La creciente preocupación por el impacto ambiental, las expectativas sociales y la gobernanza transparente ha generado una presión normativa materializada en la Unión Europea a través de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés).. En el caso de España, estas normativas se traducen en un desafío sin precedentes para organizaciones con más de 250 empleados, que estarán obligadas a adaptar sus estrategias, procesos y modelos de negocio a nuevas exigencias de transparencia. Se aplicará gradualmente desde 2025 hasta 2029 y, aunque no contempla a las pymes, igualmente se verán afectadas porque las grandes empresas les solicitarán informes detallados sobre sostenibilidad. El efecto «arrastre» es una de las funciones de esta nueva norma.. En otras palabras, la CSRD, que será obligatoria para grandes empresas (más de 500 empleados) a partir del próximo año, establece que las empresas deberán reportar la información utilizando los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), que incluye más de 1.100 puntos de datos. Estos datos abarcan desde emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta prácticas sociales y de gobernanza. Más de 5.000 empresas se verán directamente afectadas en España, casi 43.000 en toda Europa.. Anovo, una empresa malagueña enfocada en maximizar el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos aplicando los principios de la economía circular, cuenta con más de 1.400 empleados en España y aspira a alcanzar los 100 millones de facturación. José Pardo Quintana, responsable de ESG de la compañía, asegura en una entrevista a LA RAZÓN que uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas «es convertir las iniciativas de sostenibilidad en ventajas competitivas». La compañía andaluza ya cumple todos los requisitos que marca la CSRD, pero el próximo año estará obligada a reportar sus resultados.. Respecto al impacto que tendrá la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, explica que «marcará un antes y un después, estableciendo un marco común que aumentará la competitividad entre las empresas más comprometidas. También incentivará la colaboración entre distintos sectores para abordar desafíos complejos como la reducción de emisiones en las cadenas de suministro y garantizará que el cumplimiento normativo esté alineado con la innovación sostenible».. Por su parte, Getronics, una entidad internacional que ofrece servicios tecnológicos a empresas, emplea a más de 1.600 personas en España. Laura García, HR & directora de Transformación, asegura a LA RAZÓN que los criterios ESG se deben entender como «una oportunidad estratégica para generar valor sostenible y duradero». Entre los objetivos de la empresa se encuentran «la reducción de un 50% de las emisiones para 2030, duplicar la representación de mujeres en roles técnicos para 2025 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2040». Para conseguirlo, señala que «invertiremos en tecnología verde, promoveremos la diversidad en los equipos y colaboraremos con socios que compartan nuestra visión de sostenibilidad».. Se trata, por lo tanto, de dos grandes empresas alineadas con los objetivos de sostenibilidad que persigue la UE, pero ¿están todas las empresas españolas preparadas para cumplir con esta regulación? Según un estudio de la agencia de comunicación Canela, realizado a más de 200 directivos de grandes entidades españolas, el 56,2% de las empresas aún no ha integrado los criterios ESG a su estrategia. Asimismo, dos de cada tres organizaciones incluyen los criterios ESG en su presupuesto general y solo el 1,5% destina más de la mitad de su presupuesto a estas iniciativas.. En el caso de Anovo, Quintana asegura que los criterios ESG son «el pilar» de la compañía. Para abordarlo, explica que en el ámbito ambiental priorizan «la economía circular, prolongando la vida útil de dispositivos electrónicos y reduciendo residuos y emisiones». En el social, fomentan «la inclusión, la formación y el desarrollo comunitario mediante programas de impacto positivo». Y en gobernanza, «garantizamos transparencia, ética empresarial y un cumplimiento normativo sólido», concluye.. García afirma que «Getronics va por delante al integrar evaluaciones ESG en las operaciones y cadenas de suministro». Para ello, «anticipamos una mayor digitalización de los procesos, una colaboración más estrecha con socios estratégicos y el fortalecimiento de nuestras políticas internas para alinearnos con las expectativas de esta normativa», explica la directora de Transformación.. Sin embargo, existen obstáculos que dificultan el camino para otras empresas que no están familiarizadas con estos términos. El estudio del Instituto Español de Analistas (IEA) «¿Están las empresas preparadas para los nuevos requerimientos de información sobre sostenibilidad?» señala que muchas empresas carecen de los recursos humanos y técnicos necesarios para recopilar, analizar y divulgar información de sostenibilidad de acuerdo con los estándares ESRS. Esto incluye habilidades específicas como el manejo de software de reporte, la capacidad para realizar evaluaciones de doble materialidad y la implementación de procesos de diligencia debida. Al respecto, el estudio de Canela muestra como principales obstáculos para las empresas la falta de una regulación clara (51,2%), carencia de recursos financieros y habilidades internas (37,4%) y la sostenibilidad en la cadena de suministro, ya que aunque el 50,2% de las empresas evalúa a sus proveedores en términos de sostenibilidad, solo el 11,8% realiza evaluaciones regulares.. Quintana, preguntado por si cree deberían ser más exigentes con las pequeñas y medianas empresas, tiene claro que sí, aunque advierte de que «las pymes necesitan apoyo financiero y técnico para adaptarse». Para ello, aboga por aplicar «un enfoque gradual y colaborativo» que asegure que la sostenibilidad «no sea percibida como una barrera, sino como una oportunidad».. El informe del IEA subraya la importancia de extender las prácticas de sostenibilidad a toda la cadena de valor, lo que incluye proveedores y subcontratistas. En este sentido, las empresas deberán evaluar los riesgos y oportunidades asociados con sus socios comerciales, identificar impactos negativos y mitigarlos.. En este punto, respecto a las medidas que pueden adoptar las empresas para minimizar su huella ecológica y promover prácticas sostenibles en su cadena de suministro, el responsable de ESG de Anovo explica que se pueden «adoptar medidas clave como la optimización logística para reducir emisiones, priorizando el uso de transporte eficiente y rutas inteligentes; implementar herramientas de inteligencia artificial (IA), como el machine learning o el análisis de datos, lo que permite identificar ineficiencias, optimizar procesos e inventarios y reducir el desperdicio, entre otras cosas; fomentar la economía circular mediante prácticas como la reutilización, reparación o el reciclaje de productos en todas las etapas de la cadena; y colaborar con proveedores que compartan compromisos ambientales y utilizar energías renovables en las operaciones refuerza una cadena de suministro sostenible».. En definitiva, la CSRD marca un antes y un después en la forma en que las empresas abordarán la sostenibilidad. Su implementación exige un gran esfuerzo, pero ofrece una oportunidad incomparable para transformar la sostenibilidad en un pilar estratégico. Las empresas que lideren este cambio cumplirán con las normativas y se posicionarán como referentes en un mercado global que valora cada vez más el impacto positivo en el medioambiente y la sociedad.. Implementación por fases. La CSRD tiene prevista una implementación por fases. Comienza en 2025 y finaliza en 2029:. – En 2025 (sobre el ejercicio 2024): grandes empresas que cumplan dos de estos tres requisitos: más de 500 empleados, ingresos netos de 50 millones o balance de más de 25 millones de euros.. – En 2026 (sobre el ejercicio 2025): empresas que cumplan dos de estos tres criterios: más de 250 empleados, superen los 20 millones de euros de facturación o unos ingresos anuales de más de 40 millones de euros.. – En 2027 (sobre el ejercicio 2026): pymes cotizadas (menos de 250 trabajadores).. – En 2029 (sobre el ejercicio 2028): empresas fuera de Unión Europea (UE) con ingresos de más de 150 millones de euros en la UE y que tengan una filial cotizada en la UE o con más de 500 empleados o con unos ingresos anuales superiores a los 40 millones de euros.. Así se hace un informe de sostenibilidad. Comienza con un análisis de doble materialidad, identificando cómo las actividades de la empresa impactan en factores ESG y cómo estos afectan financieramente a la organización. Luego, se realiza un análisis de «gaps» para alinear la información existente con las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS). A partir de estos resultados, se implementan las NEIS identificando los puntos de datos necesarios para cumplir con los estándares. El uso de herramientas tecnológicas facilita la recopilación y gestión de datos, optimizando la elaboración del informe. Posteriormente, la información es tratada y analizada para redactar el informe. Finalmente, un auditor externo independiente verificará el informe para garantizar la credibilidad del documento, que deberá ser comunicado mediante resúmenes ejecutivos o plataformas digitales.
La nueva legislación supone un desafío sin precedentes para entidades con más de 250 empleados
La creciente preocupación por el impacto ambiental, las expectativas sociales y la gobernanza transparente ha generado una presión normativa materializada en la Unión Europea a través de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés).. En el caso de España, estas normativas se traducen en un desafío sin precedentes para organizaciones con más de 250 empleados, que estarán obligadas a adaptar sus estrategias, procesos y modelos de negocio a nuevas exigencias de transparencia. Se aplicará gradualmente desde 2025 hasta 2029 y, aunque no contempla a las pymes, igualmente se verán afectadas porque las grandes empresas les solicitarán informes detallados sobre sostenibilidad. El efecto «arrastre» es una de las funciones de esta nueva norma.. En otras palabras, la CSRD, que será obligatoria para grandes empresas (más de 500 empleados) a partir del próximo año, establece que las empresas deberán reportar la información utilizando los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), que incluye más de 1.100 puntos de datos. Estos datos abarcan desde emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta prácticas sociales y de gobernanza. Más de 5.000 empresas se verán directamente afectadas en España, casi 43.000 en toda Europa.. Anovo, una empresa malagueña enfocada en maximizar el ciclo de vida de los dispositivos electrónicos aplicando los principios de la economía circular, cuenta con más de 1.400 empleados en España y aspira a alcanzar los 100 millones de facturación. José Pardo Quintana, responsable de ESG de la compañía, asegura en una entrevista a LA RAZÓN que uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas «es convertir las iniciativas de sostenibilidad en ventajas competitivas». La compañía andaluza ya cumple todos los requisitos que marca la CSRD, pero el próximo año estará obligada a reportar sus resultados.. Respecto al impacto que tendrá la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, explica que «marcará un antes y un después, estableciendo un marco común que aumentará la competitividad entre las empresas más comprometidas. También incentivará la colaboración entre distintos sectores para abordar desafíos complejos como la reducción de emisiones en las cadenas de suministro y garantizará que el cumplimiento normativo esté alineado con la innovación sostenible».. Por su parte, Getronics, una entidad internacional que ofrece servicios tecnológicos a empresas, emplea a más de 1.600 personas en España. Laura García, HR & directora de Transformación, asegura a LA RAZÓN que los criterios ESG se deben entender como «una oportunidad estratégica para generar valor sostenible y duradero». Entre los objetivos de la empresa se encuentran «la reducción de un 50% de las emisiones para 2030, duplicar la representación de mujeres en roles técnicos para 2025 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2040». Para conseguirlo, señala que «invertiremos en tecnología verde, promoveremos la diversidad en los equipos y colaboraremos con socios que compartan nuestra visión de sostenibilidad».. Se trata, por lo tanto, de dos grandes empresas alineadas con los objetivos de sostenibilidad que persigue la UE, pero ¿están todas las empresas españolas preparadas para cumplir con esta regulación? Según un estudio de la agencia de comunicación Canela, realizado a más de 200 directivos de grandes entidades españolas, el 56,2% de las empresas aún no ha integrado los criterios ESG a su estrategia. Asimismo, dos de cada tres organizaciones incluyen los criterios ESG en su presupuesto general y solo el 1,5% destina más de la mitad de su presupuesto a estas iniciativas.. En el caso de Anovo, Quintana asegura que los criterios ESG son «el pilar» de la compañía. Para abordarlo, explica que en el ámbito ambiental priorizan «la economía circular, prolongando la vida útil de dispositivos electrónicos y reduciendo residuos y emisiones». En el social, fomentan «la inclusión, la formación y el desarrollo comunitario mediante programas de impacto positivo». Y en gobernanza, «garantizamos transparencia, ética empresarial y un cumplimiento normativo sólido», concluye.. García afirma que «Getronics va por delante al integrar evaluaciones ESG en las operaciones y cadenas de suministro». Para ello, «anticipamos una mayor digitalización de los procesos, una colaboración más estrecha con socios estratégicos y el fortalecimiento de nuestras políticas internas para alinearnos con las expectativas de esta normativa», explica la directora de Transformación.. Sin embargo, existen obstáculos que dificultan el camino para otras empresas que no están familiarizadas con estos términos. El estudio del Instituto Español de Analistas (IEA) «¿Están las empresas preparadas para los nuevos requerimientos de información sobre sostenibilidad?» señala que muchas empresas carecen de los recursos humanos y técnicos necesarios para recopilar, analizar y divulgar información de sostenibilidad de acuerdo con los estándares ESRS. Esto incluye habilidades específicas como el manejo de software de reporte, la capacidad para realizar evaluaciones de doble materialidad y la implementación de procesos de diligencia debida. Al respecto, el estudio de Canela muestra como principales obstáculos para las empresas la falta de una regulación clara (51,2%), carencia de recursos financieros y habilidades internas (37,4%) y la sostenibilidad en la cadena de suministro, ya que aunque el 50,2% de las empresas evalúa a sus proveedores en términos de sostenibilidad, solo el 11,8% realiza evaluaciones regulares.. Quintana, preguntado por si cree deberían ser más exigentes con las pequeñas y medianas empresas, tiene claro que sí, aunque advierte de que «las pymes necesitan apoyo financiero y técnico para adaptarse». Para ello, aboga por aplicar «un enfoque gradual y colaborativo» que asegure que la sostenibilidad «no sea percibida como una barrera, sino como una oportunidad».. El informe del IEA subraya la importancia de extender las prácticas de sostenibilidad a toda la cadena de valor, lo que incluye proveedores y subcontratistas. En este sentido, las empresas deberán evaluar los riesgos y oportunidades asociados con sus socios comerciales, identificar impactos negativos y mitigarlos.. En este punto, respecto a las medidas que pueden adoptar las empresas para minimizar su huella ecológica y promover prácticas sostenibles en su cadena de suministro, el responsable de ESG de Anovo explica que se pueden «adoptar medidas clave como la optimización logística para reducir emisiones, priorizando el uso de transporte eficiente y rutas inteligentes; implementar herramientas de inteligencia artificial (IA), como el machine learning o el análisis de datos, lo que permite identificar ineficiencias, optimizar procesos e inventarios y reducir el desperdicio, entre otras cosas; fomentar la economía circular mediante prácticas como la reutilización, reparación o el reciclaje de productos en todas las etapas de la cadena; y colaborar con proveedores que compartan compromisos ambientales y utilizar energías renovables en las operaciones refuerza una cadena de suministro sostenible».. En definitiva, la CSRD marca un antes y un después en la forma en que las empresas abordarán la sostenibilidad. Su implementación exige un gran esfuerzo, pero ofrece una oportunidad incomparable para transformar la sostenibilidad en un pilar estratégico. Las empresas que lideren este cambio cumplirán con las normativas y se posicionarán como referentes en un mercado global que valora cada vez más el impacto positivo en el medioambiente y la sociedad.. Implementación por fases. La CSRD tiene prevista una implementación por fases. Comienza en 2025 y finaliza en 2029:. – En 2025 (sobre el ejercicio 2024): grandes empresas que cumplan dos de estos tres requisitos: más de 500 empleados, ingresos netos de 50 millones o balance de más de 25 millones de euros.. – En 2026 (sobre el ejercicio 2025): empresas que cumplan dos de estos tres criterios: más de 250 empleados, superen los 20 millones de euros de facturación o unos ingresos anuales de más de 40 millones de euros.. – En 2027 (sobre el ejercicio 2026): pymes cotizadas (menos de 250 trabajadores).. – En 2029 (sobre el ejercicio 2028): empresas fuera de Unión Europea (UE) con ingresos de más de 150 millones de euros en la UE y que tengan una filial cotizada en la UE o con más de 500 empleados o con unos ingresos anuales superiores a los 40 millones de euros.. Así se hace un informe de sostenibilidad. Comienza con un análisis de doble materialidad, identificando cómo las actividades de la empresa impactan en factores ESG y cómo estos afectan financieramente a la organización. Luego, se realiza un análisis de «gaps» para alinear la información existente con las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (NEIS). A partir de estos resultados, se implementan las NEIS identificando los puntos de datos necesarios para cumplir con los estándares. El uso de herramientas tecnológicas facilita la recopilación y gestión de datos, optimizando la elaboración del informe. Posteriormente, la información es tratada y analizada para redactar el informe. Finalmente, un auditor externo independiente verificará el informe para garantizar la credibilidad del documento, que deberá ser comunicado mediante resúmenes ejecutivos o plataformas digitales.
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