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  España  Andalucía  Gibraltar abre un nuevo frente entre PP y PSOE: qué supondría dar marcha atrás al acuerdo
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Gibraltar abre un nuevo frente entre PP y PSOE: qué supondría dar marcha atrás al acuerdo

16 de noviembre de 2026
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El futuro de Gibraltar se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación entre el Partido Popular y el PSOE, con el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido como principal motivo de discrepancia. La posibilidad de que un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo revise lo pactado ha elevado la incertidumbre en el Campo de Gibraltar, donde la desaparición de la Verja y el nuevo marco de relaciones han abierto una etapa que afecta directamente a la movilidad, el empleo y la actividad económica de la comarca.. El debate ha cobrado fuerza después de que el eurodiputado popular Antonio López-Istúriz advirtiera de que la posición española cambiaría si el PP llega al Gobierno. «Dentro de un mes, esto va a cambiar», afirmó el pasado 2 de noviembre en el Parlamento Europeo, donde cuestionó las condiciones negociadas y alertó de los riesgos que, a su juicio, puede plantear el nuevo sistema de control fronterizo. También comparó la situación con la de Ceuta y reclamó mayores garantías de seguridad.. Las críticas populares no se limitan a estas declaraciones. Seis eurodiputados españoles del PP registraron el pasado septiembre una enmienda para que el Parlamento Europeo negara su consentimiento al tratado, en lugar de respaldar su ratificación. Entre sus principales objeciones figuran la falta de avances en la reivindicación española de soberanía, las dudas sobre las garantías de seguridad y el mantenimiento de diferencias fiscales y regulatorias entre Gibraltar y los municipios vecinos. Los populares también han cuestionado que el acuerdo no requiera una ratificación de las Cortes Generales.. Sin embargo, la posición del PP español ha mostrado diferencias con la de su familia política europea. El pasado 5 de noviembre, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó un dictamen favorable al tratado por 59 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. El texto, elaborado por un eurodiputado del Partido Popular Europeo, contó con el respaldo de este grupo. Javier Zarzalejos, único representante español del PP presente, se abstuvo en la votación del dictamen y previamente había votado contra una enmienda de Vox que pedía rechazar el acuerdo.. Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defiende que el pacto abre una oportunidad histórica para el desarrollo de la comarca y del conjunto de la provincia de Cádiz. En unas declaraciones realizadas este viernes, sostuvo que el acuerdo garantiza el empleo de los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos y ofrece previsibilidad para atraer inversiones. También reprochó al PP y a Vox su oposición a la ratificación y advirtió de que desbaratar el tratado sería «un auténtico disparate».. En la misma línea, el diputado socialista Juan Carlos Ruiz Boix ha reclamado a los populares que aclaren su posición antes de las elecciones y ha preguntado si pretenden recuperar la frontera física. El dirigente socialista considera que el acuerdo ya está ofreciendo beneficios para la comarca y ha instado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a explicar qué modelo de relación quieren establecer con Gibraltar.. Pero ¿podría realmente un nuevo Gobierno dar marcha atrás? La respuesta jurídica es más compleja que el enfrentamiento político. El tratado no es un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido, sino entre la Unión Europea y el Reino Unido. España ha participado de forma decisiva en la negociación, pero no figura como parte firmante, por lo que un Ejecutivo español no puede denunciarlo unilateralmente ni modificar por sí solo sus condiciones.. El propio texto contempla, no obstante, una vía para que España solicite a la Unión Europea la denuncia del acuerdo, una vez realizada la evaluación de las disposiciones sobre circulación de personas prevista en su artículo 65. Ese examen deberá completarse, como máximo, cuatro años después de la entrada en vigor de esa parte del tratado. La decisión de poner fin al acuerdo correspondería a la UE y al Reino Unido, y su efectividad no sería inmediata.. El margen de actuación de un Gobierno español sería más directo en los acuerdos administrativos complementarios suscritos con Reino Unido para desarrollar cuestiones como la movilidad, las aduanas, la seguridad social, la cooperación policial o el medio ambiente. La normativa europea contempla mecanismos para suspender o poner fin a determinados instrumentos de aplicación, con las correspondientes comunicaciones institucionales. Además, una menor colaboración española podría dificultar el funcionamiento de los órganos conjuntos. Esto no equivaldría, sin embargo, a anular el tratado principal.. Las consecuencias de un deterioro de ese marco podrían afectar especialmente a los trabajadores transfronterizos, que dependen de la fluidez de los desplazamientos diarios, así como a las empresas y actividades económicas vinculadas a ambos territorios. También podría generar incertidumbre sobre los controles de personas y mercancías y sobre las inversiones previstas. No supondría, en cualquier caso, la pérdida automática de los empleos ni la reconstrucción inmediata de la Verja.. El acuerdo se aplica provisionalmente desde el 15 de julio de 2026, mientras continúa su tramitación europea. La votación del Parlamento Europeo está prevista para el 14 de diciembre. Así, entre las elecciones generales del 29 de noviembre y la ratificación definitiva se abre un periodo decisivo para conocer si el cambio de posición anunciado por los populares se traduce en una estrategia concreta. El debate ya no se limita a las diferencias sobre la negociación: afecta también a la continuidad de un modelo de relaciones que condiciona el futuro económico y social del Campo de Gibraltar.

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Los populares cuestionan el tratado por sus implicaciones sobre la soberanía, la seguridad y la fiscalidad, mientras el Gobierno defiende sus efectos para los 15.000 trabajadores transfronterizos

  

El futuro de Gibraltar se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación entre el Partido Popular y el PSOE, con el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido como principal motivo de discrepancia. La posibilidad de que un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo revise lo pactado ha elevado la incertidumbre en el Campo de Gibraltar, donde la desaparición de la Verja y el nuevo marco de relaciones han abierto una etapa que afecta directamente a la movilidad, el empleo y la actividad económica de la comarca.. El debate ha cobrado fuerza después de que el eurodiputado popular Antonio López-Istúriz advirtiera de que la posición española cambiaría si el PP llega al Gobierno. «Dentro de un mes, esto va a cambiar», afirmó el pasado 2 de noviembre en el Parlamento Europeo, donde cuestionó las condiciones negociadas y alertó de los riesgos que, a su juicio, puede plantear el nuevo sistema de control fronterizo. También comparó la situación con la de Ceuta y reclamó mayores garantías de seguridad.. Las críticas populares no se limitan a estas declaraciones. Seis eurodiputados españoles del PP registraron el pasado septiembre una enmienda para que el Parlamento Europeo negara su consentimiento al tratado, en lugar de respaldar su ratificación. Entre sus principales objeciones figuran la falta de avances en la reivindicación española de soberanía, las dudas sobre las garantías de seguridad y el mantenimiento de diferencias fiscales y regulatorias entre Gibraltar y los municipios vecinos. Los populares también han cuestionado que el acuerdo no requiera una ratificación de las Cortes Generales.. Sin embargo, la posición del PP español ha mostrado diferencias con la de su familia política europea. El pasado 5 de noviembre, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó un dictamen favorable al tratado por 59 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. El texto, elaborado por un eurodiputado del Partido Popular Europeo, contó con el respaldo de este grupo. Javier Zarzalejos, único representante español del PP presente, se abstuvo en la votación del dictamen y previamente había votado contra una enmienda de Vox que pedía rechazar el acuerdo.. Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defiende que el pacto abre una oportunidad histórica para el desarrollo de la comarca y del conjunto de la provincia de Cádiz. En unas declaraciones realizadas este viernes, sostuvo que el acuerdo garantiza el empleo de los alrededor de 15.000 trabajadores transfronterizos y ofrece previsibilidad para atraer inversiones. También reprochó al PP y a Vox su oposición a la ratificación y advirtió de que desbaratar el tratado sería «un auténtico disparate».. En la misma línea, el diputado socialista Juan Carlos Ruiz Boix ha reclamado a los populares que aclaren su posición antes de las elecciones y ha preguntado si pretenden recuperar la frontera física. El dirigente socialista considera que el acuerdo ya está ofreciendo beneficios para la comarca y ha instado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal a explicar qué modelo de relación quieren establecer con Gibraltar.. Pero ¿podría realmente un nuevo Gobierno dar marcha atrás? La respuesta jurídica es más compleja que el enfrentamiento político. El tratado no es un acuerdo bilateral entre España y Reino Unido, sino entre la Unión Europea y el Reino Unido. España ha participado de forma decisiva en la negociación, pero no figura como parte firmante, por lo que un Ejecutivo español no puede denunciarlo unilateralmente ni modificar por sí solo sus condiciones.. 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