La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha advertido este martes de que la implantación obligatoria de la nueva tasa de residuos en España ha abierto una grieta financiera que superaría los 2.000 millones de euros en los presupuestos municipales de 2025. Los datos manejados por distintas entidades privadas, de los que se hacen eco los inspectores en la antesala de su congreso anual, indican que el gasto previsto para la gestión de basuras asciende en el país a 5.325 millones de euros, mientras que los ingresos por el nuevo gravamen apenas alcanzan los 3.488 millones. El desfase refleja una cobertura del 65,5% que queda lejos del mandato legal de que la tasa no sea deficitaria.. Seguir leyendo
La asociación que reúne al gremio alerta de una oleada de reclamaciones y anticipa devoluciones masivas una vez que la tasa llegue a la Justicia
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local ha advertido este martes de que la implantación obligatoria de la nueva tasa de residuos en España ha abierto una grieta financiera que superaría los 2.000 millones de euros en los presupuestos municipales de 2025. Los datos manejados por distintas entidades privadas, de los que se hacen eco los inspectores en la antesala de su congreso anual, indican que el gasto previsto para la gestión de basuras asciende en el país a 5.325 millones de euros, mientras que los ingresos por el nuevo gravamen apenas alcanzan los 3.488 millones. El desfase refleja una cobertura del 65,5% que queda lejos del mandato legal de que la tasa no sea deficitaria.. Esta obligación, introducida por la ley estatal 7/2022, ha trastocado un modelo que durante décadas combinaba tasas e impuestos para absorber los costes del servicio y que ahora exige que el contribuyente asuma el 100% del gasto. Es decir, ha explicado Juan Ignacio Gomar, miembro del comité de expertos de la asociación, si tuviese que cumplirse el mandato legal, las tasas medias aprobadas por los consistorios podrían encarecerse todavía más, hasta sumar a la bolsa esos 2.000 millones de déficit.. Según explica el experto, que ha trabajado en el Libro Blanco que la asociación presentará esta semana, la norma estatal “deslizó un artículo con la obligación de que los ayuntamientos establecieran la tasa” y ese cambio ha generado “inseguridad y una gran desigualdad entre los contribuyentes”. Gomar subraya que las cantidades que se pagan varían de forma drástica entre unos municipios y otros y advierte de que “algunas tasas serán anuladas, lo que generará agujeros presupuestarios muy notables”. Si las corporaciones locales cobran el gravamen durante varios ejercicios y la justicia lo invalida después, el impacto financiero puede ser descomunal. “En tres o cuatro años podemos tener ayuntamientos que tengan que devolver muchos millones de euros”.. El problema se agrava allí donde nunca existió una tasa de basuras y aparece de forma súbita. En los municipios que ya la tenían, en ocasiones se ha producido un incremento abrupto que en algunos casos supera los 200 euros por vivienda. Según Gomar, el aumento de la presión fiscal es “extraordinario”, especialmente porque los vecinos no perciben un cambio real en el servicio. “Si los ayuntamientos eran capaces antes de financiar la gestión y tratamiento, ahora esta tasa enerva a la ciudadanía porque no se comprende el porqué”, resume.. El experto recuerda que la directiva europea exige trasladar a los contribuyentes los costes del tratamiento de los residuos, pero no obliga a imponer una tasa específica, ni mucho menos una tasa no deficitaria. Cada Estado puede elegir el mecanismo para cumplir los objetivos ambientales y solo España ha optado por la fórmula más drástica, apunta.. El resultado es una incertidumbre técnica y jurídica que se traslada a cada ayuntamiento. La obligación de aplicar el principio de pago por generación, según el cual paga más quien más residuos produce, es uno de los grandes focos de conflicto y una puerta abierta a la litigiosidad. “¿Cómo se calcula lo que genera cada vecino o cada inmueble?”, plantea Gomar.. En ciudades grandes, donde el volumen y la diversidad de residuos son mayores, la medición individual es extremadamente compleja. Las ordenanzas municipales están desarrollando criterios dispares para aproximarse a ese cálculo, lo que abre una vía de impugnaciones masivas. Las sentencias que vayan dictando los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos pueden divergir entre sí y el Tribunal Supremo todavía no ha fijado doctrina sobre muchos de los aspectos discutidos. “Esto va a ser como la plusvalía”, resume Gomar, en referencia a la sentencia del Constitucional que declaró ilegal el antiguo cálculo del impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.. Arturo Delgado, presidente de la asociación, considera que la situación es fruto de “años, décadas, de abandono por parte del legislador” de la Hacienda local. Afirma que la tasa de residuos se aprobó con una regulación “deficiente y escasa que crea muchos problemas” y que el mandato de que no sea deficitaria ha provocado un impacto abrupto en la financiación municipal.. Delgado recuerda que España actuó a partir de la recomendación de la Comisión Europea de establecer instrumentos para lograr los objetivos medioambientales, pero que la decisión de imponer una tasa obligatoria para todos los municipios se adoptó “en un mero párrafo” y sin un desarrollo normativo proporcionado ni trabajado, que ha dejado los detalles técnicos al albur de cada consistorio. Los inspectores aseguran que el resultado ha sido una carga económica trasladada de forma apresurada tanto a los ayuntamientos como a los ciudadanos, con consecuencias que ya se traducen en miles de horas de trabajo técnico y que, previsiblemente, disparará la litigiosidad.
Feed MRSS-S Noticias
