Un tutor legal exigió 100.000 euros por los perjuicios que, según mantenía, ocasionó a un alumno la determinación de un colegio concertado de Santander de conservarlo en segundo de ESO. También solicitó que promocionara de inmediato a tercero, obtuviera refuerzos individualizados y se investigara la conducta de los responsables del centro.. El estudiante había arribado al sistema educativo español a lo largo del curso 2024-2025 y se incorporó al colegio demandado en enero. Su representante adujo que padecía una enfermedad renal con secuelas cognitivas y que esa circunstancia requería ajustar la enseñanza y la evaluación, pero denunció que el centro había desatendido los informes médicos y sus reclamaciones.. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria inadmite el recurso, presentado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. La resolución no ordena la promoción del alumno ni concede la indemnización solicitada: examina si la decisión del centro podía impugnarse directamente por esa vía judicial.. La valoración que no llegó a hacerse. En la Sentencia número 56/2026, dictada el 27 de enero, el tribunal recoge que el equipo docente acordó el 3 de julio de 2025 que el alumno no promocionara a tercero por su desfase curricular. El tutor sostenía que la repetición era discriminatoria y que las calificaciones no reflejaban sus circunstancias médicas ni las medidas de apoyo que necesitaba.. El colegio afirmó que había aplicado refuerzos y adaptaciones ordinarias, aunque para adoptar medidas más intensas necesitaba una evaluación psicopedagógica. Según el acta de una reunión celebrada el 7 de marzo, el tutor legal firmó la «NO AUTORIZACIÓN» de esa valoración, y la sentencia señala que también consta por escrito su negativa a autorizar adaptaciones significativas.. El centro manifestó asimismo que los informes médicos se aportaron con las reclamaciones de finales de junio y que correspondían a años anteriores. El Ministerio Fiscal consideró que la documentación no mostraba indicios de discriminación y atribuyó las dificultades académicas a la adaptación del menor al sistema educativo español, al tiempo que destacó que la familia había obstaculizado la valoración propuesta.. La vía de reclamación omitida. Para la Sala, había un obstáculo previo al examen de la promoción: la decisión procedía de un colegio privado concertado y el tutor no acudió a la Inspección Educativa pese a que el centro le indicó esa posibilidad. El tribunal explica que, para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en este caso, debía existir una actuación de la Administración educativa que pudiera impugnarse.. La sentencia distingue entre agotar todos los recursos administrativos y contar con una actuación administrativa inicial. Aunque el procedimiento especial de derechos fundamentales puede permitir acudir a los tribunales sin agotar la primera vía, no elimina, según la Sala, la necesidad de que exista un acto o una actuación de la Administración, ausentes aquí porque la reclamación quedó en el centro.. El tribunal añade que una controversia sobre la promoción de curso pertenece, en principio, a la legalidad educativa ordinaria y no basta por sí sola para abrir el proceso especial elegido. Por esos dos motivos inadmite el recurso sin resolver mediante este procedimiento si el alumno debía pasar a tercero, e impone al demandante las costas con un límite de 1.500 euros por cada parte beneficiada.
La Sala inadmite el recurso porque el tutor acudió directamente a los tribunales contra la decisión de un centro concertado, sin presentar la reclamación ante la Administración educativa
Un tutor legal exigió 100.000 euros por los perjuicios que, según mantenía, ocasionó a un alumno la determinación de un colegio concertado de Santander de conservarlo en segundo de ESO. También solicitó que promocionara de inmediato a tercero, obtuviera refuerzos individualizados y se investigara la conducta de los responsables del centro.. El estudiante había arribado al sistema educativo español a lo largo del curso 2024-2025 y se incorporó al colegio demandado en enero. Su representante adujo que padecía una enfermedad renal con secuelas cognitivas y que esa circunstancia requería ajustar la enseñanza y la evaluación, pero denunció que el centro había desatendido los informes médicos y sus reclamaciones.. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria inadmite el recurso, presentado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. La resolución no ordena la promoción del alumno ni concede la indemnización solicitada: examina si la decisión del centro podía impugnarse directamente por esa vía judicial.. La valoración que no llegó a hacerse. En la Sentencia número 56/2026, dictada el 27 de enero, el tribunal recoge que el equipo docente acordó el 3 de julio de 2025 que el alumno no promocionara a tercero por su desfase curricular. El tutor sostenía que la repetición era discriminatoria y que las calificaciones no reflejaban sus circunstancias médicas ni las medidas de apoyo que necesitaba.. El colegio afirmó que había aplicado refuerzos y adaptaciones ordinarias, aunque para adoptar medidas más intensas necesitaba una evaluación psicopedagógica. Según el acta de una reunión celebrada el 7 de marzo, el tutor legal firmó la «NO AUTORIZACIÓN» de esa valoración, y la sentencia señala que también consta por escrito su negativa a autorizar adaptaciones significativas.. El centro manifestó asimismo que los informes médicos se aportaron con las reclamaciones de finales de junio y que correspondían a años anteriores. El Ministerio Fiscal consideró que la documentación no mostraba indicios de discriminación y atribuyó las dificultades académicas a la adaptación del menor al sistema educativo español, al tiempo que destacó que la familia había obstaculizado la valoración propuesta.. La vía de reclamación omitida. Para la Sala, había un obstáculo previo al examen de la promoción: la decisión procedía de un colegio privado concertado y el tutor no acudió a la Inspección Educativa pese a que el centro le indicó esa posibilidad. El tribunal explica que, para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en este caso, debía existir una actuación de la Administración educativa que pudiera impugnarse.. La sentencia distingue entre agotar todos los recursos administrativos y contar con una actuación administrativa inicial. Aunque el procedimiento especial de derechos fundamentales puede permitir acudir a los tribunales sin agotar la primera vía, no elimina, según la Sala, la necesidad de que exista un acto o una actuación de la Administración, ausentes aquí porque la reclamación quedó en el centro.. El tribunal añade que una controversia sobre la promoción de curso pertenece, en principio, a la legalidad educativa ordinaria y no basta por sí sola para abrir el proceso especial elegido. Por esos dos motivos inadmite el recurso sin resolver mediante este procedimiento si el alumno debía pasar a tercero, e impone al demandante las costas con un límite de 1.500 euros por cada parte beneficiada.
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