El metro de Barcelona, aunque funciona bastante bien, tiene en algunas zonas el hándicap de haberse convertido en un punto de criminalidad. En primera línea de este problema están los vigilantes de seguridad, que han decidido movilizarse el 3 de diciembre ante el Parlament para exigir más recursos y un marco laboral que les permita afrontar la escalada de violencia. Entre sus peticiones destaca una antigua reivindicación: ser reconocidos como agentes de la autoridad para poder intervenir con mayor capacidad operativa.. El malestar del colectivo ha ido en aumento, alimentado por un crecimiento notable tanto del número de agresiones como de su brutalidad. La última agresión, registrada hace apenas unos días, ha sido determinante: un grupo de jóvenes armados atacó a un vigilante y le provocó una herida en la cabeza que requirió doce puntos de sutura. Cansados de asumir riesgos sin herramientas ni respaldo institucional, los trabajadores se concentrarán ante el Parlament para reclamar un incremento de la plantilla, protocolos claros para actuar ante episodios violentos y mejoras salariales y profesionales que reconozcan adecuadamente su labor.. La situación vivida el pasado 23 de noviembre resume a la perfección la vulnerabilidad de estos profesionales. Un grupo numeroso de agresores llegó a desbordar a los vigilantes, que se vieron obligados a refugiarse en una zona segura para evitar males mayores. No es un caso aislado: en enero, un vigilante perdió un ojo tras ser atacado en la línea 4 del metro. Desde entonces se han sucedido huelgas y protestas sin que se hayan producido avances significativos, alimentando la sensación de abandono.. El origen de esta indefensión, denuncian, radica en la negativa de la clase política a otorgarles el estatus de agentes de la autoridad. Un rechazo que, según los vigilantes, responde al enfoque excesivamente garantista que ha predominado en Cataluña y que prioriza los derechos de quienes delinquen por encima de la protección de trabajadores y usuarios. Mientras el metro se convierte en un espacio cada vez más atractivo para quienes actúan con impunidad, quienes intentan defender a los pasajeros sienten que se les deja solos. Y cuando los vecinos alzan la voz ante el aumento de la violencia, suelen ser acusados de alarmismo o incluso de extremismo. Con este contexto, no sorprende que la situación de inseguridad acabe teniendo consecuencias políticas de gran calado.
Los trabajadores alertan de que el metro se ha convertido en terreno abonado para la delincuencia impune
El metro de Barcelona, aunque funciona bastante bien, tiene en algunas zonas el hándicap de haberse convertido en un punto de criminalidad. En primera línea de este problema están los vigilantes de seguridad, que han decidido movilizarse el 3 de diciembre ante el Parlament para exigir más recursos y un marco laboral que les permita afrontar la escalada de violencia. Entre sus peticiones destaca una antigua reivindicación: ser reconocidos como agentes de la autoridad para poder intervenir con mayor capacidad operativa.. El malestar del colectivo ha ido en aumento, alimentado por un crecimiento notable tanto del número de agresiones como de su brutalidad. La última agresión, registrada hace apenas unos días, ha sido determinante: un grupo de jóvenes armados atacó a un vigilante y le provocó una herida en la cabeza que requirió doce puntos de sutura. Cansados de asumir riesgos sin herramientas ni respaldo institucional, los trabajadores se concentrarán ante el Parlament para reclamar un incremento de la plantilla, protocolos claros para actuar ante episodios violentos y mejoras salariales y profesionales que reconozcan adecuadamente su labor.. La situación vivida el pasado 23 de noviembre resume a la perfección la vulnerabilidad de estos profesionales. Un grupo numeroso de agresores llegó a desbordar a los vigilantes, que se vieron obligados a refugiarse en una zona segura para evitar males mayores. No es un caso aislado: en enero, un vigilante perdió un ojo tras ser atacado en la línea 4 del metro. Desde entonces se han sucedido huelgas y protestas sin que se hayan producido avances significativos, alimentando la sensación de abandono.. El origen de esta indefensión, denuncian, radica en la negativa de la clase política a otorgarles el estatus de agentes de la autoridad. Un rechazo que, según los vigilantes, responde al enfoque excesivamente garantista que ha predominado en Cataluña y que prioriza los derechos de quienes delinquen por encima de la protección de trabajadores y usuarios. Mientras el metro se convierte en un espacio cada vez más atractivo para quienes actúan con impunidad, quienes intentan defender a los pasajeros sienten que se les deja solos. Y cuando los vecinos alzan la voz ante el aumento de la violencia, suelen ser acusados de alarmismo o incluso de extremismo. Con este contexto, no sorprende que la situación de inseguridad acabe teniendo consecuencias políticas de gran calado.
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