Una niña se marea durante un viaje y vomita en el coche. Su padre se enfada, la llama inútil, la amenaza con dejarla en la carretera y le da una bofetada. No es una escena imaginada: son los hechos probados que recoge una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 2 de octubre. El tribunal ha absuelto al padre por ese episodio, destacando que no se acreditó una lesión y aplicando la doctrina del llamado “derecho de corrección” de los progenitores.. Seguir leyendo
Debe quedar claro que, bajo ninguna circunstancia, están justificados los actos violentos
Una niña se marea durante un viaje y vomita en el coche. Su padre se enfada, la llama inútil, la amenaza con dejarla en la carretera y le da una bofetada. No es una escena imaginada: son los hechos probados que recoge una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 2 de octubre. El tribunal ha absuelto al padre por ese episodio, destacando que no se acreditó una lesión y aplicando la doctrina del llamado “derecho de corrección” de los progenitores.. Conviene precisar que la sentencia sí mantiene la condena por otra bofetada, que produjo a la niña una herida en el labio. Pero esa condena no resuelve el problema que plantea la absolución por el golpe anterior: que la ausencia de una lesión acreditada permita dejar sin reproche penal una agresión, que quedaría justificada en el marco de un pretendido “derecho de corrección”.. Tradicionalmente, el llamado “derecho de corrección” ha servido para atribuir a los progenitores la capacidad de utilizar castigos físicos, verbales y psicológicos, prohibidos en las relaciones entre adultos, para hacerse obedecer por sus hijos e hijas, con la pretendida justificación de que en ocasiones ese castigo es la única forma de disciplinar al niño o la niña y darles la adecuada formación.. El Tribunal Supremo sostiene que el “derecho de corrección” subsiste como facultad inherente a la patria potestad, aunque el legislador eliminara en 2007 su reconocimiento expreso del Código Civil. Afirma que su ejercicio debe respetar el interés superior del niño, su dignidad y su integridad física y psíquica; sin embargo, mantiene abierta la posibilidad de amparar bajo esa facultad castigos físicos y psicológicos que son incompatibles con ello.. Al aplicar esa doctrina, acaba absolviendo al padre por una bofetada precedida de un insulto y una amenaza de abandono. Y lo hace a pesar de que el Código Penal castiga expresamente, en el ámbito de la violencia doméstica, golpear o maltratar sin causar lesión. La propia sentencia recuerda esa previsión. Por eso resulta especialmente cuestionable que invoque después la ausencia de lesión para excluir el carácter antijurídico de estos hechos. Que no se haya acreditado una lesión no hace desaparecer el golpe y el maltrato.. La Convención sobre los Derechos del Niño, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde 1991, obliga a los Estados a proteger a los niños frente a toda forma de violencia física o mental mientras están al cuidado de sus padres. El Comité encargado de supervisar su cumplimiento ha explicado que esa obligación es incompatible con mantener disposiciones legales o doctrinas judiciales que permitan castigos que supongan violencia física o psicológica, por considerarlos razonables o moderados.. España modificó su legislación precisamente para responder a esa exigencia. En 2007 suprimió del Código Civil la facultad de corregir razonable y moderadamente a los hijos, atendiendo a los reiterados requerimientos del Comité. Y en 2021 aprobó la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que incluyó el maltrato físico, psicológico o emocional y los castigos físicos, humillantes o denigrantes entre las formas de violencia que deben combatirse.. Los progenitores necesitan establecer límites, dirigir y orientar adecuadamente a sus hijos e hijas. En ocasiones deben intervenir físicamente para impedir que se hagan daño o dañen a otras personas. Pero la patria potestad ha de ejercerse respetando sus derechos, su dignidad, su integridad física y mental y su desarrollo integral. La responsabilidad de educar no proporciona una justificación para abofetear, humillar o amenazar.. Tampoco se sigue de ello que todos los episodios deban recibir una respuesta penal idéntica. El propio Comité ha señalado que la protección de los niños y las niñas exige respuestas proporcionadas y que perseguir penalmente a los progenitores no siempre responde al interés de sus hijos e hijas. Pero valorar qué respuesta procede es distinto que intentar justificar la violencia como ejercicio de un supuesto “derecho”.. La doctrina del Supremo tiene consecuencias más allá de este proceso. Contribuye a definir lo que una sociedad considera admisible dentro de una familia. Cuando presenta una bofetada, un insulto y una amenaza de abandono, como susceptibles de quedar amparados por el “derecho de corrección” parental, refuerza la creencia de que a veces los castigos violentos están justificados para educar. Cuando debe quedar claro, de una vez por todas, que nunca, bajo ninguna circunstancia, están justificados esos actos violentos; que siempre constituyen la vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia y un perjuicio para su desarrollo físico, psicológico y emocional.. Por eso reclamamos que el Tribunal Supremo revise esa doctrina y que deje de maltratar los derechos de los niños y las niñas. La Convención sobre los derechos del niño y nuestra legislación exigen proteger a los niños frente a la violencia, también cuando se invoca una finalidad educativa. La humillación, la amenaza y la bofetada no pueden quedar amparadas en ninguna circunstancia, porque esos actos son tan ilegales cuando se ejercen sobre un niño o niña como cuando se ejercen sobre un adulto. La niña a la que se refiere esta sentencia necesitaba atención porque se había mareado. No había nada que “corregir”. Pero, aunque hubiera existido una conducta que reprochar, nunca estaría justificada la bofetada, el insulto o la amenaza.. Ignacio Campoy Cervera es miembro electo del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para el periodo 2027-2031. Jorge Cardona Llorens fue miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas durante el periodo 2011-2018.
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