La nueva tasa de recogida y gestión de residuos aprobada por los ayuntamientos españoles este año muestra un mapa desigual hasta extremos difícilmente justificables, con desemejanzas en la factura de los contribuyentes que alcanzan los 230 euros entre unas capitales de provincia y otras. Mientras que la cuota para un hogar tipo del país se sitúa en los 287,5 euros anuales en Valencia, en Toledo cae a los 56,9 euros, una brecha que ilustra el desconcierto generado por el nuevo gravamen. Las cifras se extraen del Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, una entidad que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local considera como voz autorizada en la materia.. Seguir leyendo
Los inspectores de Hacienda local, la OCU y las asociaciones vecinales cargan contra el diseño del impuesto y prevén un aluvión de litigios
La nueva tasa de recogida y gestión de residuos aprobada por los ayuntamientos españoles este año muestra un mapa desigual hasta extremos difícilmente justificables, con desemejanzas en la factura de los contribuyentes que alcanzan los 230 euros entre unas capitales de provincia y otras. Mientras que la cuota para un hogar tipo del país se sitúa en los 287,5 euros anuales en Valencia, en Toledo cae a los 56,9 euros, una brecha que ilustra el desconcierto generado por el nuevo gravamen. Las cifras se extraen del Observatorio de la fiscalidad de los residuos de la Fundación ENT, una entidad que la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local considera como voz autorizada en la materia.. Los inspectores describen este escenario de disparidad como un auténtico galimatías, fruto de una regulación escasa, apresurada y técnicamente deficiente que ha relegado en los consistorios la tarea de diseñar ordenanzas, pero sin criterios claros. El Gobierno de España, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2022, delegó en las entidades locales, sin grandes indicaciones ni pistas, la puesta en marcha de la tasa de basuras. Uno de los pocos requisitos era que el gravamen no fuera deficitario, es decir, que sufragara el 100% del coste de la recogida y gestión de basuras.. La idea era seguir el principio de pago por generación, en línea con la directiva europea de residuos en la cual tiene origen la tasa y que exige alcanzar un 55% de reutilización y reciclaje para 2025 y un 65% para 2035. Mientras que algunos ayuntamientos intentaron hacer los deberes, otros pusieron en marcha tasas con diseños muy cuestionables que ahora abren la puerta a una oleada de reclamaciones y potenciales devoluciones, según avanza Juan Ignacio Gomar, miembro del comité de expertos de la asociación. La obligación de aplicar ese principio y la dificultad de diseñar esquemas que lo cumplan de manera proporcional es el principal foco de conflicto. “Esto va a ser como la plusvalía”, añade en referencia a la sentencia del Constitucional que en 2021 declaró ilegal el antiguo cálculo del impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.. El inspector cree que la nueva tasa “genera una gran desigualdad entre los contribuyentes, ya que las cantidades que se cobran en unos ayuntamientos y otros son muy diferentes”. Sostiene que la Comisión Europea no obligaba a España a fijar un nuevo impuesto como tal, y añade que el imperativo estatal de que la tasa cubra la totalidad del coste ha disparado los importes en algunos municipios. Allí donde no existía, el gravamen ha irrumpido de golpe, y donde ya había uno se ha incrementado de forma abrupta, sin que los vecinos perciban un cambio real en la gestión de los residuos.. Carmen López Herrera, socia de la consultora Afi, admite que el diseño de la tasa es complicado. “La directiva europea de residuos es muy general y es difícil adaptarla a la realidad de los municipios españoles. Por ejemplo, premia iniciativas particulares, como generar tu propio compost, y castiga a quien no recicla. En muchas ciudades españolas, densamente pobladas y construidas en altura, no es posible. No sabemos qué tira cada ciudadano”, explica. “Aparte, la legislación española adolece de un reglamento que hubiera podido dar opciones a los municipios y ayudarles a interpretar la norma”.. Según los cálculos de la Fundación ENT, un hogar tipo de España ―con un valor catastral de 64.295 euros, dos miembros mayores de edad y 964 kilos de residuos generados en un año― estaría pagando en 2025 una cuota de 116,32 euros, un aumento del 16,2% respecto al ejercicio previo. La subida está muy por encima del IPC y es la mayor desde que hay datos.. La fundación también analiza la cuota media que pagan los comercios, según el número de habitantes de la localidad. Y concluye que las ordenanzas fiscales no siguen un criterio homogéneo a la hora de categorizar estos pagos, encontrándose una gran variación de categorías que depende de criterios como el tipo de actividad, la superficie y localización del local, el volumen de residuos o el número de trabajadores. En los municipios pequeños, la mayor cuota se la llevan los hoteles. En los grandes, pasa a los supermercados.. Litigiosidad. La litigiosidad que está generando la tasa de basuras va más allá de ser un temor de los inspectores. Lo confirman los cada vez más numerosos recursos contra el impuesto en distintas localidades, las recogidas de firmas en su contra y las broncas políticas en el seno de los consistorios municipales a cuenta de la nueva figura. Las críticas tienen matices distintos, así como son dispares los criterios utilizados para diseñar el impuesto, pero hay un denominador común: en muchos casos no se respeta el principio básico de la normativa por el cual “quien contamina paga”, lo que genera agravios comparativos entre ayuntamientos y dentro de los mismos.. Así lo ha denunciado recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha pedido a la Comisión Europea que evalúe la correcta transposición y aplicación de la directiva de residuos. La asociación critica que más de una quincena de capitales de provincia, entre ellas Badajoz o Guadalajara, han impuesto una tarifa fija a todos los contribuyentes, un diseño que no refleja el coste real del servicio ni cumple con el principio del pago por generación. El mismo efecto se produce en Madrid, donde una parte de la tasa depende del valor catastral de la vivienda y el resto de la generación de residuos de la zona y la calidad del reciclaje.. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha planteado la misma queja y está animando a los contribuyentes a recurrir la tasa, que considera “injusta, desproporcionada y poco transparente”. Esgrime que el peso del valor catastral de la vivienda sobre el cálculo pesa mucho más que la tasa de reciclaje, y que no se incorporan ni criterios de renta ni penalizaciones para los pisos turísticos, que se tratan como residencias habituales. La asociación de consumidores Facua también ha puesto a disposición de los contribuyentes un formulario para agilizar las reclamaciones.. En paralelo, empiezan a moverse los tribunales y los propios municipios. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la tasa de basuras de la ciudad de León y el ayuntamiento de Leganés (Madrid) ha sido el primero en declararse en rebeldía: no ha aplicado el impuesto y ha propuesto una recogida de firmas para que el Gobierno central dé marcha atrás y derogue la tasa.
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