La Comunidad de Madrid, a través de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha decidido forzar un nuevo choque con el Gobierno central, en esta ocasión centrado en calcular una supuesta deuda de 10.500 millones de euros en la financiación de los servicios públicos regionales con fondos estatales desde 2019. Sin embargo, para llegar a esa cifra y calcular el presunto agravio, el Ejecutivo ha empleado promesas sin valor legal recogidas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, socios en La Moncloa; criterios para el reparto de ayudas que son compensados por otros, que Madrid omite; y la queja porque no se hayan hecho inversiones que aún están en plazo de hacerse. En consecuencia, los distintos ministerios afectados por los cálculos de la consejera desmintieron el grueso de la cifra tras ser consultados por este diario.. Seguir leyendo
El Ejecutivo calcula una supuesta deuda de 10.500 millones al sumar el coste de la dependencia, su queja porque los fondos europeos no se hayan dado solo en función de la población, o la de que no se hagan inversiones aún en plazo de realizarse
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La Comunidad de Madrid, a través de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha decidido forzar un nuevo choque con el Gobierno central, en esta ocasión centrado en calcular una supuesta deuda de 10.500 millones de euros en la financiación de los servicios públicos regionales con fondos estatales desde 2019. Sin embargo, para llegar a esa cifra y calcular el presunto agravio, el Ejecutivo ha empleado promesas sin valor legal recogidas en el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, socios en La Moncloa; criterios para el reparto de ayudas que son compensados por otros, que Madrid omite; y la queja porque no se hayan hecho inversiones que aún están en plazo de hacerse. En consecuencia, los distintos ministerios afectados por los cálculos de la consejera desmintieron el grueso de la cifra tras ser consultados por este diario.. El listado expuesto por Albert el viernes en un desayuno informativo lo encabezan los 2.430 millones de euros extra derivados del “compromiso del Estado” de sufragar el 50% de los costes de la Ley de Dependencia, “porcentaje que [el Estado] nunca alcanza”.. Es cierto que las comunidades cargan con el grueso de la financiación de la dependencia, y que la aportación de la Administración General del Estado cayó drásticamente durante los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), de los que el sistema no se recuperó hasta hace poco. Sin embargo, la ley no establece específicamente que deba cofinanciarse al 50%, sino que se apunta que “la aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado”.. En el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 afirman que alcanzar el 50% de la financiación no es una obligación legal, sino un compromiso político recogido en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, por el que el Gobierno quiere llegar a esa cifra antes del final de la legislatura (2027), algo que se antoja difícil a estas alturas, pues supondría una gran inyección de dinero y la aprobación de los próximos Presupuestos afronta enormes dificultades.. “No es una obligación legislativa ni normativa”, inciden. Y recalcan: “Estamos en el nivel más alto de la historia en financiación para la dependencia, pero tiene que aumentarse todavía más y por eso estamos negociando con Hacienda para que en los próximos presupuestos la partida crezca notablemente”.. En todo caso, la queja sobre la financiación estatal es extendida, pues coloca a los gobiernos regionales ante la disyuntiva de poner más dinero de su parte, o dejar sin atender a los ciudadanos. Una costosa factura que se traduce en que las regiones financien alrededor del 73% de estos servicios, por el 27% del Estado, de media, según cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.. Madrid también se queja de haber sido “infrafinanciada” en el reparto de fondos europeos, al ser, recalca, “la que menos recibe por habitante”. Así, la región ha recibido 3.242 millones, el 11,3% del total asignados a las Comunidades, según desgranó Albert, pese a tener el 14,6% de la población nacional. Ese desajuste ha supuesto, dijo la consejera, “950 millones que la región no ha recibido”. No obstante, el de la población no ha sido el único criterio para decidir el reparto de los fondos.. “El criterio de población no fue el único, también lo fue la presentación de proyectos y un componente de desarrollo territorial”, contraponen en el PSOE de Madrid, que lidera el ministro Óscar López. “Y en cuanto a la ley de dependencia, [alcanzar el 50%] por supuesto no tiene ningún soporte legal, es solo un objetivo”, añaden. “La intención del Gobierno regional es decir que Pedro Sánchez maltrata a Madrid”, opinan. “Pero los datos son objetivos y tozudos: la Comunidad de Madrid ha recibido en los últimos siete años la mayor financiación de su historia, con 130.000 millones de euros. Son 36.000 más que con los Gobiernos de Mariano Rajoy (PP)”.. En su encuentro con los medios, Albert también denunció las “inversiones comprometidas y no ejecutadas por el Gobierno central en medio ambiente”, señalando 221 actuaciones correspondientes al Plan Hidrológico del Tajo, por valor de 1.580 millones de euros, y otros 1.200 millones para obras en las depuradoras de La China, Butarque y Sur.. Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico explican que los proyectos de estas depuradoras no se están realizando porque “tras el cambio en el Gobierno municipal, el convenio de ejecución, que estaba listo para la firma, ha sido bloqueado reiteradamente por el Ayuntamiento de Madrid”. Respecto a las actuaciones correspondientes al Plan Hidrológico del Tajo, destacan que el tercer ciclo corresponde al periodo entre los años 2023 y 2027, por lo que se encuentran en su ecuador y aún hay tiempo de hacerlas, antes de añadir que Madrid ha obtenido un notable nivel de financiación para inversiones en el ciclo del agua, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).. Según las cuentas del Ejecutivo de Ayuso, la deuda con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid alcanza los 268 millones de euros, derivados tanto de las ayudas directas al transporte como de la subvención ordinaria. Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible niegan esta situación y detallan que a finales de agosto se abonaron 109,1 millones correspondientes a las ayudas al transporte del primer semestre y que en diciembre se abonará la segunda parte. En cuanto a la subvención ordinaria, afirman que el pago ascenderá a 126,8 millones y que, al igual que en 2024, se realizará a finales de año.. “La Comunidad de Madrid sigue con sus bulos y sus patrañas para tapar su mala gestión y el caos del metro de Madrid”, concluyen en el departamento que dirige el ministro Óscar Puente.. Las cuentas ofrecidas por la consejera de Economía madrileña también señalan una deuda de 44 millones de euros derivada de la aplicación de la Ley estatal de Eficiencia de la Justicia. Por ello, ha recurrido la norma ante el Supremo.. Coste de la atención sanitaria a presos. Sin embargo, estos cálculos distan mucho de los del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que indican que la implantación de dicha Ley requerirá de una inversión de 2,4 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid y que además redundará en un ahorro de 47,4 millones en los próximos diez años.. La última cifra ofrecida por Albert corresponde a 27 millones de euros por la asistencia hospitalaria de los presos en cárceles de la Comunidad de Madrid. Desde Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, no se han pronunciado sobre la cuantía de la deuda pero sí han hecho referencia a posibles retrasos derivados de un largo conflicto judicial que concluyó en 2019.. Fue entonces cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó que son Instituciones Penitenciarias, y no las comunidades autónomas, quienes debe asumir los costes de la atención médica fuera de los centros penitenciarios que reciban aquellos presos asegurados, afiliados o beneficiarios de la Seguridad Social.
