El lunes, el Consejo de Estado francés confirmó la destitución de la política de extrema derecha Marine Le Pen de su cargo como concejal departamental de Paso de Calais, luego de su descalificación por cinco años debido a la malversación de fondos europeos. Hace siete meses, el prefecto de Paso de Calais anunció el despido automático de la líder de la Agrupación Nacional de su cargo como concejal departamental, pero ella apeló la decisión, según Europa Press. La declaración de la autoridad aclaró que las disposiciones del código electoral sobre el despido automático de los consejeros departamentales condenados por un tribunal penal y descalificados inmediatamente cumplen con el derecho europeo e internacional. También señaló que los reglamentos para los concejales departamentales son similares a los de los municipios, por lo que consideró innecesario presentar la cuestión constitucional sobre estas normas al Consejo Constitucional. Le Pen espera un juicio programado para enero en el Tribunal de Apelaciones de París, donde espera anular su sentencia de cuatro años de prisión -dos de los cuales son firmes- así como la descalificación de cinco años relacionada con «contratos ficticios» que involucran a asistentes parlamentarios. La acusación afirma que su partido político estableció un plan dirigido por Le Pen para utilizar los fondos otorgados a los diputados al Parlamento Europeo desde 2004 hasta 2016 -para pagar a sus asistentes parlamentarios- para cubrir los salarios del personal del partido con el fin de «aliviar» su situación financiera.
El lunes, el Consejo de Estado francés confirmó la destitución de la política de extrema derecha Marine Le Pen de su cargo como concejal departamental de Paso de Calais, luego de su descalificación por cinco años debido a la malversación de fondos europeos. Hace siete meses, el prefecto de Paso de Calais anunció el despido automático de la líder de la Agrupación Nacional de su cargo como concejal departamental, pero ella apeló la decisión, según Europa Press. La declaración de la autoridad aclaró que las disposiciones del código electoral sobre el despido automático de los consejeros departamentales condenados por un tribunal penal y descalificados inmediatamente cumplen con el derecho europeo e internacional. También señaló que los reglamentos para los concejales departamentales son similares a los de los municipios, por lo que consideró innecesario presentar la cuestión constitucional sobre estas normas al Consejo Constitucional. Le Pen espera un juicio programado para enero en el Tribunal de Apelaciones de París, donde espera anular su sentencia de cuatro años de prisión -dos de los cuales son firmes- así como la descalificación de cinco años relacionada con «contratos ficticios» que involucran a asistentes parlamentarios. La acusación afirma que su partido político estableció un plan dirigido por Le Pen para utilizar los fondos otorgados a los diputados al Parlamento Europeo desde 2004 hasta 2016 -para pagar a sus asistentes parlamentarios- para cubrir los salarios del personal del partido con el fin de «aliviar» su situación financiera.
La extrema derecha fue suspendida por cinco años por malversación de fondos europeos.
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