La penúltima sesión plenaria del Parlamento andaluz nos dejó ayer dos situaciones noticiables, una por su propio peso y la segunda por su excepcionalidad. La aprobación de la proposición de Ley del Tercer Sector en sí ya bastaría para ocupar estas páginas por ser una norma ansiada por las entidades sociales. La excepcionalidad la aporta el acuerdo entre el partido de Gobierno, el PP-A, y el principal partido de la oposición, el PSOE-A, con cuyos votos conjuntos salió adelante una ley que tan solo suscitó el rechazo de Vox y la indiferencia de la oposición de izquierdas, que optó por la abstención.. Gracias a esta nueva norma, se podrá regular el trabajo que llevan a cabo las entidades del tercer sector y favorecer de esta manera la cooperación y colaboración con las administraciones públicas en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, según lo defendido por las propias entidades, que fueron las que trajeron el texto a la Cámara regional. El proyecto incluye, entre otras cuestiones, mecanismos para su participación junto a las administraciones públicas y en la gobernanza compartida centrada en el diálogo con el Ejecutivo autonómico, así como a dotar a estas entidades del tercer sector de estabilidad financiera y seguridad jurídica.. La proposición de ley, que superó el pasado 10 de septiembre su toma en consideración y que cuenta con el posicionamiento favorable del Consejo de Gobierno, pretende, «entre otros extremos, dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global».. La ley sitúa como «parte del tercer sector social de Andalucía» a «las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía».. La iniciativa detalla las características que deben reunir una entidad para ser considerada como parte del «tercer sector social», entre las que figuran la de que esté conformada, «total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas», así como que no tengan como finalidad la «obtención de beneficios económicos», y que los que «eventualmente obtenga» los revierta «en la actividad que le sirve de objeto», y no los distribuya «entre sus socios».. Pese a su voto favorable, el Partido Socialista, a través de su parlamentario José Luis Ruiz, expresó que la norma necesitará de desarrollos posteriores para su correcta aplicación, y estará sujeta a los cambios que se detecten durante su ejecución, pero señaló que era necesario un texto que «estableciera un marco regulatorio autonómico que amparase a estas entidades y el trabajo que realizan».. Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, admitió que el texto necesita mejoras y seguir su desarrollo y que les hubiera gustado poder incorporar otras cuestiones «fundamentales» que no aparecen en la ley finalmente aprobada y que abarcara los efectos económicos y una mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan en estas entidades sociales.. Además, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, resaltó que la norma carece del rigor jurídico y técnico necesario y es una mera declaración de intereses que no se compromete de ninguna manera: «Esto es la excusa para una foto, para otro hito en la carrera electoral de un Gobierno de cara a las próximas elecciones. Les han utilizado, me duele decirlo».. El rechazo de Vox. Contrario a la norma se posicionó Vox, cuya parlamentaria Ana María Ruiz destacó que por responsabilidad política no podían apoyar el proyecto de ley porque «nace mal planteada, mal definida y desconectada de la realidad de nuestra tierra», al tiempo que lamentó que también contemple el apoyo a organizaciones que, a su juicio, favorecen la inmigración ilegal y las mafias.. La diputada de Vox, criticó que esta norma «pretende otorgar un reconocimiento institucional amplio y difuso a un tercer sector social que ni siquiera queda claramente definido» en su texto, además de que «se alinea de forma explícita»con la Agenda 2030, «un marco ideológico global que no ha sido sometido ni siquiera al debate democrático real de los ciudadanos españoles, y que se utiliza cada vez con más frecuencia como excusa para imponer políticas que nadie ha votado en España».
La norma, que busca blindar la labor de las entidades sociales, contó con el rechazo de Vox y la abstención de la izquierda
La penúltima sesión plenaria del Parlamento andaluz nos dejó ayer dos situaciones noticiables, una por su propio peso y la segunda por su excepcionalidad. La aprobación de la proposición de Ley del Tercer Sector en sí ya bastaría para ocupar estas páginas por ser una norma ansiada por las entidades sociales. La excepcionalidad la aporta el acuerdo entre el partido de Gobierno, el PP-A, y el principal partido de la oposición, el PSOE-A, con cuyos votos conjuntos salió adelante una ley que tan solo suscitó el rechazo de Vox y la indiferencia de la oposición de izquierdas, que optó por la abstención.. Gracias a esta nueva norma, se podrá regular el trabajo que llevan a cabo las entidades del tercer sector y favorecer de esta manera la cooperación y colaboración con las administraciones públicas en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad, según lo defendido por las propias entidades, que fueron las que trajeron el texto a la Cámara regional. El proyecto incluye, entre otras cuestiones, mecanismos para su participación junto a las administraciones públicas y en la gobernanza compartida centrada en el diálogo con el Ejecutivo autonómico, así como a dotar a estas entidades del tercer sector de estabilidad financiera y seguridad jurídica.. La proposición de ley, que superó el pasado 10 de septiembre su toma en consideración y que cuenta con el posicionamiento favorable del Consejo de Gobierno, pretende, «entre otros extremos, dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global».. La ley sitúa como «parte del tercer sector social de Andalucía» a «las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía».. La iniciativa detalla las características que deben reunir una entidad para ser considerada como parte del «tercer sector social», entre las que figuran la de que esté conformada, «total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas», así como que no tengan como finalidad la «obtención de beneficios económicos», y que los que «eventualmente obtenga» los revierta «en la actividad que le sirve de objeto», y no los distribuya «entre sus socios».. Pese a su voto favorable, el Partido Socialista, a través de su parlamentario José Luis Ruiz, expresó que la norma necesitará de desarrollos posteriores para su correcta aplicación, y estará sujeta a los cambios que se detecten durante su ejecución, pero señaló que era necesario un texto que «estableciera un marco regulatorio autonómico que amparase a estas entidades y el trabajo que realizan».. Por su parte, la parlamentaria de Adelante Andalucía, Begoña Iza, admitió que el texto necesita mejoras y seguir su desarrollo y que les hubiera gustado poder incorporar otras cuestiones «fundamentales» que no aparecen en la ley finalmente aprobada y que abarcara los efectos económicos y una mejora de las condiciones laborales de quienes trabajan en estas entidades sociales.. Además, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, resaltó que la norma carece del rigor jurídico y técnico necesario y es una mera declaración de intereses que no se compromete de ninguna manera: «Esto es la excusa para una foto, para otro hito en la carrera electoral de un Gobierno de cara a las próximas elecciones. Les han utilizado, me duele decirlo».. Contrario a la norma se posicionó Vox, cuya parlamentaria Ana María Ruiz destacó que por responsabilidad política no podían apoyar el proyecto de ley porque «nace mal planteada, mal definida y desconectada de la realidad de nuestra tierra», al tiempo que lamentó que también contemple el apoyo a organizaciones que, a su juicio, favorecen la inmigración ilegal y las mafias.. La diputada de Vox, criticó que esta norma «pretende otorgar un reconocimiento institucional amplio y difuso a un tercer sector social que ni siquiera queda claramente definido» en su texto, además de que «se alinea de forma explícita»con la Agenda 2030, «un marco ideológico global que no ha sido sometido ni siquiera al debate democrático real de los ciudadanos españoles, y que se utiliza cada vez con más frecuencia como excusa para imponer políticas que nadie ha votado en España».
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