Doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Región de Murcia) y la Ciudad Autónoma de Melilla se han unido para reclamar un Pacto de Estado que aleje al turismo de las disputas polícias y permita al sector seguir contribuyendo de manera decisiva a la economí aespañola.. Aprovechando la celebración en Sevilla del foro Tourism Innovation Summit (TIS), todos los firmantes han trasladado un único mensaje: el turismo es una «gran industria» que, a diferencia de otras, no cuenta con el «blindaje» político necesario, siendo utilizado en demasiadas ocasiones como un elemento más de confrontación.. Los firmantes, para legitimar su posicición, destacan que concentran alrededor del 70% del total del turismo nacional y acogen al 75% de los turistas internacionales. Además, representan el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional.. La Declaración de Sevilla tiene como destinatario principal al Gobierno de España, al que acusan de provocar una «quiebra de la lealtad institucional, evidenciada por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023». Además, lamentan «la inacción y falta de voz del Ministerio de Industria y Turismo en decisiones clave que afectan directamente a los destinos turísticos», lo que les «obliga a coordinar y elevar nuestras propuestas fuera de los cauces oficialmente establecidos».. Todas las comunidades autónomas consideran que «el sector turístico es el principal motor económico y generador de empleo, y no la causa de los problemas del país» y culpan al Gobierno promover «un discurso simplista y culpabilizador» del sector.. Uno de los argumentos que desarrolla la Declaración firmada para imputar al Gobierno ese mensaje negativo del turismo es culpabilizarlo de la crisis de vivienda que padece toda España. «Afirmamos que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables».. Por ese motivo, defienden que las Viviendas de Uso Turístico (VUT), «cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país».. Frente a los discursos contrarios a la «masificación», los promotores abogan por «gestionar el crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos como grandes polos de generación de empleo» y responsabilizan al Gobierno Central de mostrarse «ineficaz para frenar la migración interna desde la España vaciada», lo que está provocando «la criminalización de la actividad».. Las comunidades autónomas también exigen «respeto absoluto a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en ordenación turística y territorial». Como ejemplo, solicitan la revisión inmediata del Real Decreto 1312/2024 sobre el Registro Único porque «duplica funciones, invade competencias e introduce cargas burocráticas y económicas indebidas para la oferta legal, llegando a provocar la revocación de títulos válidos».. Por el contrario, sí admiten que «es urgente definir el alquiler de temporada que sí es competencia exclusiva del Estado y que se haga bajo criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica».. El mercadeo con los aeropuertos es otro de los asuntos que suscitan el consenso entre los firmantes: «Rechazamos la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales, proponiendo que esta gestión se realice conjuntamente con las Comunidades Autónomas para la defensa de los intereses reales de los territorios y de acuerdo a los objetivos comunes de desestacionalización y desconcentración de la demanda».. La Declaración concluye apostando por el diálogo y el liderazgo y exige al Gobierno de España «el restablecimiento de los foros de cooperación y debate, que abandone la política de anuncios vacíos y de alentar los movimientos sociales antiturismo a través de las acusaciones permanentes de que el principal motor económico del país sea el responsable de la falta de acción de gobierno».
Firman un manifiesto en el que reclaman un «blindaje político» para un sector clave dentro de la economía española
Doce comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y Región de Murcia) y la Ciudad Autónoma de Melilla se han unido para reclamar un Pacto de Estado que aleje al turismo de las disputas polícias y permita al sector seguir contribuyendo de manera decisiva a la economí aespañola.. Aprovechando la celebración en Sevilla del foro Tourism Innovation Summit (TIS), todos los firmantes han trasladado un único mensaje: el turismo es una «gran industria» que, a diferencia de otras, no cuenta con el «blindaje» político necesario, siendo utilizado en demasiadas ocasiones como un elemento más de confrontación.. Los firmantes, para legitimar su posicición, destacan que concentran alrededor del 70% del total del turismo nacional y acogen al 75% de los turistas internacionales. Además, representan el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional.. La Declaración de Sevilla tiene como destinatario principal al Gobierno de España, al que acusan de provocar una «quiebra de la lealtad institucional, evidenciada por la ausencia de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Turismo desde diciembre de 2023». Además, lamentan «la inacción y falta de voz del Ministerio de Industria y Turismo en decisiones clave que afectan directamente a los destinos turísticos», lo que les «obliga a coordinar y elevar nuestras propuestas fuera de los cauces oficialmente establecidos».. Todas las comunidades autónomas consideran que «el sector turístico es el principal motor económico y generador de empleo, y no la causa de los problemas del país» y culpan al Gobierno promover «un discurso simplista y culpabilizador» del sector.. Uno de los argumentos que desarrolla la Declaración firmada para imputar al Gobierno ese mensaje negativo del turismo es culpabilizarlo de la crisis de vivienda que padece toda España. «Afirmamos que la crisis de acceso a la vivienda es un problema estructural ajeno al turismo y provocado por el fracaso de la Ley Estatal de Vivienda y distintos factores que requieren acciones decididas sobre la base de un diagnóstico correcto del problema y no en la búsqueda continua de culpables».. Por ese motivo, defienden que las Viviendas de Uso Turístico (VUT), «cuando están bien reguladas por la autoridad autonómica competente, son una figura de alojamiento que contribuye a la revitalización de los centros urbanos y complementa nuestra oferta, no la causa de la desigualdad ni de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a todo el país».. Frente a los discursos contrarios a la «masificación», los promotores abogan por «gestionar el crecimiento demográfico y económico de los destinos turísticos como grandes polos de generación de empleo» y responsabilizan al Gobierno Central de mostrarse «ineficaz para frenar la migración interna desde la España vaciada», lo que está provocando «la criminalización de la actividad».. Las comunidades autónomas también exigen «respeto absoluto a la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en ordenación turística y territorial». Como ejemplo, solicitan la revisión inmediata del Real Decreto 1312/2024 sobre el Registro Único porque «duplica funciones, invade competencias e introduce cargas burocráticas y económicas indebidas para la oferta legal, llegando a provocar la revocación de títulos válidos».. Por el contrario, sí admiten que «es urgente definir el alquiler de temporada que sí es competencia exclusiva del Estado y que se haga bajo criterios temporales coherentes con la normativa turística autonómica».. El mercadeo con los aeropuertos es otro de los asuntos que suscitan el consenso entre los firmantes: «Rechazamos la visión mercantilista del Gobierno en la gestión de los aeropuertos regionales, proponiendo que esta gestión se realice conjuntamente con las Comunidades Autónomas para la defensa de los intereses reales de los territorios y de acuerdo a los objetivos comunes de desestacionalización y desconcentración de la demanda».. La Declaración concluye apostando por el diálogo y el liderazgo y exige al Gobierno de España «el restablecimiento de los foros de cooperación y debate, que abandone la política de anuncios vacíos y de alentar los movimientos sociales antiturismo a través de las acusaciones permanentes de que el principal motor económico del país sea el responsable de la falta de acción de gobierno».
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