La detención este martes del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha devuelto a la actualidad un caso que comenzó en 2021 con la caída del ex vicepresidente tercero, Óscar Liria, por un contrato sanitario de la pandemia.. Cuatro años después, la investigación del caso mascarillas se ha ampliado a supuestas mordidas en contratos de obra pública y alcanza ya a una veintena de personas entre detenidos e investigados.. El último episodio ha sido la dimisión este viernes de García como presidente de la Diputación y su renuncia al acta de concejal en la capital almeriense.. Estas son las 10 claves esenciales del procedimiento:. 1. El contrato de emergencia del 8 de abril de 2020. El origen del caso es la adjudicación por parte de la Diputación por algo más de dos millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica para el suministro urgente de mascarillas FFP2, guantes y trajes de protección durante el estado de alarma. La empresa estaba administrada por Kilian López Solé, un empresario vinculado en Cataluña a investigaciones por tráfico de drogas, armas y blanqueo. La UCO detectó que, tras recibir el dinero público, la empresa china fabricante abonó una comisión de 945.297,61 euros a otra sociedad propiedad del propio López.. 2. Sobres y pagos. En junio de 2021, la UCO detuvo -entre muchos otros- al entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria (PP). La Guardia Civil afirmó haber hallado en su domicilio sobres con cantidades de entre 6.000 y 10.000 euros, e incluso 26.250 euros ocultos en prendas de ropa. La investigación describió un posible flujo de entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones, supuestamente canalizado mediante sociedades administradas por familiares, facturas ficticias y la compra de varios vehículos BMW.. 3. La operación ‘Lúa’ y el traslado a Almería. El caso se inició en el Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, que ordenó los primeros registros en Cataluña, Almería, Murcia y Mallorca. En 2022, la causa fue trasladada al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, que asumió la investigación sobre posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. La lista de investigados creció, incluyendo a cargos como el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez (PP).. 4. La polémica comisión de investigación (2021). Tras el estallido del caso, la Diputación creó una comisión especial presidida por Ciudadanos. El PSOE denunció “vetos” del PP para evitar la comparecencia del presidente Javier Aureliano García y de los empresarios implicados. El dictamen final, aprobado solo con votos de PP y Cs, fue calificado por los socialistas como “una comisión del compadreo”.. 5. Comparecencias en el Congreso. En 2004, la comisión del Congreso sobre contratos de pandemia citó a los protagonistas. Javier A. García defendió que actuó “legal y moralmente” y que el expediente fue “impoluto”, reivindicando que la Diputación “salvó vidas”. Óscar Liria negó haber cobrado “absolutamente nada”, mientras que el empresario Kilian López sostuvo que su empresa ganó por ofrecer “el mejor precio”. Fernando Giménez defendió la transparencia y la corrección del procedimiento.. 6. Contratos menores y trama organizada. Informes recientes de la UCO (2023-2024) ampliaron el foco a contratos menores de obra pública adjudicados a empresas como Pulconal, también de López. El PSOE, personado como acusación popular, planteó la existencia de una “organización estable” dedicada al amaño de contratos tras analizar más de 11.000 folios de sumario.. 7. El «lenguaje velado». La UCO incorporó conversaciones entre Liria y el vicepresidente Fernando Giménez donde se interpretaban referencias a “tallas” como porcentajes de comisión. Paralelamente, López comentaba en la red encriptada Encrochat su necesidad de sacar “200.000 euros en efectivo” para pagar una comisión y buscaba vías para blanquear el dinero.. 8. Segunda fase: obras públicas y epicentro en Fines. El pasado martes 18 de noviembre, el juez autorizó diez registros, en una segunda fase de la investigación distinta a la sanitaria. La UCO investiga adjudicaciones de obras presuntamente amañadas en la Diputación y el Ayuntamiento de Fines. Fueron detenidos el presidente Javier A. García, el vicepresidente Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico provincial.. 9. Implicación familiar. La UCO ha detectado nuevos vínculos de Liria con sociedades investigadas, por lo que lo ha reintegrado en la causa. Además, el perímetro se ha extendido al entorno familiar del presidente: ahora figuran como investigados una hermana y un hermano de Javier Aureliano García.. 10. Libertad provisional y horizonte judicial. Este jueves, el juez Eduardo Martínez Gamero acordó la libertad provisional para todos los detenidos, con retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. La Fiscalía no pidió prisión. El TSJA confirma que se investigan delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo y corrupción. La cifra de investigados ronda ya los 17 y podría aumentar tras el análisis de los dispositivos incautados.
La investigación del caso se ha extendido por cuatro años
La detención este martes del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha devuelto a la actualidad un caso que comenzó en 2021 con la caída del ex vicepresidente tercero, Óscar Liria, por un contrato sanitario de la pandemia.. Cuatro años después, la investigación del caso mascarillas se ha ampliado a supuestas mordidas en contratos de obra pública y alcanza ya a una veintena de personas entre detenidos e investigados.. El último episodio ha sido la dimisión este viernes de García como presidente de la Diputación y su renuncia al acta de concejal en la capital almeriense.. Estas son las 10 claves esenciales del procedimiento:. 1. El contrato de emergencia del 8 de abril de 2020. El origen del caso es la adjudicación por parte de la Diputación por algo más de dos millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica para el suministro urgente de mascarillas FFP2, guantes y trajes de protección durante el estado de alarma. La empresa estaba administrada por Kilian López Solé, un empresario vinculado en Cataluña a investigaciones por tráfico de drogas, armas y blanqueo. La UCO detectó que, tras recibir el dinero público, la empresa china fabricante abonó una comisión de 945.297,61 euros a otra sociedad propiedad del propio López.. 2. Sobres y pagos. En junio de 2021, la UCO detuvo -entre muchos otros- al entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria (PP). La Guardia Civil afirmó haber hallado en su domicilio sobres con cantidades de entre 6.000 y 10.000 euros, e incluso 26.250 euros ocultos en prendas de ropa. La investigación describió un posible flujo de entre 200.000 y 400.000 euros en comisiones, supuestamente canalizado mediante sociedades administradas por familiares, facturas ficticias y la compra de varios vehículos BMW.. 3. La operación ‘Lúa’ y el traslado a Almería. El caso se inició en el Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, que ordenó los primeros registros en Cataluña, Almería, Murcia y Mallorca. En 2022, la causa fue trasladada al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, que asumió la investigación sobre posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. La lista de investigados creció, incluyendo a cargos como el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez (PP).. 4. La polémica comisión de investigación (2021). Tras el estallido del caso, la Diputación creó una comisión especial presidida por Ciudadanos. El PSOE denunció “vetos” del PP para evitar la comparecencia del presidente Javier Aureliano García y de los empresarios implicados. El dictamen final, aprobado solo con votos de PP y Cs, fue calificado por los socialistas como “una comisión del compadreo”.. 5. Comparecencias en el Congreso. En 2004, la comisión del Congreso sobre contratos de pandemia citó a los protagonistas. Javier A. García defendió que actuó “legal y moralmente” y que el expediente fue “impoluto”, reivindicando que la Diputación “salvó vidas”. Óscar Liria negó haber cobrado “absolutamente nada”, mientras que el empresario Kilian López sostuvo que su empresa ganó por ofrecer “el mejor precio”. Fernando Giménez defendió la transparencia y la corrección del procedimiento.. 6. Contratos menores y trama organizada. Informes recientes de la UCO (2023-2024) ampliaron el foco a contratos menores de obra pública adjudicados a empresas como Pulconal, también de López. El PSOE, personado como acusación popular, planteó la existencia de una “organización estable” dedicada al amaño de contratos tras analizar más de 11.000 folios de sumario.. 7. El «lenguaje velado». La UCO incorporó conversaciones entre Liria y el vicepresidente Fernando Giménez donde se interpretaban referencias a “tallas” como porcentajes de comisión. Paralelamente, López comentaba en la red encriptada Encrochat su necesidad de sacar “200.000 euros en efectivo” para pagar una comisión y buscaba vías para blanquear el dinero.. 8. Segunda fase: obras públicas y epicentro en Fines. El pasado martes 18 de noviembre, el juez autorizó diez registros, en una segunda fase de la investigación distinta a la sanitaria. La UCO investiga adjudicaciones de obras presuntamente amañadas en la Diputación y el Ayuntamiento de Fines. Fueron detenidos el presidente Javier A. García, el vicepresidente Fernando Giménez, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico provincial.. 9. Implicación familiar. La UCO ha detectado nuevos vínculos de Liria con sociedades investigadas, por lo que lo ha reintegrado en la causa. Además, el perímetro se ha extendido al entorno familiar del presidente: ahora figuran como investigados una hermana y un hermano de Javier Aureliano García.. 10. Libertad provisional y horizonte judicial. Este jueves, el juez Eduardo Martínez Gamero acordó la libertad provisional para todos los detenidos, con retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. La Fiscalía no pidió prisión. El TSJA confirma que se investigan delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo y corrupción. La cifra de investigados ronda ya los 17 y podría aumentar tras el análisis de los dispositivos incautados.
Noticias de Andalucía en La Razón
