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  Economía  Pisos zulo: cuando vivir en 11 metros cuadrados es cada vez más común
Economía

Pisos zulo: cuando vivir en 11 metros cuadrados es cada vez más común

16 de noviembre de 2026
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Un estudio interior de 11 metros cuadrados de superficie útil en la calle de la Colegiata, en el barrio madrileño de Embajadores, busca comprador. A apenas unos kilómetros, en Malasaña, hay otro de unos 14 metros construidos que persigue la misma suerte. Y otro más de 19 metros útiles en la calle Segovia. En Barcelona, en la Nova Esquerra de l’Eixample, se vende un estudio de 11 metros cuadrados. Los anuncios aparecen en Idealista, uno de los principales portales inmobiliarios del país, y comparten algo: apenas superan el tamaño de una habitación media.. Seguir leyendo

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La mayor demanda de espacios mínimos por la crisis de la vivienda lleva a los arquitectos a pedir el refuerzo de los controles sobre la habitabilidad

  

Un estudio interior de 11 metros cuadrados de superficie útil en la calle de la Colegiata, en el barrio madrileño de Embajadores, busca comprador. A apenas unos kilómetros, en Malasaña, hay otro de unos 14 metros construidos que persigue la misma suerte. Y otro más de 19 metros útiles en la calle Segovia. En Barcelona, en la Nova Esquerra de l’Eixample, se vende un estudio de 11 metros cuadrados. Los anuncios aparecen en Idealista, uno de los principales portales inmobiliarios del país, y comparten algo: apenas superan el tamaño de una habitación media.. En estos micropisos cabe una cama abatible, una diminuta cocina y lo que pretende ser un baño. Todo concentrado en unos pocos metros cuadrados. A pesar de las estrecheces, este tipo de inmuebles encuentran compradores debido a que tienen los precios absolutos más bajos del mercado, aunque el coste por metro cuadrado suele ser bastante alto. 121.000 euros se piden por el de Malasaña, nada menos que 8.643 euros por cada metro cuadrado. Su peso sobre el total de la oferta es difícil de calcular, aunque los expertos conceden que es pequeño. El Colegio de Registradores revela que las transacciones de viviendas en el tramo más pequeño (menos de 40 metros cuadrados) representan entre el 3% y el 4% del total de operaciones. Aun así, su cuota ha ido creciendo en los últimos años al calor de la crisis de acceso. En España hay más de 167.000 hogares que residen en viviendas de 30 metros cuadrados o menos, lo que supone que este fenómeno se ha triplicado en la última década, según el INE.. Algunos de estos inmuebles no son viviendas, sino locales comerciales, buhardillas y antiguos trasteros reconvertidos en minúsculos estudios sin legalizar ubicados en fincas del siglo XIX, lo que impide a sus compradores o inquilinos empadronarse. Están en un limbo legal. El inmueble de la calle de la Colegiata, por ejemplo, se comercializa como una buhardilla. “Aparece como buhardilla, no tenemos constancia de si tiene licencia de vivienda”, informa la agencia inmobiliaria. Otros pisos zulo, sin embargo, son perfectamente legales y están registrados como vivienda, a pesar de que sus dimensiones estarían prohibidas hoy por la nueva legislación.. Aquí está la paradoja. España lleva años endureciendo los estándares de habitabilidad y exigiendo viviendas cada vez más saludables, ventiladas y accesibles y, sin embargo, el mercado sigue comercializando inmuebles de dimensiones muy reducidas que difícilmente obtendrían hoy una autorización equivalente. De vuelta a los anuncios, ninguno pasaría el filtro por sus dimensiones. En la ciudad de Madrid, la superficie útil mínima exigida para una vivienda de obra nueva o para el cambio de uso es de 40 metros útiles, frente al límite de 25 metros vigente hasta 2023. En Barcelona, son 36 metros cuadrados.. Para entender esta rareza hay que empezar distinguiendo entre las casas que se edifican hoy y las existentes (y legales). “Regulamos lo que se va a construir; actuar sobre lo ya construido legalmente no es tan fácil”, explica Laureano Matas, vicepresidente primero del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Muchas de estos minipisos proceden de cambios de uso, divisiones realizadas bajo normativas ya desaparecidas o situaciones consolidadas por el paso del tiempo. Aunque no cumplan los estándares exigidos actualmente, pueden comprarse y venderse porque fueron legales cuando nacieron.. La frontera está en los llamados derechos adquiridos. Según explica Matas, no se puede exigir a una vivienda existente que cumpla todos los requisitos que hoy se exigen a una obra nueva. Otra cosa distinta sería llevar a cabo una segregación, una división o un cambio de uso y en esos casos sí debe cumplir íntegramente la normativa vigente para ser considerada una vivienda.. Pero para los arquitectos la cuestión de fondo no es cuántos metros tienen estos inmuebles, sino si reúnen las condiciones necesarias para vivir en ellos. “Es más interesante hablar de habitabilidad que de tamaño. El debate debería centrarse menos en el tamaño y más en las condiciones reales de habitabilidad de los espacios que se venden o alquilan como vivienda”, sostiene Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Insiste en que existen viviendas reducidas que reúnen todas las condiciones básicas y otras bastante más grandes que carecen de ellas. No todo minipiso es una infravivienda. La normativa establece superficies mínimas, pero también exige iluminación, ventilación, salubridad y confort térmico. “La calidad de una vivienda no se mide solo por los metros que ocupamos, sino por cómo vivimos en ella”, resume Matas.. Tras la compraventa y alquiler de este tipo de inmuebles subyace la grave crisis de acceso a la vivienda que padece España. Aunque estos inmuebles representan una porción reducida del mercado, son reveladores. “Reflejan hasta dónde está llegando la presión de la demanda”, afirma Matas. El arquitecto alerta además de que “el umbral de acceso a una vivienda asequible sea cada vez más alto”, una tendencia que, en su opinión, está detrás de la aceptación de espacios que antes habrían tenido difícil encaje.. El sociólogo Jesús Leal recuerda que España registra desde hace años un aumento de los hogares unipersonales y que existe una demanda real de viviendas pequeñas, especialmente en las zonas céntricas de las ciudades. Jóvenes que viven solos, estudiantes, personas separadas o mayores que buscan mantener su autonomía tienen necesidades residenciales diferentes a las de una familia. Sin embargo, reconoce que el crecimiento de estos alojamientos no puede explicarse únicamente por los cambios demográficos. “A algunas personas conseguir un lugar en el que disfrutar de una autonomía independiente le puede llevar a aceptar situaciones que a muchos nos parecerían inhabitables”, advierte.. Es la misma reflexión que hace el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPIMADRID-AIM), que habla de una demanda que se muda por causas laborales y de compradores jóvenes que buscan independizarse una vez que acaba de iniciar su vida laboral, aunque reconoce la necesidad: “Este tipo de vivienda a la que en épocas anteriores no se prestaba mucha atención, ahora sí se tiene en cuenta debido a la búsqueda de soluciones para acceder a la vivienda”.. Precisamente para evitar que la presión del mercado termine rebajando los estándares de calidad residencial, algunos arquitectos defienden reforzar los controles sobre la habitabilidad de las viviendas existentes. El ejemplo más citado es Cataluña, donde sigue vigente la cédula de habitabilidad. La Agència de l’Habitatge de Catalunya la define como el documento que acredita que una vivienda reúne las condiciones técnicas mínimas para ser ocupada y que garantiza que es “segura, salubre y digna”. Además de proteger a compradores e inquilinos, permite detectar situaciones de infravivienda o sobreocupación.. El vicepresidente del CSCAE considera que debería recuperarse o reforzarse algún mecanismo equivalente en las comunidades donde ha desaparecido. “Lejos de añadir burocracia, se trata de que cualquier vivienda que se venda o se alquile acredite unos requisitos mínimos de habitabilidad”, sostiene Matas. Una petición que comparte Sigfrido Herráez, que recuerda que en Madrid desapareció la cédula de habitabilidad en 2018 y apuesta por recuperarla para volver a verificar que los inmuebles destinados a residencia reúnen las condiciones mínimas de iluminación, ventilación y salubridad.

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