El Ayuntamiento de Badalona acordó ayer facilitar la estancia en una pensión de la ciudad a los sintecho que presentaron una demanda por el cierre del albergue social Can Bofí Vell. El consistorio acata la orden del juzgado de lo contencioso-administrativo, que había dictado una medida cautelar exigiendo que les ofreciera un lugar donde dormir por su «extrema vulnerabilidad».. La demanda la presentaron cuatro de los 45 expulsados del centro a finales de abril, cuando cerró. A la pensión irán dos, porque hay una persona ingresada en un centro sanitario y una cuarta fuera de Cataluña. El abogado de los demandantes, Albert Parés, ha agradecido la predisposición de los técnicos municipales, «si bien preocupa que a nivel político se den otras órdenes».. También ha remarcado que la demanda colectiva aceptada a trámite en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Barcelona es por un delito de vulneración de derechos fundamentales, «como son el derecho en la vida o a la integridad». Por eso ha considerado «muy importante» que la jueza haya dictado como medida cautelar una orden para que el Ayuntamiento de Badalona garantice un lugar donde dormir a los demandantes.. A la salida de una reunión celebrada en el consistorio con Servicios Sociales menos de 24 horas después de recibir la orden judicial, el letrado ha destacado que «a nivel político no se quería cumplir la resolución» mientras ha celebrado que «los profesionales técnicos les han hecho entrar en razón».. La quinta teniente de alcaldía de Badalona, Eva Guillén, ha rebatido las afirmaciones del abogado aseverando que «no hay falta de voluntad política». Según la responsable de la concejalía de Servicios Sociales, el consistorio «se ha puesto a trabajar» para garantizar una solución para los demandantes, «a pesar de no estar de acuerdo en términos técnicos».. Guillén ha justificado así el hecho de que el Ayuntamiento tenga previsto presentar un recurso en los juzgados y ha remarcado que, entre otros motivos, discrepan que la responsabilidad de dejar los usuarios del albergue en la calle sea solo municipal, «si no que la Generalitat tendría que asumir una parte también».. En paralelo a la causa judicial por el cierre de Can Bofí Vell, el gobierno municipal ha asegurado que está trabajando en un proyecto para disponer de una equipación de atención habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Guillén ha dicho que será un espacio donde se regularán diferentes tipos de estancia y que prevén presentar durante 2025.. Después de la reunión de este martes, dos de los demandantes tendrán un lugar asegurado en una pensión de la ciudad hasta que la jueza avance en la investigación y determine si levanta esta medida cautelar o bien considera firme que el Ayuntamiento tiene que resolver la situación habitacional de los afectados por el cierre del albergue.. Una de las demandantes, Rocío Caparrós, ha celebrado poder acceder ahora a una pensión después de ocho meses dando tumbos sin una vivienda fija. Después de una temporada durmiendo al raso en la plaza de la Vila de Badalona, finalmente se instaló en una caravana en un camping en Santa Susanna (Maresme), «donde hace muchísimo frío». Ahora se ha mostrado satisfecha de poder volver a vivir bajo un techo en Badalona. Tiene previsto instalarse en la pensión a partir del jueves, una vez haya recogido todas sus pertenencias del camping.. Desde la plataforma de apoyo social Badalona Acoge, Carles Sagués se ha mostrado satisfecho de la solución temporal que han conseguido los demandantes, «a quienes el Ayuntamiento dejó en la calle diciendo que se espabilaran, sin ofrecerles ninguna alternativa».. En cuanto al resto de afectados por el cierre, intentarán contactar con ellos para que se incorporen al procedimiento judicial para que también puedan disfrutar de medidas cautelares en forma de solución habitacional. En este sentido, el abogado Albert Parés, de la asociación Noves Vies, ha precisado que estos sintecho no pueden disponer de una pensión temporal por parte del Ayuntamiento ahora mismo porque su caso no está siendo analizado por parte de ningún juez.. Representantes de Noves Vies y Badalona Acoge se han concentrado este martes ante las oficinas del Ayuntamiento para apoyar a los afectados por el cierre del albergue y exigir una solución. También se ha acercado las líderes locales de los Comunes y Gaunyem, Aïda Llauradó y Dolors Sabater, que han celebrado la «victoria» social conseguida y han reclamado la reapertura del albergue.
Un juez había resuelto que la ciudad le facilitara un techo después de haberlo desalojado «sin mediar palabra»
El Ayuntamiento de Badalona acordó ayer facilitar la estancia en una pensión de la ciudad a los sintecho que presentaron una demanda por el cierre del albergue social Can Bofí Vell. El consistorio acata la orden del juzgado de lo contencioso-administrativo, que había dictado una medida cautelar exigiendo que les ofreciera un lugar donde dormir por su «extrema vulnerabilidad».. La demanda la presentaron cuatro de los 45 expulsados del centro a finales de abril, cuando cerró. A la pensión irán dos, porque hay una persona ingresada en un centro sanitario y una cuarta fuera de Cataluña. El abogado de los demandantes, Albert Parés, ha agradecido la predisposición de los técnicos municipales, «si bien preocupa que a nivel político se den otras órdenes».. También ha remarcado que la demanda colectiva aceptada a trámite en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Barcelona es por un delito de vulneración de derechos fundamentales, «como son el derecho en la vida o a la integridad». Por eso ha considerado «muy importante» que la jueza haya dictado como medida cautelar una orden para que el Ayuntamiento de Badalona garantice un lugar donde dormir a los demandantes.. A la salida de una reunión celebrada en el consistorio con Servicios Sociales menos de 24 horas después de recibir la orden judicial, el letrado ha destacado que «a nivel político no se quería cumplir la resolución» mientras ha celebrado que «los profesionales técnicos les han hecho entrar en razón».. La quinta teniente de alcaldía de Badalona, Eva Guillén, ha rebatido las afirmaciones del abogado aseverando que «no hay falta de voluntad política». Según la responsable de la concejalía de Servicios Sociales, el consistorio «se ha puesto a trabajar» para garantizar una solución para los demandantes, «a pesar de no estar de acuerdo en términos técnicos».. Guillén ha justificado así el hecho de que el Ayuntamiento tenga previsto presentar un recurso en los juzgados y ha remarcado que, entre otros motivos, discrepan que la responsabilidad de dejar los usuarios del albergue en la calle sea solo municipal, «si no que la Generalitat tendría que asumir una parte también».. En paralelo a la causa judicial por el cierre de Can Bofí Vell, el gobierno municipal ha asegurado que está trabajando en un proyecto para disponer de una equipación de atención habitacional para personas en situación de vulnerabilidad. Guillén ha dicho que será un espacio donde se regularán diferentes tipos de estancia y que prevén presentar durante 2025.. Después de la reunión de este martes, dos de los demandantes tendrán un lugar asegurado en una pensión de la ciudad hasta que la jueza avance en la investigación y determine si levanta esta medida cautelar o bien considera firme que el Ayuntamiento tiene que resolver la situación habitacional de los afectados por el cierre del albergue.. Una de las demandantes, Rocío Caparrós, ha celebrado poder acceder ahora a una pensión después de ocho meses dando tumbos sin una vivienda fija. Después de una temporada durmiendo al raso en la plaza de la Vila de Badalona, finalmente se instaló en una caravana en un camping en Santa Susanna (Maresme), «donde hace muchísimo frío». Ahora se ha mostrado satisfecha de poder volver a vivir bajo un techo en Badalona. Tiene previsto instalarse en la pensión a partir del jueves, una vez haya recogido todas sus pertenencias del camping.. Desde la plataforma de apoyo social Badalona Acoge, Carles Sagués se ha mostrado satisfecho de la solución temporal que han conseguido los demandantes, «a quienes el Ayuntamiento dejó en la calle diciendo que se espabilaran, sin ofrecerles ninguna alternativa».. En cuanto al resto de afectados por el cierre, intentarán contactar con ellos para que se incorporen al procedimiento judicial para que también puedan disfrutar de medidas cautelares en forma de solución habitacional. En este sentido, el abogado Albert Parés, de la asociación Noves Vies, ha precisado que estos sintecho no pueden disponer de una pensión temporal por parte del Ayuntamiento ahora mismo porque su caso no está siendo analizado por parte de ningún juez.. Representantes de Noves Vies y Badalona Acoge se han concentrado este martes ante las oficinas del Ayuntamiento para apoyar a los afectados por el cierre del albergue y exigir una solución. También se ha acercado las líderes locales de los Comunes y Gaunyem, Aïda Llauradó y Dolors Sabater, que han celebrado la «victoria» social conseguida y han reclamado la reapertura del albergue.
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