Honduras se acerca a las elecciones del 30 de noviembre con el pulso acelerado por una mezcla persistente de inseguridad, precariedad económica y debilitamiento institucional. El país llega exhausto a un nuevo ciclo político, y la sensación dominante entre la ciudadanía es de desconfianza y agotamiento.. En las calles se despliegan síntomas de un país tensionado: las enfermeras acaban de levantar una huelga de 22 días por salarios atrasados y condiciones laborales; el Gobierno presume de la construcción de nuevos hospitales mientras pacientes denuncian que deben esperar días en pasillos por cirugías; y la economía sigue viviendo de los miles de millones de dólares en remesas enviadas cada mes desde EE. UU.. La precariedad también se refleja en el sistema eléctrico nacional, con habituales cortes de energía y apagones, y una empresa estatal reportando pérdidas de hasta un 36 %.. Los bolsillos de los hondureños siguen siendo precarios. El Gobierno actual se ufana de haber aumentado la inversión pública para disminuir la pobreza, pero los números no hablan de su efectividad. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 62,9 % de la población hondureña vivía en situación de pobreza en 2024, casi el mismo nivel que hace dos décadas, lo que evidencia la incapacidad de los distintos gobiernos para modificar el modelo económico. El favorito en la carrera presidencial, Salvador Nasralla, lo resumió en una frase: «Honduras en este momento es el país más pobre de Centroamérica».. Mientras tanto, los usuarios de tarjetas de crédito encaran un encarecimiento del dinero: la tasa de interés promedio en lempiras, la moneda nacional, subió a 50,73 % anual, y en dólares a 48,59 %. La inflación interanual en octubre se situó en 4,85 %, amortiguada por subsidios que, según el Banco Central de Honduras, restaron alrededor de 0,65 puntos a la tasa. Sin esas ayudas, habría rondado el 5,5 %.. Dependencia y desigualdad. La economía hondureña continúa sostenida por un pilar externo: las remesas. Entre enero y septiembre de 2025, ingresaron 9.080 millones de dólares, el 98,45 % provenientes de hondureños en Estados Unidos, lo que significa que el desarrollo interno está prácticamente tercerizado en su diáspora. Esto no solo representa una señal de desindustrialización, sino también de emigración como política pública “de facto”: Honduras crece expulsando hondureños.. El deterioro democrático es visible tanto en el Congreso Nacional, donde las mayorías oficialistas han bloqueado reformas clave, como en el Ministerio Público, donde se registran acciones funcionales al partido del Gobierno, Libre, generando percepciones de protección judicial selectiva y persecución política contra opositores. Además, al frente del Estado se hace evidente el control de la familia presidencial, encabezada por la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.. En paralelo, el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, se ha prorrogado 24 veces y se aplica hoy en 226 municipios. Esta figura limita libertades y permite detenciones sin orden judicial, generando denuncias de abusos de fuerza. De hecho, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró 1.006 denuncias en 32 meses contra policías y militares por abusos cometidos bajo esta medida.. Aunque las cifras de homicidios muestran una reducción respecto a años anteriores, la extorsión y el control territorial de estructuras criminales continúan. La presencia militar en barrios y carreteras ya es parte del paisaje cotidiano en Honduras, pero la sensación de inseguridad no ha sido sustituida por la de justicia. Honduras sigue entre los países más violentos de la región.. En este contexto, la contienda electoral del 30 de noviembre está dominada por tres figuras principales, entre las que destaca Nasralla como opción de institucionalidad, lucha anticorrupción y transparencia electoral. Honduras se encuentra frente a una decisión histórica: continuar en la espiral de concentración de poder y empobrecimiento estructural, o reconstruir institucionalidad, economía y democracia desde la transparencia.
Honduras se acerca a las elecciones del 30 de noviembre con el pulso acelerado por una mezcla persistente de inseguridad, precariedad económica y debilitamiento institucional. El país llega exhausto a un nuevo ciclo político, y la sensación dominante entre la ciudadanía es de desconfianza y agotamiento.. En las calles se despliegan síntomas de un país tensionado: las enfermeras acaban de levantar una huelga de 22 días por salarios atrasados y condiciones laborales; el Gobierno presume de la construcción de nuevos hospitales mientras pacientes denuncian que deben esperar días en pasillos por cirugías; y la economía sigue viviendo de los miles de millones de dólares en remesas enviadas cada mes desde EE. UU.. La precariedad también se refleja en el sistema eléctrico nacional, con habituales cortes de energía y apagones, y una empresa estatal reportando pérdidas de hasta un 36 %.. Los bolsillos de los hondureños siguen siendo precarios. El Gobierno actual se ufana de haber aumentado la inversión pública para disminuir la pobreza, pero los números no hablan de su efectividad. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 62,9 % de la población hondureña vivía en situación de pobreza en 2024, casi el mismo nivel que hace dos décadas, lo que evidencia la incapacidad de los distintos gobiernos para modificar el modelo económico. El favorito en la carrera presidencial, Salvador Nasralla, lo resumió en una frase: «Honduras en este momento es el país más pobre de Centroamérica».. Mientras tanto, los usuarios de tarjetas de crédito encaran un encarecimiento del dinero: la tasa de interés promedio en lempiras, la moneda nacional, subió a 50,73 % anual, y en dólares a 48,59 %. La inflación interanual en octubre se situó en 4,85 %, amortiguada por subsidios que, según el Banco Central de Honduras, restaron alrededor de 0,65 puntos a la tasa. Sin esas ayudas, habría rondado el 5,5 %.. Dependencia y desigualdad. La economía hondureña continúa sostenida por un pilar externo: las remesas. Entre enero y septiembre de 2025, ingresaron 9.080 millones de dólares, el 98,45 % provenientes de hondureños en Estados Unidos, lo que significa que el desarrollo interno está prácticamente tercerizado en su diáspora. Esto no solo representa una señal de desindustrialización, sino también de emigración como política pública “de facto”: Honduras crece expulsando hondureños.. El deterioro democrático es visible tanto en el Congreso Nacional, donde las mayorías oficialistas han bloqueado reformas clave, como en el Ministerio Público, donde se registran acciones funcionales al partido del Gobierno, Libre, generando percepciones de protección judicial selectiva y persecución política contra opositores. Además, al frente del Estado se hace evidente el control de la familia presidencial, encabezada por la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.. En paralelo, el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, se ha prorrogado 24 veces y se aplica hoy en 226 municipios. Esta figura limita libertades y permite detenciones sin orden judicial, generando denuncias de abusos de fuerza. De hecho, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró 1.006 denuncias en 32 meses contra policías y militares por abusos cometidos bajo esta medida.. Aunque las cifras de homicidios muestran una reducción respecto a años anteriores, la extorsión y el control territorial de estructuras criminales continúan. La presencia militar en barrios y carreteras ya es parte del paisaje cotidiano en Honduras, pero la sensación de inseguridad no ha sido sustituida por la de justicia. Honduras sigue entre los países más violentos de la región.. En este contexto, la contienda electoral del 30 de noviembre está dominada por tres figuras principales, entre las que destaca Nasralla como opción de institucionalidad, lucha anticorrupción y transparencia electoral. Honduras se encuentra frente a una decisión histórica: continuar en la espiral de concentración de poder y empobrecimiento estructural, o reconstruir institucionalidad, economía y democracia desde la transparencia.
El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, no ha frenado el clima de inseguridad en el país centroamericano
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