«Cautela», esa es la palabra que ha utilizado esta mañana el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, en una entrevista en À Punt para contestar el posicionamiento de la Generalitat valenciana con respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. Una palabra que dice mucho de entrada y que muestra que hay dudas en el seno del Consell. «Las cifras no pintan mal, pero necesitamos saber mucho más, la letra pequeña de este acuerdo», ha seguido diciendo.. Todo indica que el modelo satisface en parte, pero para entender la «cautela» hacen falta analizar dos vertientes, la económica y la política.. De entrada, el sistema supondría un alivio para las arcas de la Generalitat, diezmadas desde 2009 como las que menos dinero reciben del Estado, que pasaría a dejar de estar a la cola, como admitió ayer Rovira, al sumar 3.669 millones de euros más al año, más que el déficit de la Generalitat, de 2.490 millones en 2024.. De entrada, reduce de 1.500 euros por habitante a 700 euros por habitante la infrafinanciación, lo que sigue situando en inferioridad, pero si se suma el anuncio de usar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para cubrir la brecha de aquellas que sigan recibiendo menos, como la Comunitat Valenciana, pero tampoco hay información con respecto a si habría Fondo de Liquidez Autonómico ni una partida extraordinaria para cubrir potenciales déficit.. Pero para entender el posicionamiento hacen falta dos visiones, la económica y la política.. Por un lado las dudas financieras vienen de la falta de claridad del anuncio del Gobierno, quien este miércoles explicará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera más detalladamente a los consejeros de Hacienda autonómicos su propuesta, a lo que sumará una reunión bilateral con cada uno de ellos, algo que Rovira ha calificado en la televisión pública valenciana de «raro».. La primera cuestión está en saber cómo encaja en todo esto la condonación de la deuda. Rovira y su predecesora, Ruth Merino, habían rechazado la condonación de deuda propuesta, que supondría un reducción para la Comunitat Valenciana de11.210 millones de euros, lo que representa solo el 19,3% del total de su deuda y el 24,3% de la deuda atribuible a la infrafinanciación.. Una cifra insuficiente pero que siempre dijeron que debía ir acompañado de un reformado sistema de financiación. La Generalitat buscará que en este sistema se incluya un acuerdo para aliviar los intereses, que como ha afirmado Rovira supondrán en 2026 unos 1.500 millones de euros, «la mitad de ese dinero que dice el modelo que vamos a recibir de más».. Además, a ello se suman otras partidas no mencionadas que reclama la Generalitat al Gobierno como los 1.000 millones de euros que cifra en costes de atender en sanidad a no valencianos y los 4.000 millones en dependencia.. Y, sobre todo, un fondo de nivelación para este 2026 que cifra en 1.700 millones de euros y permita no tener que volver a elevar la deuda como ya ocurrió en 2025.. Hasta ahí la parte económica que reclama, que tratarán mañana mismo con economistas en la Comisión de Expertos para un nuevo sistema de financiación autonómica de les Corts Valencianes.. La política manda. Ahora, otra clave está en el factor político. El domingo, Alberto Núñez Feijóo reunirá a los barones del PP en Zaragoza para adoptar una posición común con respecto al modelo presentado y todo hace indicar que será un rechazo frontal. Para empezar porque se ha negociado con ERC y se consideraría un guiño a los separatistas, algo que ha dicho Rovira que no es empezar «con buen pie».. «Hay que ver el modelo completo, no una especie de anuncio hecho después de una reunión de Junqueras y Sánchez. No tiene ningún sentido que un acuerdo para todas las comunidades se negocie así», ha afirmado en À Punt el conseller.. Es harto complicado pensar que el presidente Juanfran Pérez Llorca se desmarque de su propio partido. Lo que sí tendrá que hacer después es justificar con criterios económicos el rechazo, aunque la decisión final la tiene el Congreso y el Gobierno tiene las de perder.
Para comprender la «cautela» que ha pedido el conseller Rovira hay cuestiones económicas como los intereses de la deuda y sobre todo políticos con la unidad de las comunidades autónomas del PP
«Cautela», esa es la palabra que ha utilizado esta mañana el conseller de Economía y Hacienda, José Antonio Rovira, en una entrevista en À Punt para contestar el posicionamiento de la Generalitat valenciana con respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. Una palabra que dice mucho de entrada y que muestra que hay dudas en el seno del Consell. «Las cifras no pintan mal, pero necesitamos saber mucho más, la letra pequeña de este acuerdo», ha seguido diciendo.. Todo indica que el modelo satisface en parte, pero para entender la «cautela» hacen falta analizar dos vertientes, la económica y la política.. De entrada, el sistema supondría un alivio para las arcas de la Generalitat, diezmadas desde 2009 como las que menos dinero reciben del Estado, que pasaría a dejar de estar a la cola, como admitió ayer Rovira, al sumar 3.669 millones de euros más al año, más que el déficit de la Generalitat, de 2.490 millones en 2024.. De entrada, reduce de 1.500 euros por habitante a 700 euros por habitante la infrafinanciación, lo que sigue situando en inferioridad, pero si se suma el anuncio de usar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para cubrir la brecha de aquellas que sigan recibiendo menos, como la Comunitat Valenciana, pero tampoco hay información con respecto a si habría Fondo de Liquidez Autonómico ni una partida extraordinaria para cubrir potenciales déficit.. Pero para entender el posicionamiento hacen falta dos visiones, la económica y la política.. Por un lado las dudas financieras vienen de la falta de claridad del anuncio del Gobierno, quien este miércoles explicará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera más detalladamente a los consejeros de Hacienda autonómicos su propuesta, a lo que sumará una reunión bilateral con cada uno de ellos, algo que Rovira ha calificado en la televisión pública valenciana de «raro».. La primera cuestión está en saber cómo encaja en todo esto la condonación de la deuda. Rovira y su predecesora, Ruth Merino, habían rechazado la condonación de deuda propuesta, que supondría un reducción para la Comunitat Valenciana de11.210 millones de euros, lo que representa solo el 19,3% del total de su deuda y el 24,3% de la deuda atribuible a la infrafinanciación.. Una cifra insuficiente pero que siempre dijeron que debía ir acompañado de un reformado sistema de financiación. La Generalitat buscará que en este sistema se incluya un acuerdo para aliviar los intereses, que como ha afirmado Rovira supondrán en 2026 unos 1.500 millones de euros, «la mitad de ese dinero que dice el modelo que vamos a recibir de más».. Además, a ello se suman otras partidas no mencionadas que reclama la Generalitat al Gobierno como los 1.000 millones de euros que cifra en costes de atender en sanidad a no valencianos y los 4.000 millones en dependencia.. Y, sobre todo, un fondo de nivelación para este 2026 que cifra en 1.700 millones de euros y permita no tener que volver a elevar la deuda como ya ocurrió en 2025.. Hasta ahí la parte económica que reclama, que tratarán mañana mismo con economistas en la Comisión de Expertos para un nuevo sistema de financiación autonómica de les Corts Valencianes.. La política manda. Ahora, otra clave está en el factor político. El domingo, Alberto Núñez Feijóo reunirá a los barones del PP en Zaragoza para adoptar una posición común con respecto al modelo presentado y todo hace indicar que será un rechazo frontal. Para empezar porque se ha negociado con ERC y se consideraría un guiño a los separatistas, algo que ha dicho Rovira que no es empezar «con buen pie».. «Hay que ver el modelo completo, no una especie de anuncio hecho después de una reunión de Junqueras y Sánchez. No tiene ningún sentido que un acuerdo para todas las comunidades se negocie así», ha afirmado en À Punt el conseller.. Es harto complicado pensar que el presidente Juanfran Pérez Llorca se desmarque de su propio partido. Lo que sí tendrá que hacer después es justificar con criterios económicos el rechazo, aunque la decisión final la tiene el Congreso y el Gobierno tiene las de perder.
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