Andalucía ha sumado en las dos legislaturas del PP al frente de la Junta de Andalucía 123.084 hectáreas más entre protegidas, de especial conservación y en el Parque Nacional de Doñana. En el caso de la superficie protegida, incluyendo la propuesta de ampliación de la reserva de la biosfera Sierra Nevada y Sierra de las Nieves –69.896 hectáreas–, ésta se ha incrementado en 77.757 hectáreas.. Son los datos facilitados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a preguntas de Europa Press. En el caso de la superficie protegida, sólo en el caso concreto de los parques naturales de la Breña y Despeñaperros han sumado 200 y 7.861 hectáreas respectivamente. Las zonas de especial conservación han pasado de las 2.544.404 hectáreas de 2019 a las 2.580.997 de 2025.. En Doñana, son ya 101.087 las hectáreas de titularidad pública frente a las 92.353 de 2019. En este contexto se enmarca la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam) que la Junta defiende que nace con la «vocación inequívoca» de «proteger mejor el medio ambiente andaluz, garantizándolo y, al mismo tiempo, con procedimientos mucho más eficaces y ágiles». «Hemos sabido equilibrar protección ambiental y simplificación administrativa».. La nueva norma «clarifica procedimientos, evita duplicidades, ordena los instrumentos de intervención ambiental sin rebajar para nada la exigencia de estándares de protección», al tiempo que «refuerza los mecanismos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos y se precisan los supuestos de aplicación y se fortalecen los sistemas de inspección y de control».. «La evaluación ambiental se consolida como una herramienta esencial para adoptar decisiones basadas siempre en criterios técnicos», lo que aporta «confianza a la ciudadanía, seguridad jurídica a las empresas y eficiencia a las administraciones públicas», abunda la Consejería.. Esta ley «también debe ser considerada como una nueva oportunidad para compatibilizar la sostenibilidad ambiental y las nuevas oportunidades de desarrollo técnico», y se constituye como «una herramienta al servicio de todos los andaluces» en un contexto en el que se afrontan «desafíos importantes» como el «cambio climático», la «pérdida de biodiversidad» y la «transición hacia modelos productivos más sostenibles».. Entre las principales novedades de la ley, destaca la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como «instrumento de planificación estratégica de referencia para Andalucía». También se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la representación de los agentes sociales y económicos «más relevantes», así como de las entidades locales.. La ley promueve igualmente la coordinación interadministrativa, reforzando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para «evitar retrasos y conflictos competenciales», según valoran desde la Junta. Asimismo, la norma crea un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, así como impulsa «convenios, instrumentos voluntarios de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada», y con ella se amplían las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, que podrán realizar «tareas de verificación documental, apoyo en inspecciones y control de subvenciones, siempre bajo supervisión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente».. Por otro lado, introduce la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos. Así, lo que en la anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.. Asimismo, otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA). Además, en los casos en que una declaración responsable afecte a dos municipios, se resolverá como dos declaraciones diferenciadas, «garantizando una correcta gestión en cada término municipal».. Desde el Gobierno andaluz valoran igualmente que uno de los avances más destacados de esta nueva ley es la «reducción significativa de los tiempos de tramitación de las autorizaciones e instrumentos de prevención ambiental». Los nuevos plazos quedan fijados en seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y en cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada; tres meses para Licencia Ambiental; y efectos inmediatos para la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales.. Desde la Junta reivindican además que la Legam «refuerza la inspección, vigilancia y control ambiental con un nuevo marco regulador que precisa las competencias, la planificación y el ejercicio de la función inspectora». Asimismo, el texto actualiza el régimen sancionador, revisando importes, tipificaciones y competencias. Introduce la prestación ambiental sustitutoria, una figura novedosa que permitirá sustituir una sanción económica por actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, reforzando así el sentido reparador y educativo de las sanciones.. Finalmente, también se actualizan las disposiciones relativas a responsabilidad medioambiental, «en coherencia con la legislación básica estatal», y se incorporan nuevas obligaciones y garantías financieras para las actividades potencialmente generadoras de riesgo ambiental.
Sólo en el caso concreto de los parques naturales de la Breña y Despeñaperros han sumado 200 y 7.861 hectáreas respectivamente
Andalucía ha sumado en las dos legislaturas del PP al frente de la Junta de Andalucía 123.084 hectáreas más entre protegidas, de especial conservación y en el Parque Nacional de Doñana. En el caso de la superficie protegida, incluyendo la propuesta de ampliación de la reserva de la biosfera Sierra Nevada y Sierra de las Nieves –69.896 hectáreas–, ésta se ha incrementado en 77.757 hectáreas.. Son los datos facilitados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a preguntas de Europa Press. En el caso de la superficie protegida, sólo en el caso concreto de los parques naturales de la Breña y Despeñaperros han sumado 200 y 7.861 hectáreas respectivamente. Las zonas de especial conservación han pasado de las 2.544.404 hectáreas de 2019 a las 2.580.997 de 2025.. En Doñana, son ya 101.087 las hectáreas de titularidad pública frente a las 92.353 de 2019. En este contexto se enmarca la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam) que la Junta defiende que nace con la «vocación inequívoca» de «proteger mejor el medio ambiente andaluz, garantizándolo y, al mismo tiempo, con procedimientos mucho más eficaces y ágiles». «Hemos sabido equilibrar protección ambiental y simplificación administrativa».. La nueva norma «clarifica procedimientos, evita duplicidades, ordena los instrumentos de intervención ambiental sin rebajar para nada la exigencia de estándares de protección», al tiempo que «refuerza los mecanismos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos y se precisan los supuestos de aplicación y se fortalecen los sistemas de inspección y de control».. «La evaluación ambiental se consolida como una herramienta esencial para adoptar decisiones basadas siempre en criterios técnicos», lo que aporta «confianza a la ciudadanía, seguridad jurídica a las empresas y eficiencia a las administraciones públicas», abunda la Consejería.. Esta ley «también debe ser considerada como una nueva oportunidad para compatibilizar la sostenibilidad ambiental y las nuevas oportunidades de desarrollo técnico», y se constituye como «una herramienta al servicio de todos los andaluces» en un contexto en el que se afrontan «desafíos importantes» como el «cambio climático», la «pérdida de biodiversidad» y la «transición hacia modelos productivos más sostenibles».. Entre las principales novedades de la ley, destaca la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como «instrumento de planificación estratégica de referencia para Andalucía». También se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la representación de los agentes sociales y económicos «más relevantes», así como de las entidades locales.. La ley promueve igualmente la coordinación interadministrativa, reforzando la cooperación entre los distintos niveles de gobierno para «evitar retrasos y conflictos competenciales», según valoran desde la Junta. Asimismo, la norma crea un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, así como impulsa «convenios, instrumentos voluntarios de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada», y con ella se amplían las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, que podrán realizar «tareas de verificación documental, apoyo en inspecciones y control de subvenciones, siempre bajo supervisión de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente».. Por otro lado, introduce la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos. Así, lo que en la anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.. Asimismo, otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA). Además, en los casos en que una declaración responsable afecte a dos municipios, se resolverá como dos declaraciones diferenciadas, «garantizando una correcta gestión en cada término municipal».. Desde el Gobierno andaluz valoran igualmente que uno de los avances más destacados de esta nueva ley es la «reducción significativa de los tiempos de tramitación de las autorizaciones e instrumentos de prevención ambiental». Los nuevos plazos quedan fijados en seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y en cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada; tres meses para Licencia Ambiental; y efectos inmediatos para la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales.. Desde la Junta reivindican además que la Legam «refuerza la inspección, vigilancia y control ambiental con un nuevo marco regulador que precisa las competencias, la planificación y el ejercicio de la función inspectora». Asimismo, el texto actualiza el régimen sancionador, revisando importes, tipificaciones y competencias. Introduce la prestación ambiental sustitutoria, una figura novedosa que permitirá sustituir una sanción económica por actuaciones de restauración, conservación o educación ambiental, reforzando así el sentido reparador y educativo de las sanciones.. Finalmente, también se actualizan las disposiciones relativas a responsabilidad medioambiental, «en coherencia con la legislación básica estatal», y se incorporan nuevas obligaciones y garantías financieras para las actividades potencialmente generadoras de riesgo ambiental.
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