En Cataluña, los tribunales continúan respaldando el derecho de los ciudadanos a recibir educación y servicios en castellano, en cumplimiento de la legislación vigente y los derechos constitucionales. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reafirmó que al menos un 25% de las clases en varias escuelas deben impartirse en castellano, desestimando los recursos presentados por la Generalitat que intentaban reducir este porcentaje. El tribunal señaló que la nueva ley educativa de 2022 no puede ignorar las sentencias previas que protegen la enseñanza del castellano, asegurando así que los alumnos puedan recibir instrucción en ambas lenguas oficiales.. El problema es que se ha detectado que solo una veintena de centros escolares en Cataluña obedecen las sentencias contrarias a que el catalán sea la única llengua vehicular, en detrimento del castellano.. Además, en septiembre de 2025, el TSJC anuló varios artículos del Decreto 91/2024 que regulaba el régimen lingüístico en las escuelas, por no garantizar adecuadamente la presencia del castellano como lengua vehicular, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional.. Pese a todos estos fallos, la inmersión lingüística, que en la pràctica significa la marginación del castellano en classe, sigue presente en todo el sistema educativo catalán. Sin embargo, en materia. El ámbito comercial también ha visto avances en la protección del castellano. El Consejo de la Abogacía Catalana recordó en un pronunciamiento reciente que los establecimientos tienen la obligación de atender a los clientes tanto en catalán como en castellano, protegiendo a los ciudadanos de cualquier discriminación lingüística.. Estos fallos y pronunciamientos reflejan un respaldo judicial claro al derecho de los catalanes a utilizar el castellano en la educación y el comercio, reforzando la igualdad de trato y la diversidad lingüística en la región.
El problema es que solo una veintena de centros escolares obedecen las sentencias contrarias a que el catalán sea la única llengua vehicular
En Cataluña, los tribunales continúan respaldando el derecho de los ciudadanos a recibir educación y servicios en castellano, en cumplimiento de la legislación vigente y los derechos constitucionales. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) reafirmó que al menos un 25% de las clases en varias escuelas deben impartirse en castellano, desestimando los recursos presentados por la Generalitat que intentaban reducir este porcentaje. El tribunal señaló que la nueva ley educativa de 2022 no puede ignorar las sentencias previas que protegen la enseñanza del castellano, asegurando así que los alumnos puedan recibir instrucción en ambas lenguas oficiales.. El problema es que se ha detectado que solo una veintena de centros escolares en Cataluña obedecen las sentencias contrarias a que el catalán sea la única llengua vehicular, en detrimento del castellano.. Además, en septiembre de 2025, el TSJC anuló varios artículos del Decreto 91/2024 que regulaba el régimen lingüístico en las escuelas, por no garantizar adecuadamente la presencia del castellano como lengua vehicular, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional.. Pese a todos estos fallos, la inmersión lingüística, que en la pràctica significa la marginación del castellano en classe, sigue presente en todo el sistema educativo catalán. Sin embargo, en materia. El ámbito comercial también ha visto avances en la protección del castellano. El Consejo de la Abogacía Catalana recordó en un pronunciamiento reciente que los establecimientos tienen la obligación de atender a los clientes tanto en catalán como en castellano, protegiendo a los ciudadanos de cualquier discriminación lingüística.. Estos fallos y pronunciamientos reflejan un respaldo judicial claro al derecho de los catalanes a utilizar el castellano en la educación y el comercio, reforzando la igualdad de trato y la diversidad lingüística en la región.
Noticias de Cataluña en La Razón
