidad, tras ser proscrito por el Tribunal Supremo por la “represión salvaje” ejercida contra su propia población. La formación que monopolizó el poder bajo la figura de Hasina quedó fuera, pero no del relato, convirtiéndose en el gran ausente que nadie menciona y todos tienen presente.. Desde su refugio en India, la ex primera ministra ha hecho lo contrario: hablar más que nunca. En un mensaje de audio difundido días antes de la cita electoral en el Club de Corresponsales Extranjeros, arremetió contra Yunus y contra su eterno rival, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), denunciando una “farsa excluyente” y clamando por una supuesta persecución contra las minorías bajo el actual Ejecutivo. Condenada a muerte in absentia el pasado noviembre por crímenes contra la humanidad, intenta presentarse como víctima del nuevo orden, pero en las calles de Daca su voz rebota contra una juventud que todavía repasa la lista de sus muertos: 1.400 personas abatidas por la policía, según la ONU, antes de que el Ejército se negara a seguir disparando el 5 de agosto de 2024.. BNP, NCP y la batalla por el futuro. El tablero electoral colocó al BNP, liderado por Tarique Rahman, de regreso de su exilio londinense hace apenas semanas, en cabeza de los sondeos. Pero el guión previsto se ha visto alterado por la irrupción del Partido Nacional Ciudadano (NCP), surgido directamente de las barricadas estudiantiles y que hoy compite por capitalizar el voto juvenil. Esa entrada en escena fragmenta la enorme bolsa de sufragio joven y abre dos caminos: que el impulso de la revuelta se diluya en la política de siempre o que se consolide una democracia liberal inédita en el delta del Ganges.. A esta pugna se sumó una ofensiva territorial de las alianzas encabezadas por el BNP y por el Jamaat, que han recorrido el país prometiendo lo que el votante angustiado quiere oír con empleo, alivio en los precios, rebajas fiscales, tolerancia cero con la corrupción y el fin de la discriminación. Compiten en promesas para una población castigada por la carestía y el desempleo, conscientes de que el estado de ánimo nacional se mide ya en bolsas de arroz, recibos de la luz y salarios precarios.. Sin embargo, analistas y ciudadanos coinciden en que el catálogo de ofertas roza la política-ficción en un país golpeado por múltiples crisis económicas simultáneas. Ningún Gobierno, por fuerte que sea su mandato, podrá cumplir en un lustro la totalidad de ese menú de empleo, recortes de impuestos y gasto social masivo sin enfrentarse a la realidad de un Estado que sigue centralizado, con administraciones locales dependientes casi por completo de los fondos y decisiones de Daca.. Un Estado en tensión permanente. Bangladés mantiene, en teoría, una arquitectura institucional clara con un Gobierno elegido que ejerce el poder ejecutivo, un Parlamento que legisla y fiscaliza y una Administración territorial encargada de gestionar servicios municipales, educación y desarrollo rural. Pero esa estructura se asienta sobre un terreno político inflamable, donde cada ciclo electoral se ha acompañado históricamente de picos de violencia comunal y partidista, con las minorías religiosas pagando el precio más alto en forma de ataques, saqueos y agresiones en medio de la polarización.. Con el fin del mandato de Hasina, esas comunidades viven, denuncian, bajo asedio. Organizaciones de derechos humanos han documentado agresiones, asesinatos y ataques incendiarios contra sus propiedades, mientras el Gobierno insiste en que la mayor parte de los incidentes no responden a motivaciones de odio religioso. Ese contraste entre el relato oficial y la percepción de inseguridad ha marcado la campaña e intensificado los temores, pese a que los principales partidos han redoblado su cortejo a esos grupos vulnerables para exhibir un compromiso con la convivencia.
En las calles, pese a la desconfianza y al ruido de las denuncias, late la esperanza compartida de la posibilidad real de un regreso a la democracia, después de años de férreo control y represión
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