Los pasillos de los centros Pérez Galdós, Pío Baroja y Carmen Martín Gaite están en silencio por primera vez en estas fechas. La empresa adjudicataria del servicio, Educo, quebró el 14 de julio, cuando se declaró en concurso de acreedores sin masa. Desde entonces han transcurrido tres meses, un tiempo que se les ha hecho interminable a los casi 20.000 usuarios que asistían frecuentemente a los talleres que se impartían en los tres centros de mayores del distrito Retiro. Ante la parálisis del servicio y la falta de respuestas del Ayuntamiento de Madrid, los usuarios se concentraron el martes por la tarde frente a la Junta Municipal del distrito Retiro con una pancarta que reclamaba el restablecimiento de un “servicio esencial” antes de que comenzase el pleno en el que los distintos grupos políticos iban a debatir sobre el tema. Una sesión tensa en la que la presidenta del distrito, Andrea Levy (PP), justificó la falta de medidas con el proceso judicial que salpica a la arruinada Educo.. Seguir leyendo
Ante la parálisis de tres centros de día, Andrea Levy, presidenta del distrito, justifica la falta de medidas con el proceso judicial que salpica a la empresa que prestaba el servicio
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Los pasillos de los centros Pérez Galdós, Pío Baroja y Carmen Martín Gaite están en silencio por primera vez en estas fechas. La empresa adjudicataria del servicio, Educo, quebró el 14 de julio, cuando se declaró en concurso de acreedores sin masa. Desde entonces han transcurrido tres meses, un tiempo que se les ha hecho interminable a los casi 20.000 usuarios que asistían frecuentemente a los talleres que se impartían en los tres centros de mayores del distrito Retiro. Ante la parálisis del servicio y la falta de respuestas del Ayuntamiento de Madrid, los usuarios se concentraron el martes por la tarde frente a la Junta Municipal del distrito Retiro con una pancarta que reclamaba el restablecimiento de un “servicio esencial” antes de que comenzase el pleno en el que los distintos grupos políticos iban a debatir sobre el tema. Una sesión tensa en la que la presidenta del distrito, Andrea Levy (PP), justificó la falta de medidas con el proceso judicial que salpica a la arruinada Educo.. Más información. La quiebra de Educo sacude la actividad de los centros culturales de Madrid. Una de las personas que se manifestaba a las puertas de la Junta era María del Carmen Rodríguez, una mujer de 73 años que asistía a uno de los centros afectados desde los 56. “Nos enteramos de la quiebra de Educo a mediados de septiembre, cuando fuimos a ver las listas de admitidos y cuándo empezaban las clases. El Consistorio lo sabía desde julio y no nos avisó con la excusa de que no quería preocuparnos”, relata enfadada. “Lo que debería hacer el Ayuntamiento es vigilar para que funcione la empresa”, agrega en alusión a Educo. Pepe Molina tiene la misma edad que Rodríguez. A él le preocupa el impacto emocional que puede suponer la suspensión de la actividad de los centros para otros usuarios. “La soledad no deseada se combate con iniciativas concretas”, afirma. Por ejemplo, con los talleres que antes se impartían en esos lugares: “Los mayores en vez de estar en casa hacen amistades y quedan fuera del centro”. Molina, como el resto de vecinos, quiere hacer todo lo que esté en su mano para poner remedio a la situación. “Es cuestión de voluntad política”, se despide.. El pleno, que se celebró el martes después de la concentración, no suscitaba demasiado optimismo entre las personas allí reunidas. “No tengo ninguna expectativa, siempre son prioritarios otros gastos para el Ayuntamiento y la Comunidad como la Fórmula 1. Parece que los mayores no contamos”, denunciaba una usuaria que prefirió mantener el anonimato. Una vez dentro de la sala de plenos de la Junta municipal, el clima de descontento terminó por estallar en una gran protesta cuando Andrea Levy anunció un receso de 45 minutos después de haber recibido varias críticas por parte de los ciudadanos. “¿Para eso le pagamos, para que se vaya?”, se preguntaban unos. “Es una déspota”, juzgaban otros. La conclusión era unánime: “No soportan la participación ciudadana”. Transcurrido el receso, la presidenta del distrito anunció el desalojo de las personas que no tenían un asiento en la sala “para garantizar” la seguridad de todos los presentes.. Durante la sesión, Levy aseguró que “se está haciendo la licitación del nuevo contrato”, pero puntualizó que ese proceso “está supeditado” a la finalización del que continúa vigente con Educo. Por otro lado, Levy anunció que se ha firmado un acuerdo por el que se va a dar continuidad a los talleres impartidos por voluntarios. Hasta ahora ese camino no era viable porque esas actividades dependían de los coordinadores de los centros—personal de Educo—, pero ahora serán tres funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que se encuentran en situación de acumulación de tarea, los que asuman esa función. En cuanto a la distribución de prensa en los establecimientos, uno de los servicios más demandados por los usuarios, la presidenta del distrito aseguró que su equipo está ultimando un modelo de suscripción.. La salida a la encrucijada en la que se encuentran los centros de mayores divide a los grupos de la izquierda. Por un lado, Más Madrid reclama a la Junta que se realice la tramitación de un contrato de emergencia que permita reanudar la actividad de los profesores voluntarios mientras no se liciten los contratos necesarios para reactivar los talleres suspendidos. Un planteamiento que comparten con la Asociación Vecinal Retiro Norte. En cambio, el Partido Socialista defiende que para la reanudación de todas las actividades, de profesionales y voluntarios, se realice una nueva licitación, de forma que los talleres de los voluntarios puedan retomarse con un margen de adelanto siempre y cuando se conozca la nueva empresa adjudicataria y esté claro el compromiso de la fecha de inicio de las actividades por parte de esa entidad.. El caso de Retiro ha reavivado el debate sobre la privatización de los servicios públicos. Aunque los centros de mayores son municipales, la gestión de sus actividades culturales se adjudica a empresas privadas mediante contratos de licitación. En la práctica, esto significa que el Ayuntamiento paga a una sociedad para que organice los talleres, contrate monitores y gestione los materiales. Pero cuando la empresa quiebra, como ha ocurrido con Educo, el servicio se paraliza. No hay red pública de emergencia, ni una alternativa inmediata para asegurar la continuidad de las actividades.
