La batalla por el despliegue de fuerzas federales en Estados Unidos ha saltado de las calles a los tribunales. Funcionarios del estado de Oregón han demandado al Gobierno federal, al que acusan de llevar a cabo una operación innecesaria con un coste estimado de 10 millones de dólares. Este pulso entre Washington y las administraciones locales cuenta, además, con un precedente judicial relevante: un juez federal ya declaró ilegal una acción similar en Los Ángeles, cuando la Casa Blanca movilizó a la Guardia Nacional en contra de la voluntad expresa del gobernador del estado.. De hecho, la situación en Portland, Oregón, es el epicentro de esta tensión. Allí se han destinado cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional para proteger instalaciones federales, como las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El principal punto de conflicto reside en que estos agentes operan bajo mando federal directo, ignorando la cadena de mando local y generando un vacío de autoridad que las autoridades estatales consideran inaceptable.. En esta misma línea, la medida se ha materializado en otras ciudades como Memphis, Tennessee. En apenas una semana, un grupo de trabajo con 219 agentes federales ha culminado con la detención de 93 personas, según la CNN. A este operativo se sumará un contingente de 150 efectivos de la Guardia Nacional, aunque se ha matizado que no portarán armas de fuego ni efectuarán arrestos, salvo que las fuerzas locales así lo requieran.. Este despliegue responde a una estrategia impulsada por la Administración del presidente Donald Trump para intervenir en varias de las principales ciudades gobernadas por el Partido Demócrata. Aunque el argumento oficial es la lucha contra un repunte de la delincuencia, los líderes locales denuncian una maniobra con claras motivaciones políticas. El plan afecta a la capital, Washington, y a otras urbes como Chicago, donde se planea el envío de 100 militares para custodiar edificios de ICE en un clima de crispación agravado por incidentes previos con gases lacrimógenos y por arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza.. Asimismo, la determinación del Gobierno estadounidense para seguir adelante con el operativo es tal que ni siquiera el actual cierre de la administración lo ha frenado. Tanto los agentes federales como los miembros de la Guardia Nacional implicados en estas misiones continuarán en sus puestos, aunque de momento lo harán sin percibir su remuneración, una circunstancia que añade todavía más tensión a un conflicto que combina lo político, lo judicial y lo social.
La batalla por el despliegue de fuerzas federales en Estados Unidos ha saltado de las calles a los tribunales. Funcionarios del estado de Oregón han demandado al Gobierno federal, al que acusan de llevar a cabo una operación innecesaria con un coste estimado de 10 millones de dólares. Este pulso entre Washington y las administraciones locales cuenta, además, con un precedente judicial relevante: un juez federal ya declaró ilegal una acción similar en Los Ángeles, cuando la Casa Blanca movilizó a la Guardia Nacional en contra de la voluntad expresa del gobernador del estado.. De hecho, la situación en Portland, Oregón, es el epicentro de esta tensión. Allí se han destinado cerca de 200 efectivos de la Guardia Nacional para proteger instalaciones federales, como las del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El principal punto de conflicto reside en que estos agentes operan bajo mando federal directo, ignorando la cadena de mando local y generando un vacío de autoridad que las autoridades estatales consideran inaceptable.. En esta misma línea, la medida se ha materializado en otras ciudades como Memphis, Tennessee. En apenas una semana, un grupo de trabajo con 219 agentes federales ha culminado con la detención de 93 personas, según la CNN. A este operativo se sumará un contingente de 150 efectivos de la Guardia Nacional, aunque se ha matizado que no portarán armas de fuego ni efectuarán arrestos, salvo que las fuerzas locales así lo requieran.. Un pulso político con la delincuencia como telón de fondo. Este despliegue responde a una estrategia impulsada por la Administración del presidente Donald Trump para intervenir en varias de las principales ciudades gobernadas por el Partido Demócrata. Aunque el argumento oficial es la lucha contra un repunte de la delincuencia, los líderes locales denuncian una maniobra con claras motivaciones políticas. El plan afecta a la capital, Washington, y a otras urbes como Chicago, donde se planea el envío de 100 militares para custodiar edificios de ICE en un clima de crispación agravado por incidentes previos con gases lacrimógenos y por arrestos efectuados por la Patrulla Fronteriza.. Asimismo, la determinación del Gobierno estadounidense para seguir adelante con el operativo es tal que ni siquiera el actual cierre de la administración lo ha frenado. Tanto los agentes federales como los miembros de la Guardia Nacional implicados en estas misiones continuarán en sus puestos, aunque de momento lo harán sin percibir su remuneración, una circunstancia que añade todavía más tensión a un conflicto que combina lo político, lo judicial y lo social.
La Casa Blanca de Donald Trump eleva la tensión en Estados Unidos con el despliegue de agentes federales en varias ciudades demócratas para atajar la delincuencia, una decisión que desata un fuerte pulso político
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