Malestar e inquietud en el Gobierno regional después del varapalo sufrido en las Cortes de Castilla y León después de que la oposición decidiera tumbar y derogar los dos decretos ley aprobados por la Junta el pasado mes de octubre, y que estaban llamados a mejorar y profesionalizar el operativo de prevención y extinción contra los incendios forestales.. Solo el PP y los procuradores no adscritos y ex de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, votaban a favor de ambos decretos ley, sumando por tanto 33 votos insuficientes para sacarlos adelante.. Desde la Junta, los consejeros de la Presidencia y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorios, Luis Miguel González Gago y Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente, arremetían contra la oposición por «irresponsable» y «electoralista», y advertían de las consecuencias de este rechazo.. De hecho, la no convalidación del decreto de medidas urgentes relativas al personal que está al servicio de la Administración autonómica supondrá, según González Gago, que se paralicen o retrasen medidas como la fijeza de los puestos fijos discontinuos durante todo el año así como la creación del nuevo Cuerpo de agentes medioambientales del Grupo B y los complementos retributivos asociados.. «Tampoco entrará en vigor la progresiva implantación de un operativo cien por cien público y la calificación de bombero forestal con sus correspondientes beneficios salariales y sociales para los empleados públicos del operativo», advertía el consejero de la Presidencia, quien aseguraba que este rechazo afectará también a la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometen la seguridad del medio natural.. «Se impide que podamos tener un operativo contra el fuego más fuerte, profesional y justo cuando la próxima campaña de incendios está a la vuelta de la esquina», lamentaba González Gago.. Por su parte, Suárez-Quiñones, a quien le tumbaban el decreto que introducía mejoras en la ley de montes, de patrimonio natural, urbanismo y carreteras para ayudar a los ayuntamientos principalmente en la lucha contra el fuego, acusaba a los partidos de la oposición de pensar solo en las próximas elecciones en lugar de en los ciudadanos, si bien aseguraba que trabajarán para buscar otras formas de echar una mano a los municipios.. «Es más fácil criticar que trabajar y comprometerse con Castilla y León», decía el consejero de Medio Ambiente, para quien este decreto ley era la «última oportunidad» de aprobar una serie de mejoras en esta legislatura, ya que en los dos plenos que restan ya no hay tiempo material.. Desde la oposición coincidían en señalar en que estos decretos no contaban con el apoyo del sector y denunciaban la «falta de diálogo» de la Junta y el PP. Desde el PSOE, además, apuntaban a Mañueco y le echaban en cara su soledad y que no haya querido tramitar las medidas en un proyecto de Ley para evitar enmiendas.. Mientras se producía el debate en el hemicilo alrededor de trescientos agentes medioambientales y bomberos forestales, conovocados por los sindicatos CCOO, UGT,, CSIF, Uscal y CGT, protestaban en el exterior del edificio de las Cortes contra estos dos decretos que calificaban de «mentira», ya que consideran que solo buscan «tranquilizar» a la sociedad de cara a las elecciones «cuando el operativo es el mismo y no cambia nada».
González Gago advierte de las consecuencias que tendrá mientras que Suárez-Quiñones asegura que «es más fácil criticar que trabajar y comprometerse con Castilla y León»
Malestar e inquietud en el Gobierno regional después del varapalo sufrido en las Cortes de Castilla y León después de que la oposición decidiera tumbar y derogar los dos decretos ley aprobados por la Junta el pasado mes de octubre, y que estaban llamados a mejorar y profesionalizar el operativo de prevención y extinción contra los incendios forestales.. Solo el PP y los procuradores no adscritos y ex de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, votaban a favor de ambos decretos ley, sumando por tanto 33 votos insuficientes para sacarlos adelante.. Desde la Junta, los consejeros de la Presidencia y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorios, Luis Miguel González Gago y Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente, arremetían contra la oposición por «irresponsable» y «electoralista», y advertían de las consecuencias de este rechazo.. De hecho, la no convalidación del decreto de medidas urgentes relativas al personal que está al servicio de la Administración autonómica supondrá, según González Gago, que se paralicen o retrasen medidas como la fijeza de los puestos fijos discontinuos durante todo el año así como la creación del nuevo Cuerpo de agentes medioambientales del Grupo B y los complementos retributivos asociados.. «Tampoco entrará en vigor la progresiva implantación de un operativo cien por cien público y la calificación de bombero forestal con sus correspondientes beneficios salariales y sociales para los empleados públicos del operativo», advertía el consejero de la Presidencia, quien aseguraba que este rechazo afectará también a la capacidad de respuesta ante emergencias que comprometen la seguridad del medio natural.. «Se impide que podamos tener un operativo contra el fuego más fuerte, profesional y justo cuando la próxima campaña de incendios está a la vuelta de la esquina», lamentaba González Gago.. Por su parte, Suárez-Quiñones, a quien le tumbaban el decreto que introducía mejoras en la ley de montes, de patrimonio natural, urbanismo y carreteras para ayudar a los ayuntamientos principalmente en la lucha contra el fuego, acusaba a los partidos de la oposición de pensar solo en las próximas elecciones en lugar de en los ciudadanos, si bien aseguraba que trabajarán para buscar otras formas de echar una mano a los municipios.. «Es más fácil criticar que trabajar y comprometerse con Castilla y León», decía el consejero de Medio Ambiente, para quien este decreto ley era la «última oportunidad» de aprobar una serie de mejoras en esta legislatura, ya que en los dos plenos que restan ya no hay tiempo material.. Desde la oposición coincidían en señalar en que estos decretos no contaban con el apoyo del sector y denunciaban la «falta de diálogo» de la Junta y el PP. Desde el PSOE, además, apuntaban a Mañueco y le echaban en cara su soledad y que no haya querido tramitar las medidas en un proyecto de Ley para evitar enmiendas.. Mientras se producía el debate en el hemicilo alrededor de trescientos agentes medioambientales y bomberos forestales, conovocados por los sindicatos CCOO, UGT,, CSIF, Uscal y CGT, protestaban en el exterior del edificio de las Cortes contra estos dos decretos que calificaban de «mentira», ya que consideran que solo buscan «tranquilizar» a la sociedad de cara a las elecciones «cuando el operativo es el mismo y no cambia nada».
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