En los últimos cinco años, Europa, con buenas intenciones, ha intentado aumentar la sostenibilidad del planeta y respaldar causas sociales a través de regulaciones muy estrictas y difíciles de poner en práctica para las empresas. Desde 2022, las firmas de servicios de inversión deben recopilar las preferencias de sostenibilidad de sus clientes. Europa hacía un llamado a la conciencia de los inversores, al mismo tiempo que exhortaba a las gestoras a impulsar productos ecológicos. La meta era admirable: guiar el ahorro y la administración hacia prácticas sostenibles.
En 2025, la sostenibilidad en los fondos experimenta un retroceso, afectada por la falta de certeza regulatoria y la resistencia de ciertos países, empresas y incluso de una parte de la sociedad.
En los últimos cinco años, Europa, con buenas intenciones, ha intentado aumentar la sostenibilidad del planeta y respaldar causas sociales a través de regulaciones muy estrictas y difíciles de poner en práctica para las empresas. Desde 2022, las firmas de servicios de inversión deben recopilar las preferencias de sostenibilidad de sus clientes. Europa hacía un llamado a la conciencia de los inversores, al mismo tiempo que exhortaba a las gestoras a impulsar productos ecológicos. El propósito era admirable: dirigir el ahorro y la gestión hacia prácticas sostenibles. Además de la necesidad de consultar a los clientes, los tres principios normativos relacionados con la sostenibilidad son: la Directiva de reportes de sostenibilidad (CSRD); la Directiva sobre la debida diligencia en la cadena de valor (CSDDD), que requiere a las empresas identificar, prevenir y reducir riesgos ambientales y sociales a lo largo de todos sus proveedores; y la regulación que exige que los productos financieros sean claros acerca de su enfoque en cuestiones ambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa (SFDR). Este esfuerzo implica un costo. La implementación de estas directrices implicaba costos sustanciales y desafíos en la práctica. Aquellas que impulsaron esta iniciativa debieron destinar recursos a la implementación de sistemas de recolección de información, a la creación de herramientas de informes, a la obtención de asesoría legal y técnica, así como a la capacitación o contratación de personal especializado. De acuerdo con las proyecciones del organismo europeo que asesora sobre información financiera, el gasto asociado con la presentación de informes conforme a la Directiva de informes de sostenibilidad podría oscilar entre cientos de miles y más de un millón de euros en los primeros años. Al inicio, estas regulaciones resultaron ser demasiado ambiciosas. Aparte de los gastos, hay una complejidad en la operación: es sumamente complicado registrar toda la cadena de valor con el detalle requerido.
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