Con el mes de septiembre se retoma la actividad judicial. La instrucción judicial de la dana del 29 de octubre de 2024 afrontará en las próximas semanas varias declaraciones que seguirán aportando detalla sobre cómo se gestionó la emergencia y qué información manejaron las distintas administraciones.. Sin embargo, una de las principales novedades que afronta este proceso es el cambio de abogado de una de las dos personas imputadas en la causa, la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas.. El despacho de abogados Kepler-Karst, que defiende a Pradas ha sustituido al letrado Eduardo de Urbano por el también penalista Pedro Colina como responsables del área penal y económica, y será por tanto el nuevo responsable de la representación legal de Pradas. La jueza de Catarroja acordó el 16 de marzo de 2026 una nueva ampliación de seis meses a contar desde el 30 de abril de 2026, fecha en la que vencía la prórroga anterior.. Según ha informado el despacho madrileño en un comunicado, Colina tiene una experiencia de más de 30 años en el derecho penal y procede del bufete Choclán, con una amplia trayectoria en macrocausas relacionadas con la corrupción y otros procesos penales de especial complejidad.. También es profesor de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y en varios máster dedicados al ejercicio de la Abogacía.. Formó parte del equipo que logró la absolución del empresario Pedro Trapote y su familia, en un procedimiento por presuntos delitos fiscales en el que la Agencia Tributaria le reclamaba más de 40 millones de euros. También defendió a Francisco Martínez, imputado en el «caso Kitchen».. La defensa de Salomé Pradas ha sido especialmente beligerante con la instrucción que desarrolla la jueza de Catarroja, hasta el punto de haber presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por sus «juicios de valor lapidarios y conjeturas» o el «bloqueo sistemático de cualquier otra línea de investigación».. Más testigos. Entre las comparecencias previstas destaca la de Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos, que volverá a declarar el 17 de septiembre. Su testimonio puede ayudar a precisar las comunicaciones mantenidas durante las horas más críticas y la información disponible sobre la evolución de las inundaciones.. Ese mismo día está previsto que declare Rosa María Tourís, directora general de Prevención de Incendios Forestales. También está prevista, el 21 de septiembre, la declaración de un responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, especialmente relevante para determinar qué datos hidrológicos se conocían y cuándo fueron trasladados a los responsables de Emergencias.. El 23 de septiembre está citado Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, mientras que posteriormente declararán los alcaldes de Riba-roja de Túria y Pedralba, Roberto Raga y Andoni León.. Además, permanece pendiente de fecha la declaración como testigo de Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, cuya comparecencia puede ser especialmente relevante por los informes sobre incidencias que remitió al Consell durante el 29 de octubre. Bajo su responsabilidad estaba, por ejemplo, el tráfico de Metrovalencia.
La instrucción está actualmente prorrogada hasta el 30 de octubre de 2026
Con el mes de septiembre se retoma la actividad judicial. La instrucción judicial de la dana del 29 de octubre de 2024 afrontará en las próximas semanas varias declaraciones que seguirán aportando detalla sobre cómo se gestionó la emergencia y qué información manejaron las distintas administraciones.. Sin embargo, una de las principales novedades que afronta este proceso es el cambio de abogado de una de las dos personas imputadas en la causa, la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas.. El despacho de abogados Kepler-Karst, que defiende a Pradas ha sustituido al letrado Eduardo de Urbano por el también penalista Pedro Colina como responsables del área penal y económica, y será por tanto el nuevo responsable de la representación legal de Pradas. La jueza de Catarroja acordó el 16 de marzo de 2026 una nueva ampliación de seis meses a contar desde el 30 de abril de 2026, fecha en la que vencía la prórroga anterior.. Según ha informado el despacho madrileño en un comunicado, Colina tiene una experiencia de más de 30 años en el derecho penal y procede del bufete Choclán, con una amplia trayectoria en macrocausas relacionadas con la corrupción y otros procesos penales de especial complejidad.. También es profesor de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y en varios máster dedicados al ejercicio de la Abogacía.. Formó parte del equipo que logró la absolución del empresario Pedro Trapote y su familia, en un procedimiento por presuntos delitos fiscales en el que la Agencia Tributaria le reclamaba más de 40 millones de euros. También defendió a Francisco Martínez, imputado en el «caso Kitchen».. La defensa de Salomé Pradas ha sido especialmente beligerante con la instrucción que desarrolla la jueza de Catarroja, hasta el punto de haber presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por sus «juicios de valor lapidarios y conjeturas» o el «bloqueo sistemático de cualquier otra línea de investigación».. Más testigos. Entre las comparecencias previstas destaca la de Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos, que volverá a declarar el 17 de septiembre. Su testimonio puede ayudar a precisar las comunicaciones mantenidas durante las horas más críticas y la información disponible sobre la evolución de las inundaciones.. Ese mismo día está previsto que declare Rosa María Tourís, directora general de Prevención de Incendios Forestales. También está prevista, el 21 de septiembre, la declaración de un responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, especialmente relevante para determinar qué datos hidrológicos se conocían y cuándo fueron trasladados a los responsables de Emergencias.. El 23 de septiembre está citado Francisco Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, mientras que posteriormente declararán los alcaldes de Riba-roja de Túria y Pedralba, Roberto Raga y Andoni León.. Además, permanece pendiente de fecha la declaración como testigo de Vicente Martínez Mus, conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, cuya comparecencia puede ser especialmente relevante por los informes sobre incidencias que remitió al Consell durante el 29 de octubre. Bajo su responsabilidad estaba, por ejemplo, el tráfico de Metrovalencia.
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